Las comisiones de búsqueda trabajan sin dinero, piden prestado hasta para la gasolina

Las comisiones estatales dedicadas a buscar personas desaparecidas trabajan sin suficientes recursos económicos e incluso se ven en la necesidad de pedir dinero prestado para realizar sus labores. Así lo dio a conocer el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED, por sus siglas en inglés) en un informe que presentó sobre México el pasado 12 de abril.

Sin mencionar en qué estados ocurre esto, el Comité CED detalló que los funcionarios públicos que trabajan en algunas comisiones locales de búsqueda tienen que poner dinero de su propia bolsa para realizar sus actividades. También deben pedir dinero prestado a los familiares de víctimas para comprar insumos básicos como gasolina para los vehículos.

La escasez de recursos económicos se traduce en que las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas deben suspender algunas actividades. O cuando salen a carretera, los funcionarios prefieren tomar caminos más largos y peligrosos que son más económicos porque no deben pagar casetas.

“El Comité lamenta que, pese a los esfuerzos de Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales carecen frecuentemente de los recursos necesarios para su funcionamiento”, señaló el grupo especial de la ONU en su informe.

La falta de recursos económicos para las comisiones de búsqueda contrasta con el tamaño del problema de las desapariciones en México. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente hay 99 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país.

Jalisco, con 14 mil 922 casos, lidera la lista de estados con un mayor problema. Le siguen Tamaulipas con 11 mil 923 víctimas; el Estado de México con 10 mil 827; Nuevo León con 6 mil 187, y Veracruz con 5 mil 526.

El organismo especializado de las Naciones Unidas conoció la situación de las comisiones de búsqueda luego de que cuatro de sus expertos visitaron México entre el 15 y 26 de noviembre del 2021. Los expertos acudieron a 13 estados, donde platicaron con familiares de víctimas y servidores públicos municipales, estatales y federales.

El Comité CED detectó que la Comisión Nacional de Búsqueda destinó el 12% de su presupuesto a gastos de operación en el 2021, cuando en el 2020 había utilizado el 29% para ese mismo rubro.

Pero las limitaciones en su presupuesto no son el único obstáculo para las comisiones, ya que estas instituciones también enfrentan desafíos administrativos. El Comité CED señaló, por ejemplo, que la Comisión de Búsqueda en Veracruz limita las salidas a campo de sus funcionarios, por lo que no siempre están disponibles para los familiares de víctimas.

En cuanto a la contratación de personal, la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas estatales ofrecen contratos temporales, lo cual deja a sus empleados en una situación de precariedad laboral.

“El conjunto de estos elementos limita las posibilidades de atender al seguimiento efectivo y personalizado de los procesos de búsqueda e investigación y requiere la adopción de medidas urgentes”, indicó el informe del Comité CED.

Las observaciones del organismo internacional chocan con la versión del gobierno federal respecto a que hay presupuesto ilimitado para buscar personas desaparecidas en México. “No hay ninguna limitación económica”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema el pasado 15 de marzo de 2022. “Para estas necesidades, estas demandas tan justas y humanas no hay límite en cuanto a presupuesto”.

Falta de coordinación para buscar personas desaparecidas

Para atender este delito, el Congreso de la Unión, a través de la Ley General en Materia de Desaparición, creó el Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, a más de cuatro años de su implementación sigue teniendo problemas para coordinar a todas las autoridades que están involucradas.

El Comité CED hizo énfasis en la falta de comunicación entre las comisiones de búsqueda, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

“El modelo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se encuentra debilitado por serias dificultades de coordinación entre las instituciones involucradas en los procesos de búsqueda e investigación”, indicó el organismo internacional.

Un ejemplo de ello, expresó el comité, es el “conflicto institucional entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República. Esta última, argumentando que es autónoma del gobierno, se ha negado a colaborar en las tareas de investigación con los familiares de víctima y la comisión presidida por Karla Quintana Osuna.

“Una comprensión desvirtuada de la autonomía de la fiscalía, como una suerte de discrecionalidad, se ha traducido en la inobservancia de las competencias compartidas y en una resistencia hacia la implementación de mecanismos efectivos de comunicación, colaboración e intercambio de información”, indicó el Comité CED.

El Comité CED se mostró preocupado por esta falta de coordinación en la tarea de buscar personas desaparecidas, ya que las comisiones no pueden realizar allanamientos y geolocalizaciones, levantar restos y establecer cadenas de custodia. “En suma, (las comisiones) dependen plenamente de la respuesta de las Fiscalías para cumplir con algunas de sus funciones”, señaló.