La empresa presentaba irregularidades al contar solamente con cuatro elementos registrados, a pesar de tener un contrato de 503 guardias.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que la empresa privada contratada para la seguridad de la estancia migratoria en Ciudad Juárez es Grupo de Seguridad CAMSA, S.A. de C.V., a la cual se le revocará el contrato debido a diversas irregularidades detectadas.
La empresa tenía reportados en su registro ante las autoridades a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, mientras que en el contrato con el Instituto Nacional de Migración (Inami), contemplaba a 503 elementos para brindar servicio de seguridad en 23 estados de la República.
La coordinadora del gabinete de seguridad informó que los socios de la empresa están identificados como David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.
A partir de este viernes, será el Servicio de Protección Federal el que asuma las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez, anunció la secretaria.
Rosa Icela Rodríguez también indicó que se han detectado omisiones por parte de servidores públicos responsables de revisar este tipo de convenios.
“Hay omisiones de servidores públicos de diferentes instancias, incluyendo de la propia Secretaría de Seguridad, de personal que se encarga de hacer los concesiones y checar en qué consisten”, reconoció la funcionaria.
Dentro de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, el área responsable es la Dirección General de Seguridad Privada, la cual llamará a declarar a los propietarios de la empresa, como parte de la investigación en materia administrativa que se inició en su contra.
La funcionaria federal no descartó incluir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni a la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.
En la conferencia de prensa convocada en Palacio Nacional, participó la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, quien informó que obtuvieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Inami, dos elementos de seguridad privada y la persona señalada por iniciar el incendio, como probables responsables del trágico hecho que produjo la muerte de 39 personas en contexto de movilidad privados de la libertad en la estancia migratoria. De estas órdenes, cinco se han cumplimentado.
Durante la conferencia hicieron públicos los nombres y nacionalidades de las personas que fallecieron y las que resultaron heridas tras el incendio; detallaron que el migrante acusado de comenzar el fuego ya fue dado de alta y será puesto a disposición de la Fiscalía.
La fiscal explicó que cuando los migrantes son detenidos por una falta administrativa solo deben ser remitidos a la estancia migratoria, pero no privados de la libertad, por lo que se investiga el motivo por el que estaban en una una celda con candado.
Personas heridas y hospitalizadas por el incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez
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