Guacamayaleaks | Los planes secretos del Ejército para cerrar el caso Ayotzinapa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingenió maniobras para tratar de apuntalar la “verdad histórica” que construyó la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al caso Ayotzinapa ocurrido en 2014. Todavía un año después de los hechos, el Ejército apoyaba la versión oficial de que los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, fueron incinerados en un basurero por el grupo delictivo Guerreros Unidos y después sus restos arrojados a un río.

El 27 de septiembre de 2015, el general en retiro Humberto Guillermo Aguilar envió un correo electrónico al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien le recomendó contratar peritos para sostener la hipótesis del basurero de Cocula. “La ‘verdad histórica’ puede no ser aceptada, pero no puede ser cambiada”, escribió el militar de alto rango según revelan documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el grupo de hackers Guacamaya.

Pero cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se sumaron a las indagatorias, el general Aguilar reconoció que las líneas de investigación en torno al basurero de Cocula serían “fallidas“. Por ello, buscaron al menos otros tres planes –vincular a los estudiantes con el crimen organizado, blindar al Batallón de infantería en Iguala e indemnizar a las familias– para dar por cerrado el caso y blindar a la Sedena.

Plan 1: Involucrar a los normalistas con el crimen organizado

En mayo de 2015, cuando los padres y las madres de los normalistas pidieron a la PGR que revisara dos sitios donde podrían estar sus hijos, el general en retiro Humberto Guillermo Aguilar recomendó al general Cienfuegos que, en caso de encontrar fosas clandestinas en ambos lugares, el gobierno debía informar a los medios de comunicación antes que las familias de los estudiantes y vincularlos con el crimen organizado.

“En caso de encontrarse otros cementerios clandestinos, es necesario prever que el gobierno dé la primicia a los medios de comunicación orientada a que los cadáveres son producto del enfrentamiento entre los cárteles del narcotráfico que operan en el estado de Guerrero; no hay que permitir que los padres de Ayotzinapa o sus asesores den primero la noticia manejada a su conveniencia”, señaló el consejero del exsecretario Cienfuegos.

La estrategia de la vinculación pretendía realizarse a pesar de que el 15 de noviembre de 2015, el mismo general Aguilar dejó ver en un correo electrónico que el gobierno federal no había encontrado pruebas para relacionar a los 43 normalistas con el narcotráfico

“Desde el 26 sep. 14 se sospechaba de su involucramiento con ‘Los Rojos’, y a pesar de las declaraciones, sobre este particular de ‘Los Rojos’ encarcelados, no se ha podido probar la participación de los normalistas en apoyo de dichos delincuentes”, escribió el general en su comunicación.

Pese a la falta de pruebas, el 11 de junio de 2016 volvió a insistir en el tema: “Tal parece que Vidulfo Rosales (el abogado de los padres y las madres de los normalistas) pretende que no se relacione a los estudiantes desaparecidos con el grupo delincuencial de los Guerreros Unidos, para solo responsabilizar al gobierno de los hechos del 26 sep. 14, pero ésta es una línea de investigación clave que podría dar solución al problema”.

En los hechos, la PGR no obtuvo pruebas para vincular a los normalistas con el narcotráfico, contrario a eso obtuvo información de 20 presidentes municipales que estaban presuntamente ligados a la delincuencia organizada en 2014. Un par de semanas después de la desaparición de los estudiantes, el área de inteligencia del Ejército envió ese archivo a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que ahora está prófugo de la justicia en Israel.

Meses después, Aguilar alertó que había elementos para acusar a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Marina (Semar) de sembrar evidencias. Esos últimos hechos se confirmarían hasta este 2022, cuando el GIEI dio a conocer imágenes de videos clasificados donde se muestra que elementos de la Semar estuvieron presentes y manipularon la escena del basurero de Cocula en octubre de 2014.

