Caso Ayotzinapa: GIEI revela video clasificado de la Marina sobre el basurero de Cocula

En su tercer informe sobre el Caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer un video clasificado como secreto por más de siete años de la Secretaría de Marina, donde se documenta la manipulación de la escena del basurero de Cocula horas antes de las diligencias ministeriales en las que supuestamente fueron hallados restos óseos.

En noviembre pasado, el GIEI tuvo acceso por primera vez a 100 horas de videos filmados, de los cuales dieron a conocer los fragmentos de poco más de dos horas este lunes. El resto de la información fue reservada para continuar con las investigaciones, dijo la experta Ángela Buitrago.

El video grabado por un dron de la Marina en la administración de Enrique Peña Nieto solo pudo haber sido grabado por orden del titular de la Semar en ese entonces o del propio presidente, dijeron los expertos. El documento no había sido mostrado a los familiares de los 43 normalistas, no fue incluido en la carpeta de investigación y tampoco fue entregado a los integrantes del GIEI hasta ahora, por instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el actual titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán.

En los videos filmados desde las 6:39 horas del 27 de octubre de 2014, se observa que dos camionetas de la Secretaría de Marina (Semar) llegaron al acceso del basurero de Cocula, una tercera camioneta llega minutos más tarde. Las personas abordo de las dos primeras camionetas recorrieron el basurero y encendieron dos fogatas.

Por lo menos 12 personas, presuntamente elementos de la Marina, manipularon bultos blancos que fueron colocados en el basurero de Cocula —no se sabe qué contenían esos bultos— y deambularon por la zona en la que la PGR había dicho que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados.

En la escena que los tres bultos blancos desaparecen del video una hora más tarde, después de que el humo de las fogatas se esparce.

Los supuestos elementos de la Marina intervinieron en el lugar hasta las 08:31 horas, momento en el que el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, llegó al lugar en un convoy de seis vehículos.

El GIEI no identificó cuáles fueron las actividades que el extitular de la PGR realizó, pero su presencia es relevante porque hasta ahora se creía que Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), era el funcionario de más alto rango que participó en la alteración del basurero de Cocula, donde según la versión de la “verdad histórica“.

Luego de la llegada de Murillo Karam al basurero de Cocula, un helicóptero intentó aterrizar en el lugar y con el viento que generó volaron varios objetos a su alrededor, y a las 11:02 horas un grupo de peritos de la PGR ingresó al lugar para manipular los objetos que se encontraban alrededor.

El dron de la Marina sobrevoló la zona durante todo este tiempo y también grabó cómo a las 12:00 horas llegó al lugar de los hechos el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), casi cuatro horas después de que la Marina estuvo en el lugar, a pesar de que ese grupo de expertos debía estar presente para tratar de encontrar restos.

Las actividades de los peritos de la PGR se extendieron hasta las 17:30 horas, la cual no había sido reportada a los familiares de los 43 normalistas anteriormente, por lo que fue cuestionada por los integrantes del GIEI.

“Se modificó la escena y cuando hablamos de modificación, en términos criminalísticos, entiendan que cualquier cambio o transformación o modificación de las escenas son elementos que alteran la escena“, expresó Ángela Buitrago.

La simulación para construir la verdad histórica

En el informe detallan que la llamada “verdad histórica” fue una simulación en la que participaron autoridades municipales, estatales y federales, que construyeron denuncias falsas, hubo detenciones arbitrarias, declaraciones obtenidas bajo actos de tortura y se fabricaron actas ministeriales y otros documentos oficiales. En esta ocasión el grupo de expertos dio detalles pormenorizados sobre cómo las instituciones federales de seguridad participaron en el encubrimiento del delito, incluida la Marina que hasta ahora no había aparecido como un actor relevante en el caso.

Ángela Buitrago explicó en conferencia de prensa que hay indicios para pensar que funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Semar, la extinta PGR, la Policía Federal y el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) participaron en un acto de simulación en la desaparición de los 43 normalistas para que el caso permaneciera impune.

“La simulación tiene tres momentos dentro de este recorrido histórico: simulación en la ocurrencia de la desaparición de los 43, simulación en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre de 2014 y en el momento en el que se inicia la investigación por la PGR”, expresó Buitrago ante madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Espionaje de los militares a los normalistas

La simulación denunciada por el GIEI incluyó también el actuar de las autoridades durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, confirmó que el Ejército infiltró a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y tenía conocimiento de lo que hacían, por lo menos desde dos días antes de su desaparición, por lo que conocía todos los movimientos de los alumnos.

