Abogados de Daniel García, quien estuvo 17 años en prisión preventiva, piden a la SCJN que analice su caso
Los abogados de Daniel García buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice sus caso. Foto: Alexis Ortiz / La-Lista.

Los abogados de Daniel García, quien fue sentenciado a 35 años de prisión con base en pruebas obtenidas bajo tortura, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analice este caso.

Este miércoles 12 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano luego de acreditar los actos de tortura y la detención arbitraria que Daniel García sufrió cuando fue acusado por el homicidio de María de los Ángeles Tamés Pérez, una regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Daniel García también pasó 17 años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia. Ante la falta de pruebas, un juez le concedió seguir con su proceso legal en libertad en 2019, pero con un brazalete geolocalizador y sin poder salir del Estado de México. Finalmente, en mayo de 2022, el Poder Judicial le dictó una sentencia de 35 años de prisión por el asesinato de la regidora.

Tras esta serie de irregularidades, Daniel García llevó su caso a instancias internacionales y hoy la CoIDH reconoció los abusos que sufrió. Por ese motivo sus abogados pidieron a la Suprema Corte que conozca del caso y lo analice, dejando de lado las pruebas que se obtuvieron mediante tortura como lo ordenó la Corte Interamericana en su sentencia.

“Lo que nosotros vamos a hacer en los próximos días es presentar la sentencia de la Corte Interamericana ante este tribunal colegiado y solicitar al pleno de la Suprema Corte que conozca del caso”, explicó el abogado David Peña. “La Suprema Corte tiene una competencia originaria sobre este tipo de asuntos que implican una sentencia de la Corte Interamericana.

Peña agregó que la sentencia de la Corte Interamericana abre la puerta para que todas las personas que están encarceladas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa pidan la revisión de su caso.

“Esto no implica libertad inmediata, lo que implica es que las personas que están privadas de su libertad con la prisión preventiva oficiosa tendrán la posibilidad de presentarse ante el juez y que el juez revise la necesidad de que estén o no en prisión“, dijo Peña en una conferencia de prensa.

En esta comparecencia ante los medios de comunicación también estuvo presente Daniel García, quien celebró la resolución a su favor de la Corte Interamericana. Para obtener esta sentencia tuvo que esperar más de 16 años, pues él y sus abogados presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2007.

“Para mí esta sentencia, independientemente de la gran importancia que tiene para México, limpia nuestro nombre”, señaló Daniel García acompañado de Reyes Alpízar, otro hombre que fue acusado del asesinato de la regidora Tamés Pérez, pero en su caso un tribunal lo absolvió de los cargos apenas el pasado mes de marzo de 2023.

“Hoy es un día especial, me siento muy feliz, satisfecho, me siento complacido después de todo este viacrucis y caminar de sufrimiento que enfrenté desde el principio”, declaró Reyes Alpízar ante los medios de comunicación.

Ambos relataron los actos de tortura y las detenciones arbitrarias que sufrieron por parte de elementos de la actual Fiscalía General del Estado de México. Señalaron que el proceso judicial no solo los afectó a ellos, sino a sus familias.

En el caso e Reyes Alpízar, ha quedado libre. Pero Daniel García sigue en la lucha por su libertad, luego de que un juez lo condenó a 35 años de prisión en mayo de 2022 y después un tribunal ratificó la sentencia en marzo. Ahora, la SCJN es la instancia que puede revisar el caso.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que analizará la sentencia de la CoIDH para poder estar en condiciones de cumplirla.

“El Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones para cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos”, señaló Gobernación.

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