Daniel García y Reyes Alpízar estuvieron en la prisión preventiva más larga de la historia que conozcan sus abogados: 17 años en prisión sin recibir una sentencia por un delito que, aseguran, ellos no cometieron y hoy su caso será discutido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) los acusó del homicidio de María de los Angeles Tamés Pérez, quien fue regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza en 2001.

Según la PGJEM, Tamés Pérez fue asesinada el 5 de septiembre de 2001 porque había descubierto una red de corrupción al interior del ayuntamiento de Atizapán, encabezado por el presidente municipal Juan Antonio Domínguez Zambrano, del Partido Acción Nacional (PAN). La antigua Procuraduría aseguró que Daniel, quien fue secretario particular del alcalde, planeó el asesinato de la regidora para evitar que denunciara el desvío de recursos públicos y que Reyes, junto con otra persona, también participó en el asesinato.

Esta versión ha sido sostenida por las autoridades mexiquenses desde hace 20 años, aunque organismos internacionales ya han advertido que hay indicios de que esta hipótesis fue construida con testimonios obtenidos mediante tortura y que la acusación fue fabricada.

Por el homicidio de Tamés Pérez, un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Daniel y Reyes para evitar su fuga, es decir, fueron enviados a una cárcel de forma inmediata sin analizar la veracidad de las pruebas.

Durante 17 años estuvieron en prisión sin recibir una sentencia, hasta que en 2019 otro juez decidió cambiar su medida cautelar para que llevaran su juicio en libertad con un brazalete con geolocalizador y sin la posibilidad de salir del Estado de México, en el centro del país.

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Daniel García y Reyes Alpízar usan brazalete de seguridad que los monitorea todo el tiempo. Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Las organizaciones y los abogados que acompañan el caso de Daniel y Reyes alegan que se trata del caso de prisión preventiva oficiosa más larga en la historia del país. No conocen a otra persona que haya pasado tanto tiempo en una cárcel sin haber recibido una sentencia.

Después de tres años de permanecer en sus hogares bajo investigación, Daniel y Reyes fueron sentenciados a 35 años de prisión por el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla en mayo pasado. Sus abogados apelaron la resolución y en septiembre de este año se resolverá el recurso legal.

El caso de Daniel y Reyes ha sido aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde este viernes 26 de agosto se celebrará una audiencia. El organismo escuchará a las partes involucradas y determinará si Daniel y Reyes deben ser liberados por las irregularidades que hubo en su proceso penal. Más allá de este caso, los expertos internacionales también podrían aprovechar la oportunidad para pronunciarse por primera vez sobre la utilización de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México.

Simón Hernández, abogado de Daniel y Reyes, destaca la relevancia de la audiencia que celebrará la CIDH.

“Esperamos poder demostrar cómo la figura de la prisión preventiva oficiosa, al estar constitucionalizada desde 2008 y ampliarse en 2019, ha generado un caso como este, que una persona permanezca en prisión durante muchos años sin alternativas. Queremos que haya un pronunciamiento muy fuerte o una condena al Estado mexicano para que se modifique la Constitución como una medida de no repetición”, señala.

La prisión preventiva es lo que mantiene a 92 mil 595 personas en las cárceles de México, el 40% de la población penitenciaria, de acuerdo con cifras del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

La prisión preventiva oficiosa permite encarcelar a una persona automáticamente si comete uno de los delitos que incluye el artículo 19 de la Constitución Política. Mientras que el arraigo, establecido en el artículo 16, autoriza al Ministerio Público retener a una persona hasta por 80 días si incurrió en el crimen de delincuencia organizada.

Denuncian tortura durante el arraigo

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Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Cuando Daniel y Reyes fueron detenidos entre febrero y octubre de 2002 por el asesinato de la regidora de Tamés Pérez, elementos de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla obtuvieron una orden de arraigo para retenerlos en dos hoteles. Los acusados cuentan que en ese tiempo fueron víctimas de torturas psicológicas y físicas

En el caso de Daniel, los agentes amagaron con hacerle daño a su familia si no inculpaba al presidente municipal de Atizapán por el homicidio. Él se negó a hacerlo y los agentes cumplieron su promesa: detuvieron a su papá, a sus primos y a su hermano, a quienes señalaron ante los medios de comunicación de tener una red de espionaje que facilitó el asesinato de la regidora Tamés Pérez. Más tarde, todos ellos fueron liberados por orden de un juez.

En cuanto a Reyes, denuncia haber sido golpeado y asfixiado desde el momento de su detención y durante el tiempo que duró el arraigo. Recuerda que los elementos de seguridad le preguntaban: “¿cuántos balazos le había metido?”, sin especificar quién era la víctima y sin asegurarle la asistencia de un abogado que lo pudiera defender. En sus últimos días de arraigo le aventaron un periódico con una nota de la regidora y así comprendió lo que ocurría.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas comprobó la violencia psicológica que Daniel sufrió durante los 45 días de arraigo y también recalcó que Reyes tenía por lo menos tres pruebas periciales para acreditar que fue víctima de tortura mientras lo tuvieron retenido en un hotel, donde elementos de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla lo golpearon, lo asfixiaron, le dieron toques y lo quemaron para obligarlo a firmar una declaración para autoincriminarse.

