No se puede ahorrar en derechos humanos: Tania Reneaum

A pesar del confinamiento por la pandemia de Covid-19, la crisis de derechos humanos en México continuó. 3,752 mujeres fueron asesinadas, se elevó a 260,067 el número de llamadas al 911 para denunciar violencia de género y 24 personas activistas fueron víctimas de homicidio durante 2020. Así el panorama en el país, de acuerdo al informe anual de Amnistía Internacional.

El documento resalta dos acciones del gobierno federal: el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para desplegar a la Guardia Nacional en las calles con el fin combatir al crimen, así como las medias de austeridad: la desaparición del fideicomiso que financiaba al mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, al igual que la reducción del 75% del presupuesto operativo del Instituto Nacional de las Mujeres.

A casi dos años y medio de que inició formalmente la Cuarta Transformación, como le llama el Ejecutivo a su mandato, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum, señala los retos, aciertos y pendientes que tiene el actual gobierno en materia de derechos humanos.

¿Cuál es el mayor pendiente?

“Tomar muy en serio las violencias contra las mujeres como un deber del Estado de prevenirlas y erradicarlas. A casi tres años del inicio del presidente López Obrador aún no tenemos el Plan Nacional para Erradicar y Prevenir las Violencias contra las Mujeres. Lo habíamos visto en otras administraciones, a los pocos meses inmediatamente había uno. Hoy no tenemos una política de Estado que nos diga los pasos a seguir, el presupuesto designado para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres.

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“Vemos con mucha preocupación la falta de acceso a la justicia a las mujeres. Me estoy refiriendo a las fiscalías de los estados. Las investigaciones nos han mostrado que las fiscalías no son capaces de crear investigaciones robustas y serias que puedan darle a las familias verdad, justicia y reparación.

“Vemos con mucha preocupación cómo la policía, en el ámbito local también, tiene a detener a las mujeres y ejercer actos de violencia en contra de ellas. Esto lo vimos muy claramente en 2020 en las protestas de mujeres. Vimos como las detenciones se traducían en amedrentamientos, en amenazas de desaparición, en amenas de violación”.

¿Cuál ha sido el mayor avance?

Uno es la ratificación del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es el tratado regional que mandata que en casos de obra pública, de un megaproyecto, se tienen que hacer consulta a las comunidades afectadas.

También vimos una actuación muy oportuna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se pronunció y desestimó una orden que pretendía cambiar la legislación que criminalizaba el aborto en Veracruz.

Otra buena noticia, y que esperamos que sea sostenible en el tiempo, es que no vimos graves violaciones de derechos humanos por parte del ejército. No vimos un Tlatlaya, un Ayotzipana. Esperemos que sea una tendencia sostenida. Es indispensable que las fuerzas armadas, ahora que hacen tareas de seguridad pública, no estén señaladas por graves violaciones a los derechos humanos”.

¿La estrategia de la 4T es diferente a la de otras administraciones?

“Es diferente desde el punto de vista narrativo. Cuando el presidente López Obrador inició su mandato reconoció la grave crisis de derechos humanos. El reconocimiento del Ejecutivo federal fue novedoso porque en otras administraciones no se había reconocido que el Estado era el perpetrador de violaciones a los derechos humanos.

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“Después vemos con preocupación la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vemos una CNDH muy desdibujada en el panorama. Vimos como el presidente ha utilizado las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública. Hemos insistido desde distintos espacios que las fuerzas armadas tienen que estar contenidas a la seguridad nacional y no a la pública porque no tiene este entrenamiento

“Narrativamente es distinta. Hemos visto unos cambios, pero en lo práctico hay cosas que son similares, aunque no hemos visto las graves violaciones a derechos humanos que habíamos visto en otros sexenios”.

¿Se puede ahorrar en derechos humanos?

“No, no se puede ahorrar en derechos humanos. No sólo contemplan la integridad, la falta de tortura, la no pena de muerte también contemplan el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, al medio ambiente. La única manera de concebir un Estado que tiene una política de derechos humanos es haciendo un trabajo entre todas las secretarías de Estado. Un trabajo que sea transversal en la vida de las personas. Si se entiende así, de ninguna manera se puede ahorrar. 

“Es hacer política pública alrededor de los derechos humanos, del respeto a la vida, a la libertad, al sano desarrollo de la personalidad en el caso de las niñas y niños”.