El 27 Batallón de Infantería de Iguala se infiltró en el movimiento estudiantil a través de dos estudiantes, uno de ellos forma parte de los 43 desaparecidos. Paz y Paz calificó esta acción como “contra insurgente” de parte de la Sedena, que el día de los hechos recibió reportes de lo que estaba pasando en Iguala y aún así no actuó para proteger a los alumnos agredidos por el crimen organizado.

“Hubo dos operaciones de inteligencia, de seguimiento, que estaban en funcionamiento los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Un seguimiento que vamos a llamar histórico, casi contra insurgente, un seguimiento a las actividades de la escuela, a las actividades de los estudiantes. Hay una orden expresa de dar seguimiento a los movimientos de los estudiantes, es decir, que las autoridades contaban con información minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo”, criticó Paz y Paz.

Los militares también estaban a cargo del Centro Regional de Inteligencia y la Coordinación Guerrero Seguro. Desde estas instituciones el 27 Batallón de Infantería recibía información, pero las labores de espionaje se suspendieron al momento de la desaparición de los jóvenes.

El espionaje realizado por la Sedena se canceló “a pesar de que se contaba con una intercepción de comunicaciones que podría haber guiado la búsqueda de los estudiantes desde el mismo 26 de septiembre de 2014”, señala el informe escrito que fue presentado ayer por el GIEI.

Desde hace dos años el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se habían librado órdenes de aprehensión contra militares que se coludieron con criminales en el caso Ayotzinapa, pero hasta ahora no se tiene ninguna sentencia.

De igual forma los integrantes del GIEI cuestionaron que han encontrado resistencias de la Sedena para entregar toda la información que se le solicita, e incluso los expertos independientes encontraron un documento oficial donde, en el sexenio anterior, el Ejército hacía un llamado a desprestigiar la labor de los especialistas.

Detenciones y tortura en caso Ayotzinapa

Aunado a los actos de simulación en los que incurrieron elementos de la Sedena y la Semar, el GIEI reiteró su cuestionamiento por los actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidas por la PGR y la Policía Federal, Ministerios Públicos, agentes de la Sedena y de la AIC.

Por ejemplo, entre el 26 y 27 de octubre, fecha en que la Marina y la PGR alteraron el basurero de Cocula, también se llevaron seis privaciones de la libertad. La de Benito Vásquez Martínez, Salvador Reza Jacobo, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes y Agustín García Reyes. Todos ellos fueron presentados por la PGR como piezas clave del asesinato e incineración de los normalistas en el basurero de Cocula.

Sin embargo, la captura de estas personas se dio sin que se hubieran librado órdenes de aprehensión y el GIEI no identificó documentos en los que la PGR explicara su participación en la desaparición de los 43 normalistas. La extinta Procuraduría también alegó que realizó las seis detenciones en flagrancia de un delito, pero no hay elementos para corroborar esto.

“Del análisis de las seis privaciones de libertad antes descritas, en ninguna de ellas se contaba con una base jurídica suficiente para justificar la detención”, señaló el informe escrito del GIEI. “Todos los detenidos sufrieron distintas formas de maltrato constitutivas de tortura durante la detención, los traslados y los interrogatorios”.

De las seis personas detenidas, cuatro supuestamente eran integrantes del grupo Guerreros Unidos, explicó en una conferencia de prensa el 27 de octubre el exprocurador Murillo Karam.

Además de las irregularidades en las detenciones, los expertos del GIEI acusaron que las instituciones federales de seguridad alteraron bitácoras de sus operativos, simularon fechas de detenciones de presuntos criminales, mintieron en los lugares donde se realizaron las capturas, destruyeron evidencias y torturaron personas para sostener la “verdad histórica”.

Además, la misma llamada de la denuncia anónima que supuestamente indicó los nombres de los presuntos involucrados y que hacía referencia al basurero de Cocula nunca existió.

Sin indicaciones de vida de los 43

El Grupo Internacional de Expertos Independientes reveló que no hay noticias que den señales de que los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 se encuentren con vida.

“Sin duda que es una noticia dura, pero no hemos tenido ninguna noticia que nos dé indicaciones de vida de los 43 estudiantes“, dijo el experto Francisco Cox.

Cada una de las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) y del GIEI “dan cuenta de lugares de fosas y no de lugares en vida“.

Ángela María Buitrago dijo más adelante que “que ya algunos de los estudiantes han aparecido sin vida. Y sobre esa base, tenemos que ser también coherentes con las realidades que nos muestra la investigación. Sobre esa base, nosotros siempre hemos sido categóricos con ellos”.

La presentación del informe se llevó a cabo este lunes en la Secretaría de Gobernación y ante algunas de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes darán su posición sobre el informe este martes en la sede del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez.