La justicia por el colapso de la Línea 12 tendrá que esperar

El inicio del proceso judicial por el colapso de la Línea 12 del metro, donde 26 personas murieron en mayo pasado, tendrá que esperar otros dos meses.

Este 25 de octubre, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México no logró acusar formalmente a 10 personas físicas y morales por el colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, entre ellos, exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard.

A la audiencia inicial agendada para este lunes, no llegaron dos exfuncionarios: Enrique Horcasitas, exdirector general de Proyecto Metro, quien argumentó que tenía sospecha de Covid-19, y Moisés Guerrero Ponce, exdirector de construcción de obras civiles, a quien no se le notificó de la audiencia en el domicilio correcto.

Después de las quejas de defensores de los acusados y abogados de las víctimas por no poder poder tener acceso a la carpeta de investigación de forma virtual, el juez de control Édgar Jesús Campos Burgos decidió posponer la formulación de imputación y vinculación a proceso hasta el 3 de diciembre.

“Desafortunadamente no se llegó a formular la imputación, hubo un problema toda vez que la Fiscalía no ha proporcionado las copias físicas de la carpeta. Se nos dio acceso a un usuario en un sitio web, en una nube, pero es muy complicado descargar estos documentos”, informó Cristopher Estupiñan, asesor jurídico de 14 víctimas.

Desde hace dos semanas los asesores de las víctimas y Gabriel Regino, abogado de cinco de los exfuncionarios, entre ellos de Enrique Horcasitas, acusaron no tener acceso a la carpeta de investigación.

“Tanto la defensa como las asesorías jurídicas coincidimos en que no hemos tenido el suficiente tiempo para poder revisar todas las constancias y estar preparados, se difirió la audiencia para el 3 de diciembre”, declaró Estupiñan.

Teófilo Benítez, representante legal de otras nueve víctimas, acudió el 15 de octubre a la Fiscalía para que le fuera entregada la carpeta, sin embargo, dijo que las guías y manuales para descargarla no funcionaron, por lo que tuvo que solicitar apoyo de un técnico del organismo para solucionar las fallas.

De acuerdo con Estupiñan, otro de los temas que se abordaron durante la audiencia, fue la falta de registro en el expediente sobre el acuerdo reparatorio que el Gobierno de la CDMX firmó con Grupo Carso, empresa que construyó una parte de la obra civil de la línea.

“Hubo una queja general porque no obra en la carpeta los términos de ese convenio reparatorio y tampoco se nos ha instado a alguna de las víctimas la invitación a mecanismos alternativos para solucionar esta controversia”, dijo el asesor jurídico.

Estupiñan se quejó de la actitud de Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), quien presuntamente intentó convencer a algunas víctimas que cambiaran a sus abogados privados por abogados públicos.

“La Comisión lo que está buscando es captar a las mayores familias posibles, hacer a un lado a las asesorías jurídicas. Se vio en la audiencia, es algo notorio, para qué para resolver tras bambalinas, de la misma manera que hizo Carso con la CDMX, ahora pretende usar de escudo a la Comisión para resolver también esta situación nulificando nuestros derechos”, acusó Estupiñan.

Informó que en las próximas semanas pedirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y tramitarán un amparo para que se forme una Comisión de la Verdad en el Congreso de la Unión.

“No vamos a permitir tampoco una investigación (…) en la que solamente participe la Fiscalía y en la que se controle al final del día los costos políticos de los resultados. Haremos una solicitud a la Suprema Corte de Justicia para que ejerza su facultad de atracción de investigación, como lo hizo con la Guardería ABC”, informó el abogado.

Los dos meses de extensión servirán para que todas las personas que participan en este proceso judicial tengan las mismas oportunidades de defensa en las siguientes audiencias para comprobar la responsabilidad de los acusados o su inocencia por el desplome del tramo elevado, donde murieron 26 personas y 90 resultaron heridas el 3 de mayor de 2021.