El crimen organizado y los funcionarios corruptos son los responsables de las desapariciones en México, dice la ONU
Carteles con los retratos de personas desaparecidas cubren una pared en Guadalajara, Jalisco. Foto: Francisco Guasco/EPA

Funcionarios estatales corruptos y facciones del crimen organizado son los culpables del creciente número de desapariciones forzadas de México, entre cuyas víctimas cada vez figuran más niños, algunos de tan solo 12 años, según indica una nueva investigación de la ONU.

Poco más de 95 mil personas fueron registradas como desaparecidas a finales de noviembre de 2021. De ellas, se añadieron 40 mil en los últimos cinco años, según el nuevo informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

El crimen organizado se ha convertido en un autor central de las desapariciones en México, con diversos grados de participación, consentimiento u omisión por parte de los servidores públicos”, señaló la delegación de la ONU. Durante su visita de 11 días el pasado mes de noviembre, se añadieron al registro 112 desapariciones.

La impunidad sigue siendo lo habitual, y está impulsando el creciente número de desapariciones y encubrimientos. Solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones han derivado en procesos judiciales, y solo se han dictado 36 sentencias a nivel nacional.

En el caso más notorio de desapariciones forzadas en México en los últimos años, investigadores independientes recientemente descubrieron que las fuerzas armadas tenían conocimiento de que los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero en 2014 fueron secuestrados por delincuentes, y posteriormente ocultaron la evidencia que podría haber ayudado a localizarlos. Todavía no se ha sentenciado a nadie, y hasta se impidió a los investigadores entrevistar a los militares.

La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y provoca amenazas y angustia a las víctimas, a las personas que defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a los desaparecidos e investigan sus casos, y a la sociedad en general”, dijo el comité de la ONU el martes.

Aunque los hombres de entre 15 y 40 años siguen siendo las víctimas más frecuentes, las cifras del registro nacional muestran un aumento significativo de las desapariciones de niños y niñas, así como de adolescentes y mujeres. Esta situación se ha agravado desde el inicio de la pandemia del coronavirus, y es muy probable que las víctimas sean objeto de trata con fines de explotación sexual u otros fines delictivos, una tendencia también registrada en la vecina Guatemala.

Los grupos de la sociedad civil y los reporteros que intentan exponer las irregularidades también son objetivos. De los 30 o más periodistas desaparecidos entre 2003 y 2021, ninguno ha sido localizado. Algunos defensores de los derechos humanos fueron desaparecidos por su participación en las labores de búsqueda y lucha contra las desapariciones.

Los delegados de la ONU visitaron 13 estados y escucharon denuncias de desapariciones que ocurrieron en prisiones y centros de migración. En algunos casos, los migrantes fueron detenidos de forma ilegal en lugares secretos y sus celulares fueron sustraídos por los perpetradores, que posteriormente exigieron dinero a las familias, en ocasiones con el apoyo o el consentimiento de funcionarios públicos.

El informe también destaca la crisis forense a la que se enfrenta el país. Según las cifras oficiales, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de almacenamiento forense.

El plan nacional de búsqueda carece de recursos y de coordinación, lo cual da lugar a búsquedas e investigaciones inadecuadas.
“Con el fin de que la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto en México, la prevención debe estar en el centro de la política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el comité.