En el caso Ayotzinapa hay una red de complicidades, compuesta por criminales y autoridades, que ha influido en que la desaparición de los 43 normalistas no se resuelva ocho años después de haber ocurrido este crimen, dice Claudia Paz y Paz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en entrevista con La-Lista.

La experta alertó que la investigación de la desaparición de los normalistas enfrenta obstáculos ahora que se ha pasado a la etapa de la judicialización, momento en el que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) intentó llevar ante la justicia a las personas que presuntamente participaron en los hechos.

“Para nosotros es claro que la red de complicidades que se había tejido en Iguala, en Guerrero, red criminal, entidades públicas que iban de lo municipal, estatal o federal, eso ha influido todos estos años en que el caso no se esclareciera plenamente”, dice la experta en entrevista.

Un signo de los obstáculos que la investigación enfrenta es la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra militares y otras cinco contra civiles que podrían tener responsabilidad en algún grado en la desaparición de los estudiantes, así como en el ocultamiento de la verdad de los hechos. En el mes de septiembre personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ajeno al caso Ayotzinapa pidió a un juez que dejara sin efecto las órdenes de captura.

“Nosotros no entendemos por qué se le revoca a esta persona la orden (de aprehensión)”, dice Paz y Paz al poner de ejemplo a un soldado que manipuló cámaras de vigilancia del C4 en el municipio de Iguala, Guerrero, para que no quedara grabado el momento en el que los normalistas son detenidos por policías locales y el grupo delictivo Guerreros Unidos. Otro militar al que también se le canceló la orden de aprehensión recibió reportes del delito en tiempo real y no hizo nada al respecto, mientras otro se había infiltrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Luego de la cancelación de las órdenes de aprehensión y de los señalamientos respecto a que las Fuerzas Armadas ejercieron presión para evitar la detención de sus elementos, la experta del GIEI advierte que “lo que debe de guiar son los hechos, son las pruebas y la investigación y la judicialización debe estar ajena a cualquier consideración política”.

El GIEI ha investigado el caso Ayotzinapa desde el 2014, primero en el sexenio de Enrique Peña Nieto y luego con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ambos momentos los expertos independientes señalaron resistencias del Ejército para entregar información y obstáculos para el acceso a la justicia de parte de elementos de la FGR, que antes era la Procuraduría General de la República (PGR).

A los militares se les acusa de no haber protegido a los 43 normalistas de Ayotzinapa, a pesar de tener conocimiento de que habían sido detenidos por policías municipales y luego fueron entregados a Guerreros Unidos, un grupo delictivo que supuestamente los asesinó y esparció sus restos en varios lugares. El general José Rodríguez Pérez también ha sido señalado por ordenar la muerte de al menos seis de los jóvenes.

En cuanto a la extinta PGR, sus elementos fueron acusados de inventar la “verdad histórica”, una versión de los hechos que apuntaba a que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y luego sus restos fueron aventados al Río San Juan. Esto ya fue desmentido por el GIEI e incluso el extitular de la dependencia, Murillo Karam, fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

Ocho años después del crimen, ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, el GIEI alerta que el caso está en un “momento crucial” en el que la verdad y la justicia están en juego.

“Estamos en un momento clave, necesitamos que todo eso se consolide, que no se den pasos atrás”, señala Carlos Beristain, otro integrante del GIEI. “Existe una voluntad política, pero hay factores estructurales que pueden limitar el acceso a la justicia, creo que eso es lo que está en juego en la actualidad”.

Presiones a la Unidad especial del caso Ayotzinapa

A la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión se suma la intromisión en la UEILCA como otro signo de las resistencias. Esta unidad especial no fue tomada en cuenta cuando se solicitó la suspensión de las capturas y tampoco cuando Murillo Karam fue detenido, dos actos que derivaron en la renuncia de Omar Gómez Trejo, el fiscal especial del caso Ayotzinapa.

Los últimos tres años habían sido de avances en la investigación, pero desde mediados de agosto de este año la indagatoria se truncó. Los obstáculos comenzaron cuando la UEILCA obtuvo órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, incluido el general José Rodríguez Pérez y Murillo Karam.

