Más de 1 millón de personas en México viven sin luz y no hay un plan para ayudarlos, advierten expertos

En México hay 1.2 millones de mexicanos sin energía eléctrica y el gobierno federal no tiene un plan para brindarles ese servicio, ni siquiera en la Reforma Eléctrica que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron investigadores al presentar el informe Vivir a oscuras: la pobreza energética en México.

Las y los investigadores advirtieron que, si bien la cantidad de gente que no tiene acceso a electricidad es poca, privar de este servicio a las personas puede perjudicar su vida en otros ámbitos, por ejemplo, la educación por no tener acceso a internet o la salud por tener que utilizar leña para cocina e iluminar su casa.

“La energía tal vez no es un derecho humano en sí, pero es esencial como una herramienta habilitante de derechos humanos. Sin energía no podemos ejercerlos. Si no convencemos a los tomadores de decisiones que no hay derechos humanos sin confort técnico, sin educación a distancia, sin telecomunicaciones, sin refrigeración y sin luz eléctrica, este país no va a ningún lado”, indicó Miriam Grunstein, investigadora de México Evalúa, la organización que elaboró el informe Vivir a oscuras.

Grunstein no solo conoce el tema por sus estudios, sino que compartió que ella es originaria de Villa del Carbón, una población en el Estado de México, donde la energía eléctrica ha llegado a fallar hasta 36 horas seguidas. “Los que a veces estamos en una situación de vivir a oscuras nos sentimos invisibles y nos sentimos inexistentes”, dijo la especialista.

En su informe la organización México Evalúa expone varias consecuencias de la falta de luz en los hogares: las mujeres deben utilizar carbón y leña para sus quehaceres domésticos y eso las expone a desarrollar enfermedades respiratorias. Los jóvenes también corren el riesgo de no poder continuar con sus clases a distancia en esta pandemia de Covid-19 y eso abre la posibilidad de que en el futuro tengan un trabajo precario.

“El valor de la energía no es tener solamente el acceso a la electricidad, que es el indicador común, el valor que realmente tiene la energía es poder aprovechar los servicios que brinda”, expresó durante la presentación del informe Rigoberto García-Ochoa, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

García-Ochoa desarrolló el Índice Multidimensional de Pobreza Energética adaptado al contexto de México (MEPI, por sus siglas en inglés) y en 2016, calculó que el 36.7% de los hogares registrados por el Inegi presenta pobreza energética.

El informe señala como contexto que según cifras de Inegi, que eran 2 millones de mexicanos los que no tuvieron acceso a energía en 2018 debido a que habitan en zonas rurales remotas sin infraestructura, o en zonas urbanas marginadas donde los hogares no pueden pagar el gasto de electricidad. Esta cifra se redujo a 1.2 millones en 2020.

Además, en México 4.8 millones de hogares consumen leña o carbón para calentar agua y alimentos, lo que tiene un impacto en la salud de unas 13.5 millones de personas. De estos hogares sólo una cuarta parte cuenta con ducto o chimenea,

Los expertos presentes en el panel de discusión incluso lamentaron que en la Reforma Eléctrica que actualmente se discute en la Cámara de Diputados no se incluye ningún apartado sobre pobreza energética y cómo solucionarla.

“La reforma no incluye el tema de pobreza energética, la reforma más bien tiene un fin de discutir (el papel) del Estado y la propiedad privada. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un plan para alcanzar lo que era el objetivo 7.1 de la Agenda 2030 de México, es decir, el acceso universal a la electricidad, pero el año pasado eliminaron ese objetivo”, mencionó García-Ochoa.

Derivado de su estudio, el equipo de México Evalúa ha lanzado varias recomendaciones al Estado mexicano para garantizar el acceso a la electricidad al 100% de la población mexicana.

México Evalúa recomendó a las autoridades informar a la población sobre qué es la pobreza energética y sus consecuencias; reconocer este problema en la Constitución y en leyes secundarias; crear sistemas descentralizados de generación eléctrica; promover la inversión privada en esos sistemas descentralizados; remediar la pobreza energética con un plan que tenga enfoque de género, entre otros temas.