Transfobia en los penales de México: de la detención arbitraria a la violencia y el aislamiento

Charly Hernández estaba en un taxi en Villahermosa, Tabasco, en agosto de 2011, cuando elementos de la Marina Armada de México le detuvieron de forma arbitraria. Durante su traslado fue golpeado, amenazado y torturado sexualmente, en ese momento se le acusó de varios delitos federales, como delincuencia organizada, acopio de armas y delitos contra la salud.

Ese mismo día, Denis Blanco y Korina Utrera, fueron detenidas en un departamento que compartían en Villahermosa.

Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, expuso en entrevista que la aprehensión de Charly, Denis y Korina estuvo plagada de irregularidades, desde la violencia física, psicológica y sexual de la que fueron objeto, hasta su presentación 36 horas después ante la delegación de la entonces Procuraduría General de la República.

Charly estuvo en centros de internamiento en los estados de Baja California, Nayarit y Morelos. En este último hizo su transición de mujer a hombre, pero esto le llevó a ser objeto de discriminación por su identidad de género, relata Zamora.

Fue objeto de burlas y comentarios discriminatorios y, a pesar de ello ello, decidió no hacer su petición para ser trasladado a un centro varonil, debido a que consideraba que estaba más seguro en un centro femenil.

La población trans privada de la libertad en México

En México hay 457 personas trans privadas de su libertad, de las cuales el 66% son mujeres trans y 34% son hombres trans, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

El único ejercicio que existe con datos sobre población trans desagregados por entidad federativa es la ENPOL, el cual refleja que hay 302 mujeres trans y 155 hombres trans en privación de su libertad. Las entidades federativas con más población trans penitenciaria son: Ciudad de México (56 personas), Estado de México (54 personas), Morelos (41 personas), Jalisco (22 personas), Baja California y Veracruz (18 personas).

Detenciones violentas y arbitrarias

Como le ocurrió a Charly, otros hombres trans privados de su libertad en penales femeniles argumentan que su detención fue totalmente arbitraria.

El 21.3% de las personas trans encuestadas señala que fueron detenidas de forma arbitraria simplemente por ocupar el espacio público o por caminar en las calles o por ejercer el trabajo sexual, según el informe “La situación de acceso a derechos de las personas trans en México: Problemáticas y propuestas”, elaborado por Embajada de Estados Unidos en México en 2019.

“La persecución por parte de la policía obedece a la criminalización de las personas trans, basada en que su presencia en el espacio público es una falta a la moral”, señala el informe.

Cuatro hombres trans privados de su libertad en el penal femenil más grande del país, Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, que participaron en la encuesta   dijeron que su detención fue irregular y, en tres de esos casos, refirieron que hubo insultos, burlas, golpes y maltratos físicos.

En cuanto a las condiciones de su internamiento, tres de ellos apuntaron que fueron objeto de violencia a su ingreso en el centro, con golpes, malos tratos, violencia verbal y rechazo por parte otras internas, personal de salud, guardias y custodias.

Daniela Esmeralda Vázquez Ixaha. vicepresidenta de la organización Almas Cautivas, explicó que es usual que a las personas trans se les interne de acuerdo con su genitalidad y no con su identidad de género, de allí que la mayoría de los hombres trans estén en los centros femeniles o en las celdas de mujeres.

Uno de los encuestados comentó: “los centros varoniles pueden propiciar más violencia que un centro femenil y más ataques sexuales […] (para) una persona trans como yo, que todavía no tiene sus genitales masculinos y soy un hombre trans, mi integridad estaría en riesgo en un centro varonil”.

El estudio Personas LGBTI+ privadas de la libertad: Informe desde el contexto de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, en el que participó Almas Cautivas, documenta las arbitrariedades y abusos con un fondo de  homofobia y transfobia en contra de las personas de la diversidad sexual privadas de su libertad en los cuatro países.

La invisibilización de las personas trans

Para Adriana Ortega, coordinadora del Área de Datos de la organización feminista Intersecta, el primer problema es que no existe información oficial sobre cuántas personas trans hay en México. Aunque hay varios estudios sobre población, como los Censos de población y la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), en ella no se incluyen variables respecto a la identidad de género.