“Lo que se está tocando ahí son fibras con mucho poder, dinámicas muy establecidas durante el tiempo, todo eso es lo que está en juego”, señala Beristain. “Llega el momento clave de pasar de la verdad al proceso de la justicia, hay muchas fuerzas e intereses para que esas cosas no salgan adelante, que se genere confusión y que haya una maraña de cosas de las que nunca se pueda saber la verdad”.

Los integrantes del GIEI señalan que lo que ha ocurrido en la UEILCA no pudo ocurrir sin que fuera de conocimiento de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR. Los especialistas dicen que han pedido reuniones con el fiscal para que les explique lo que ha ocurrido con el caso, pero hasta ahora no ha respondido.

“Lo que está pasando con la unidad no pudo haber ocurrido sin que él tuviera conocimiento y consentimiento”, señala Paz y Paz.

Hasta el momento el gobierno federal y la FGR no han informado si se abrirá un proceso de selección para elegir a una persona encargada de la UEILCA, la unidad especial que puede llevar a juicio a las personas responsables del caso Ayotzinapa.

“Lo que esperaríamos es que se nombre a una persona independiente (en la UEILCA), íntegra, que guíe su actuación con la verdad, con las evidencias que obtenga y que puedan ser judicializadas, nuestra preocupación es que eso no suceda”, comenta la experta del GIEI.

El temor por que haya represalias contra quienes han impulsado el caso Ayotzinapa también está latente. En una conferencia de prensa del pasado jueves 29 de septiembre Francisco Cox, experto del GIEI, alertó que temían por la seguridad de Omar Gómez Trejo, pues la Unidad de Asuntos Internos de la FGR inició una auditoría de la UEILCA, justo después de que se empezó a detener a personal militar.

Claudia Paz y Paz reitera este temor. “Nosotros estamos preocupados de una posible retaliación, la auditoría se ha prorrogado ya tres veces, supuestamente terminaría el día de hoy (30 de septiembre) y esperamos que no ocurran procesos de criminalización en contra de Omar Gómez”, indica. “También nos preocupa mucho que pueda haber retaliación en contra de los representantes de los padres y madres, para nosotros su labor es igualmente muy importante y consideramos que en este momento en el que las cosas están confusas, extrañas, es cuando se deben extremar la protección y los cuidados”.

Permanencia del GIEI en México

El GIEI terminó su periodo de apoyo a la investigación el pasado 30 de septiembre. Los expertos independientes pidieron que se extienda su estancia un mes en el país para corroborar la veracidad de algunas pruebas obtenidas por la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. A pesar de que el presidente López Obrador les pidió quedarse a investigar hasta el 2024, cuando concluye su sexenio, los especialistas no han dado respuesta.

Claudia Paz y Paz y Carlos Beristain señalan que su permanencia en México depende de que haya instituciones confiables con las cuales colaborar y que sus peticiones sean cumplidas, como la designación de un nuevo titular de la UEILCA y que se garantice la independencia de esta unidad especial que existe desde el 2019.

“Estamos esperando y observando detenidamente qué va a pasar con la unidad especial para la investigación y litigación del caso, nuestro rol es asistencia técnica y necesitamos contrapartes confiables”, señala Paz y Paz sobre su decisión de permanecer en el país.

“Dependemos de que los problemas que hemos puesto encima de la mesa tengan una resolución positiva porque eso es parte de lo que tiene que pasar para que podamos hacer bien nuestro trabajo y sea efectivo”, añade Beristain.

El integrante del GIEI confía en que el caso Ayotzinapa, que se encuentra en un momento cumbre de acceso a la justicia, pueda resolverse no solo por los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino por todo México, pues en su opinión este caso ha tocado la conciencia de la población y refleja algunos de los problemas del país.

“Hay que tener una estrategia de judicialización y de sostener el proceso de las acusaciones sólido, si eso no es sólido el caso va a tener muchos problemas en el futuro y los papás, las mamás”, advierte Beritaín. “México se va a quedar sin una respuesta a esas demandas de verdad y de justicia”.

Una red de complicidades influye para que el caso Ayotzinapa no se esclarezca: GIEI - qatar-2022