El IDPF tomó la defensa de 463 presas de Santa Martha Acatitla y 900 más solicitan que defensores públicos revisen sus casos.
La Defensoría Pública atiende 100 de los 200 casos que Arturo Zaldívar identificó como prioritarios de presas en Santa Martha Acatitla.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, informó que el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF) ha entrevistado a 932 mujeres presas en Santa Martha Acatitla y asumió la representación legal de 463 casos, 300 más de los que tenían previsto tomar.
“Esto se ha ido incrementando porque a raíz de la confianza que hemos ido ganando en las mujeres recluidas en Santa Martha, cada vez nos están llegando más comunicaciones de mujeres que quieren ser defendidas”, dijo Zaldívar en conferencia de prensa y aseguró que su visita al penal, el 11 de mayo pasado, “no fue para la foto”.
El ministro presidente también anunció que de mayo de 2021 a mayo de 2022, el IDPF logró que se cambiara la prisión preventiva a otra medida cautelar de mil 291 personas privadas de su libertad.
Arturo Zaldívar explicó que a partir de la resolución de la Primera Sala de la SCJN, que declaró inválida la prisión preventiva por más de dos años, se han promovido 238 incidentes para cambio de medida cautelar, de las cuales 24 se han resuelto de forma favorable.
A partir de esto, el IDPF colabora con la Defensoría Pública de la Ciudad de México para que se revisen los casos en reclusorios locales con más de dos años en prisión preventiva oficiosa y justificada.
Estas acciones forman parte de una serie de medidas que Zaldívar anunció tras su visita al penal de Santa Martha Acatitla, en materia de prisión preventiva y defensa legal, y como parte de éstas, informó que el Consejo de la Judicatura Federal firmó un acuerdo para que los juicios de amparo contra prisión preventiva justificada se concentren en un sólo tribunal.
Por último, explicó que el próximo 4 de julio el Poder Judicial de la Federación firmará un convenio con el estado de Oaxaca para que la Defensoría Pública Federal intervenga en asuntos del fuero común, como lo hace actualmente en la capital.
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