“Estos jóvenes que todavía viven con sus papás se sienten presionados si contestan esas preguntas, pero ni siquiera hay un primer acercamiento de cuántas personas trans hay”, dijo en entrevista.

Ortega comentó que en el sistema penitenciarion hay estados donde “todo es mucho peor porque no existe una sensibilización hacia esta población (trans)”.

Explicó que en los penales varoniles existen áreas especiales para mujeres trans o personas de la diversidad sexual, lo que representa más discriminación, pero es la única acción que llevan a cabo para ofrecer más seguridad.

La falta de tratamientos hormonales

La falta de acceso a tratamientos hormonales es también un problema que enfrenta la población que ha decidido transicionar. La CNDH advierte que todos los hombres trans privados de su libertad en centros femeniles no tienen acceso a tratamientos hormonales.

De los hombres trans encuestados por Almas Cautivas sólo uno dijo estar recibiendo su tratamiento hormonal por parte de una institución de salud y otro indicó que sí quiere recibir el tratamiento, pero no se lo permiten.

Además de la violencia, el aislamiento y la falta de un tratamiento hormonal, las personas trans privadas de su libertad también tienen dificultades para hacer su cambio de identidad legal ante el registro civil, a pesar de que en lugares como la Ciudad de México y otras entidades federativas ya se reconoce este derecho.

“En los centros penitenciarios no se permite que las personas (trans) puedan cambiar sus documentos, sólo tenemos conocimiento de una persona en la penitenciaría de la Ciudad de México […] varonil que logró modificar sus documentos”, dijo la vicepresidenta de Almas Cautivas.

Retos del sistema penitenciario

Para Daniela Vázquez el tema de las personas trans privadas de su libertad es un nuevo reto para el sistema penitenciario, no sólo por cómo internaría a las personas que logren el reconocimiento legal de su identidad, sino también porque hay personas trans no binarias.

“Si las personas trans binarias están significando todo un desafío a este sistema penitenciario que está basado en esta binariedad sexo genérica, mucho más cuando llegue una persona que no se asume ni como hombre ni como mujer”, dijo la activista.

Adriana Ortega señaló que se podría empezar escuchando las demandas de la población trans y las necesidades que tienen día a día. Otro instrumento importante, dijo es tener datos desagregados por identidad de género, para saber exactamente cuáles son sus condiciones.

En ese sentido, Juan Corona, especialista en diversidad sexual de la Universidad Iberoamericana de Puebla, sostuvo que un primer paso sería que los centros de internamiento estatales y federales cuenten con información de la orientación sexual e identidad de género de las personas internas, para a partir de allí pensar en cuáles serían las condiciones ideales de internamientos y agregó que las comisiones de derechos humanos, estatales y nacional, también deberían poner información sobre las personas trans en sus informes.

Erradicar la transfobia de las corporaciones

Corona agregó que se debería trabajar, a la par, en los pasos previos al internamiento, como son la transfobia de las propias corporaciones, agentes del Ministerio Público y también en el Poder judicial.

Desde 2017 hay Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia en casos que involucren la Orientación sexual y la Identidad de Género, pero falta llevarlo a la práctica.

Juzgar con perspectiva de género

Las violaciones de derechos humanos en contra de Charly y sus compañeras dan cuenta de que su proceso no fue juzgado con perspectiva de género.

Ocho años después de su detención, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación No. 18VG/2019, acreditó actos de tortura sexual en contra de Charly, Denis y Korina, así como también un trato discriminatorio.

Lograron recuperar su libertad en noviembre 2016, después de que un juez federal dictó sentencia absolutoria, pero la privación de la libertad por cinco años y la tortura sexual que vivieron han afectado la salud física y mental de Charly.

“El sistema jurisdiccional tendría que estar juzgando con una perspectiva de género, con un enfoque de diversidad sexual […] cuando se dicta la sentencia y luego se hace la individualización, desde ahí se tendría que advertir al centro penitenciario […] que es una persona trans y que necesita que su derecho a libre desarrollo de la personalidad les sea garantizado”, dijo Corona.

Melissa Zamora comentó que es importante poner atención en las medidas de reinserción, porque las personas trans una vez que recuperan su libertad, como Charly, podrían tener problemas para encontrar trabajo por un doble estigma: su identidad de género y su estancia en reclusión.