Plan 2: El blindaje al 27 Batallón

Mientras el Ejército buscaba una alternativa para zanjar el caso Ayotzinapa, también intentaba proteger a los militares del 27 Batallón de infantería en Iguala que el GIEI y las familias de los normalistas acusaban de participar en el crimen.

El 24 de enero de 2015, cuando las familias de los 43 normalistas ya habían pedido ingresar al 27 Batallón, el general Aguilar recomendó modificar las instalaciones de ese lugar.

“En algunos cuarteles es posible que exista sala de arrestados con rejas, mismas que deben ser quitadas y en todo caso puntualizar que se emplean para el personal militar que cometa faltas o delitos”, expresó el general. “También cabe la posibilidad que los visitantes pretendan la remoción de alguna parte de los terrenos, o bien, el levantamiento de alguna losa de concreto; por lo que debe indicarse con toda seguridad que las construcciones existen desde antes de sep. 14 y que los terrenos no han sido removidos recientemente”.

En otro correo del 13 de febrero de 2016, el general Aguilar insistió en que se abrieran nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa, pero sin implicar a la tropa que operaba en Iguala.

“Es necesario seguir con las nuevas líneas de búsqueda, que con anterioridad señaló el GIEI y el informe del EAAF, para atender la petición de los padres de Ayotzinapa y sus asesores, desde luego, que hay que descartar el interrogatorio al personal del 27/o B.I“, expresó Aguilar en su comunicación.

Tres días más tarde, en las comunicaciones con el general Cienfuegos, se da cuenta de que la versión del basurero de Cocula “sería otra línea de investigación fallida.”

Plan 3: Pensión vitalicia a las familias

Además de las otras líneas de investigación, el Ejército también puso sobre la mesa otras alternativas para “tomar la delantera” en el caso Ayotzinapa, tales como entregar una indemnización a las familias y espiarlos para saber sus actividades.

El 27 de marzo de 2016, un año y medio después de la desaparición de los 43 normalistas, el general Aguilar propuso en otro correo electrónico al secretario de la Defensa que el Ejército buscara a una persona que convenciera a los papás y las mamás de los estudiantes de recibir una indemnización por el crimen cometido contra sus hijos.

“Debe continuarse insistiendo sobre dicha reparación de daños, señalando cifras de indemnización de acuerdo con la ley, ofrecer una vivienda a cada familia de alrededor de 100 metros cuadrados de construcción, servicio médico integral para toda la familia, y una pensión vitalicia para los padres por el equivalente al sueldo actual de un maestro“, escribió el general a Cienfuegos.

Otra propuesta del mismo militar fue espiar a los familiares de los estudiantes: “La prudencia de nuestras autoridades ha facilitado que los padres de Ayotzinapa, sus asesores y los expertos siempre vayan un paso adelante. Es necesario que esta mecánica cambie y el gobierno tome el control; hay que prever y actuar con anticipación. Las actividades de inteligencia deben asegurar que esto suceda, por lo que deben seguirse monitoreando las actividades de los padres, sus asesores y patrocinadores”.

Humberto Guillermo Aguilar, el general que desde la Sedena proponía manipular el caso Ayotzinapa, siguió en comunicación con Salvador Cienfuegos hasta diciembre de 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gestión en la Presidencia. Después de eso, entre 2019 y 2022, solo ha enviado otros nueve correos a Luis Cresencio Sandoval, actual titular de la Sedena, para felicitarlo por distintos motivos, pero en las últimas cinco comunicaciones ya no obtuvo respuesta.

Entre los cargos que llegó a ocupar el general en retiro Humberto Guillermo Aguilar están el de jefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, director general de Industria Militar y oficial mayor de la Sedena. En 2018 estuvo implicado en un caso de corrupción por compra de armas a la empresa alemana Heckler and Koch, compañía investigada por vender armas a México de forma ilegal y por las que un testigo protegido lo señaló de haber recibido sobornos por cada arma que compró el ejército mexicano.