Las subastas de largo plazo de energía ocasionaron que un aluvión de megaproyectos de energías limpias arribaran a Yucatán. En la primera subasta, del 2015, la mitad de los proyectos ganadores fueron asignados al estado. Aunque parecía un avance para evitar el uso de combustibles fósiles, lo cierto es que algunas empresas violaron los derechos de las poblaciones mayas en las que pretendían establecer parques solares o eólicos. Pueblos mayas se organizaron contra algunas compañías, y aunque las subastas se cancelaron en el 2018, las comunidades siguen en tensión, esperando acceder a la justicia.
