‘Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar ’, familias de Ayotzinapa

Los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, jóvenes desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, acusaron que las autoridades responsables de impartir justicia han sucumbido ante el poder militar y que el gobierno federal juega con ellos.

Las familias lamentaron que, pese a las promesas de que este crimen se iba a resolver, aún no se conoce el paradero de los jóvenes y tampoco hay sentencias condenatorias contra los responsables de estos hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero.

Los elementos del Ejército “no quieren rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables, se creen fuera del imperio de la ley, jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar cancelando 16 órdenes de aprehensión que existen en su contra”, criticó Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 normalistas.

Lejos de que la investigación avance, cuestionaron las familias de los normalistas, el caso tuvo un retroceso esta semana, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez que se cancelaran 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del delito, 16 de ellos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La cancelación de las órdenes de aprehensión, informada por la revista Proceso y el periódico El País, no solo tomó por sorpresa a los familiares de los normalistas, también a sus abogados, quienes ven complicado que en el caso Ayotzinapa haya verdad y justicia.

En una entrevista concedida a La-Lista, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas, cuestionó que “en estos momentos nos encontramos en una etapa difícil, hay señales de regresión, hay señales que nos indican que difícilmente vamos a tener verdad y justicia. Decimos esto porque primero se presenta un informe con avances y pruebas, un informe que avizora la posibilidad de un esclarecimiento, se anuncian órdenes de aprehensión, detenciones de militares y después hay un desistimiento, un cancelamiento de órdenes de aprehensión y ahí nosotros ya vemos una situación difícil y complicada”.

Ayer lunes 26 de septiembre, en el octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes, las familias de los jóvenes volvieron a marchar para exigir justicia. Los padres y las madres caminaron desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México acompañados por otros familiares de personas desaparecidas, estudiantes de escuelas rurales, organizaciones sociales nacionales e internacionales.

El mayor reclamo de los asistentes a la marcha fue contra el Ejército y la Marina, instituciones que este año quedaron al descubierto por su participación en el crimen. “¡El Ejército lo sabe!”, “¡Fue el Ejército!”, ¡Fueron los narcomílicos!”, “¡Los militares matan!”, “¿Para cuándo nuestra independencia del Ejército?”, esas fueron algunas de las consignas que los manifestantes mostraron en sus pancartas.

Con anterioridad había indicios de la participación de las Fuerzas Armadas en el delito, pero hace un par de semanas la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa reveló en un informe que José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, presuntamente ordenó asesinar a por lo menos a seis de los estudiantes que estaban dentro de una bodega.

En tanto, los elementos de la Marina participaron en la fabricación de la llamada “verdad histórica”, un relato que la antigua Procuraduría General de la República (PGR) inventó en el sexenio pasado para hacer creer que los 43 estudiantes habían sido asesinados y calcinados por un grupo criminal en el basurero de Cocula, en Guerrero.

Las autoridades querían dar carpetazo al asunto con esa versión, pero las investigaciones de la Comisión de la Verdad, creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, apuntan a que los jóvenes en realidad fueron detenidos por el grupo delictivo Guerrero Unidos, con colaboración de policías y el Ejército, y después fueron distribuidos en varios puntos del estado para ser asesinados.

“Por lo que estamos viendo la verdad siento que nada más se están burlando de uno porque nosotros no hemos parado desde hace ocho años en las calles exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos y no nos han dado respuesta”, cuestionó en un mitin Blanca Nava, mamá de Jorge Álvarez Nava. “Exigimos que se investigue a los militares (…) que se detenga a todos los responsables porque este fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan, desde el de abajo hasta el de arriba”.

La movilización en la que los familiares de los normalistas hicieron estos reclamos duró casi tres horas. A las 16:25 horas los manifestantes salieron del Ángel de la Independencia y llegaron al Zócalo capitalino a las 18:00 horas. Ahí, sobre un templete, las madres y los padres lanzaron sus consignas frente a Palacio Nacional, siempre acompañados por las organizaciones sociales que las asesoran en el caso.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se sumó a las críticas de las familias. “Es un momento en el que se han presentado avances, como el informe que se presentó hace unas semanas, y al mismo tiempo otras señales de preocupación como es la cancelación de las órdenes de aprehensión que buscó la FGR, esto nos pareció una injerencia grave en la independencia con la que había venido conduciéndose la Unidad Especial de Investigación del caso”, dijo el experto en entrevista.

Aguirre se refiere a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), un organismo dentro de la FGR que no fue consultado sobre la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión, a pesar de ser el encargado de la indagatoria. Según los medios de comunicación que informaron sobre este hecho, Omar Gómez Trejo, titular de la unidad, fue pasado por alto al momento de solicitar los desistimientos de las órdenes de capturas contra 16 militares y cinco civiles, entre los que también se encuentran Iñaki Blanco, exprocurador de Guerrero en 2014.

“Para el Centro Prodh el gran problema de impunidad en México son las fiscalías y las procuradurías, por eso no concordamos con que todo el tiempo se señale a las juezas y los jueces como si fueran el principal factor de impunidad cuando en la gran mayoría de los casos son los ministerios públicos”, señala Aguirre.

Las exigencias de justicia de los familiares de los 43 normalistas no solo se centraron en los militares, también pidieron la detención de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México y quien estuvo comisionado en Iguala en 2014 por parte de la Policía Federal, así como la destitución de Alejandro Gertz Manero, el titular de la FGR.

“Hay mucho por hacer, desafortunadamente nosotros pensamos que íbamos caminando para adelante, pero con estos nuevos golpes se vuelve a retroceder, no es posible a qué estamos jugando”, lamentó Mario César González, padre de César González.