Once de las víctimas del colapso de la trabe elevada de la Línea 12 lograron un acuerdo reparatorio con Grupo Carso, empresa que construyó la obra.
El abogado de las víctimas, Cristopher Estupiñán, informó que tras mes y medio de negociaciones con el representante legal de Grupo Carso, ambas partes llegaron a un acuerdo satisfactorio para reparar el daño a las familias.
A partir de peritajes psicológicos que realizó la doctora Verónica Belén Rodríguez, contratada por el despacho legal, el monto de la reparación del daño se modificó, pues en febrero, Carso ofreció pagar entre 400 mil pesos a 6 millones de pesos, lo que fue considerado insuficiente por los abogados privados de las víctimas.
El acuerdo reparatorio que se firmó recientemente, ya fue pagado, pero se desconoce sus términos, pues Estupiñán explicó que esa información es confidencial.
Sin embargo, el asesor jurídico aclaró que continuarán con el proceso en Estados Unidos contra las empresas ICA y Alstom, que también participaron en las obras de la Línea Dorada.
“ICA es el presidente del consorcio de la Línea 12. Debería estar dando la cara desde el principio y no haber aventado a otra empresa“, dijo Estupiñán, quien también señaló que la Fiscalía General de Justicia capitalina no ha abierto una línea de investigación contra la empresa.
“ICA está siendo protegida abiertamente por el gobierno”, aseguró el abogado.
De acuerdo con Miguel Ángel Alcalde Huerta, abogado del equipo legal de las víctimas, en febrero solicitaron una audiencia de control para presentar indicios de la supuesta responsabilidad de ICA.
Sin embargo, el juez Ignacio Aguilar Romero no les permitió desahogar el estudio técnico que realizaron y que le pidió al agente del Ministerio Público que abriera una carpeta de investigación contra los asesores de las víctimas por querer intervenir durante la audiencia.
También dejó claro que el juicio que se realiza en México contra exfuncionarios de Proyecto Metro, seguirá, el próximo 2 de mayo.
Los abogados de las víctimas iniciarán acciones de responsabilidad patrimonial en la Contraloría de la CDMX contra la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo, ya que estas son las dependencias que tienen una responsabilidad permanente, de acuerdo con la Ley de General de Responsabilidades Administrativas.
Miguel Ángel Alcalde Huerta informó que esta semana presentarán las primeras denuncias y en ellas se pedirán 110 millones de pesos por persona como indemnización por los daños causados por las omisiones de las autoridades cometidas desde el inicio de las obras de la Línea 12, hasta el mantenimiento que se le dio posteriormente.
Este 3 de mayo se cumple un año del colapso de la trabe elevada, que ocasionó la muerte de 26 personas y más de 90 heridos.
Siete personas fueron detenidas.
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