Guacamayaleaks | Recomendaron a Cienfuegos rechazar a Ángela Buitrago por su persecución contra militares

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga el caso Ayotzinapa en México desde 2014 no fue del agrado del gobierno de Enrique Peña Nieto desde un inicio, menos aún cuando tiró la versión de la “verdad histórica” sobre el destino de los 43 normalistas, víctimas de desaparición forzada. A unos meses de que el GIEI rindiera su segundo informe, en 2016, en la prensa mexicana comenzaron a publicarse historias que buscaban reflejar un lado negativo de sus integrantes.

Sobre Ángela Buitrago, apareció una nota en el diario La Razón el 6 de enero de 2016, donde señala que la experta que “insiste en interrogar a militares del 27 Batallón de Infantería” supuestamente usó testimonios falsos para encarcelar a un militar colombiano y que la Corte Suprema de Justicia de ese “anuló la sentencia y ordenó liberar de inmediato al inculpado que llevaba preso ocho años”.

La noticia fue tema de análisis al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Un asesor del general Salvador Cienfuegos le hizo llegar un comentario clasificado como “Confidencial” en donde hace referencia a la publicación y critica que el gobierno mexicano haya otorgado a los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tantas atribuciones en la investigación del caso Ayotzinapa.

“Dicha noticia confirma las dudas de haber dado tantas facultades a la Comisión Internacional de la CIDH para el caso de Iguala, que en forma absurda, sigue insistiendo en que nuestros efectivos declaren directamente ante ellos”, dice el mensaje que forma parte de las filtraciones del grupo de hackers autodenominado Guacamaya tras irrumpir en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional en agosto pasado.

Después, el asesor señala al general Cienfuegos que el gobierno “debería investigar en detalle los antecedentes de los otros miembros de la citada Comisión y recusar a la colombiana mencionada en el artículo en cuestión”.

La única persona integrante del GIEI de nacionalidad colombiana es Ángela Buitrago, quien fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de su país y llevó a la cárcel a dos generales y un coronel del ejército colombiano.

Entre enero y abril de 2016 continuó la publicación de artículos que trataban de descalificar la reputación de los integrantes del GIEI en algunos medios de la prensa en México, el gobierno les retiró el apoyo brindado y los expertos tuvieron que salir del país en abril de ese año después de rendir su segundo informe donde dieron cuenta de que muchas declaraciones se obtuvieron bajo actos de tortura.

La tarjeta dirigida al general Cienfuegos fue enviada en enero de 2016 y aparece con el nombre del Embajador Emérito Sergio González Gálvez, como asesor del secretario de la Defensa Nacional.

El embajador emérito murió el 30 marzo de 2020 a los 86 años de edad y fue recordado por haber sido colaborador del embajador y Premio Nobel de la Paz Alfonso García Robles, durante la elaboración y posterior firma del Tratado de Tlatelolco en 1967. Nadie sabía entonces que consideraba absurdo que cuestionaran al Ejército por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.