Cien mil seres humanos desaparecidos en México han esperado por años a que exista una normativa específica, que las fiscalías la conozcan, la implementen y respeten los derechos de las víctimas.
Desear que CFE o las empresas privadas sean de una forma u otra –eficientes, bien intencionadas, etcétera– no quiere decir que así sean en la realidad.