En la audiencia de la CIDH que se celebrará este 26 de agosto en Brasilia harán declaraciones Daniel y Reyes; la esposa, hija y hermana de Daniel; la esposa de Reyes; el ministro en retiro José Ramón Cossío; representantes de la antigua PGJEM y del Poder Judicial del Estado de México.

Daniel García: ‘Sí era operador político, pero no maté gente’

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Daniel tiene una pequeña oficina en una habitación de su departamento. Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Daniel siempre ha sido un hombre dedicado a la política. Cuenta que su familia se asentó hace 170 años en Atizapán de Zaragoza y siempre han participado en actividades sociales, religiosas y en la toma de decisiones del municipio.

Atizapán “es un municipio gobernado por nativos, por gente que vive realmente ahí, todos estamos interesados en que el lugar en el que vivimos se desarrolle”, dice Daniel.

Este sentimiento de pertenencia lo llevó a incorporarse a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel local desde los 14 años. Luego fue dirigente de la Liga Municipal de ese instituto político. A sus 17 años, y con autorización de su papá, empezó a trabajar en el gobierno municipal de Atizapán y desde ese momento repitió en varias administraciones priistas como secretario particular, asesor, regidor y director de ingresos. Junto con sus hermanos y su papá solía tener un restaurante, una panadería y un campo con ganado.

En 1997 renunció al PRI y se enfocó en los negocios de su familia, sin embargo, debido a su experiencia y a la amistad que tenía con Juan Antonio Domínguez Zambrano, presidente municipal panista de Atizapán, fue invitado a ser su secretario particular en el año 2000. Daniel asegura que solo permaneció en el cargo durante cuatro meses, sin saber que le cambiaría la vida.

El 25 de febrero de 2002, cinco meses después del asesinato de Tamés Pérez, la PGJEM apuntó contra Juan Antonio Domínguez Zambrano, el exalcalde del PAN, y contra Daniel como presuntos responsables del asesinato de la regidora, con base en tres testimonios anónimos de personas que los implicaban en la comisión de ese delito

Los testigos anónimos escucharon durante una fiesta que un hombre llamado Jaime Martínez Franco dijo que Daniel le había pagado alrededor de 300 mil pesos para asesinar a la regidora Tamés Pérez, y que Reyes Alpízar lo había acompañado a cometer el crimen.

Sin embargo, el periodista Humberto Padgett publicó en el diario Reforma en 2002 una entrevista a Jaime Martínez Franco, quien estaba recluido en la cárcel de Tula, en el vecino estado de Hidalgo, por un robo que había cometido tiempo antes. El supuesto asesino de Tamés Pérez negó al periodista que hubiera cometido el crimen simplemente porque él estaba en prisión en ese entonces. Esto puso en duda la versión de la PGJEM.

Tras revelarse que Jaime Martínez Franco estaba encarcelado el día del asesinato de la regidora, un tribunal ordenó la liberación del panista Juan Antonio Domínguez, quien estuvo preso más de tres años. No obstante, el mismo tribunal negó la libertad a Daniel y a Reyes. Ambos permanecieron encerrados bajo la medida de prisión preventiva oficiosa en las cárceles de Barrientos y Neza-Bordo, respectivamente, hasta el 2019.

Daniel dice que su caso no se puede explicar sin entender el contexto político en el que fue asesinada Tamés Pérez. En el año 2000, el PRI perdió por primera vez la Presidencia de la República contra el PAN, algo que ya había sucedido en 1997 a nivel local en el municipio de Atizapán.

Luego de eso, dice Daniel, el exgobernador Arturo Montiel utilizó la PGJEM para encarcelar a sus opositores y garantizar que el PRI mantuviera el control del Estado de México. Fueron encarcelados los presidentes municipales de Huixquilucan, Coacalco, Chapa de Mota, Cuautitlán y la hija del alcalde de Ecatepec. El caso Atizapán fue “la joya de la corona”, opina el hombre que hoy tiene 57 años y que fue detenido a sus 35 años.

“Hoy en día tenemos 60 mil fojas en la causa penal y no existe una hoja donde prueben un caso mínimo de 50 pesos que falten en la cuenta pública de Antonio Domínguez Zambrano”, comenta Daniel en un departamento en el municipio de Tlalnepantla, donde ahora vive con ayuda de sus hijos.

A pesar de las acusaciones en su contra, el exgobernador Arturo Montiel no fue citado a declarar en la audiencia de la CIDH, ni tampoco Alfonso Navarrete Prida, quien en ese entonces era el titular de la PGJEM y luego desempeñó cargos como secretario de Gobernación y del Trabajo en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Daniel, por su parte, insiste en que es inocente y espera que la CIDH le dé la razón. “Me acusan de operador financiero y político. Sí lo era, pero no con ánimos de matar a nadie, les ayudé a organizar la administración, pero no para buscar asesinos a sueldo”.

Reyes Alpízar: ‘Estar 17 años en prisión es el infierno’

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Reyes tiene algunas secuelas físicas por la tortura que sufrió, una de ellas es que las venas a la altura de su pecho están sobresaltadas debido a los golpes. Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Las irregularidades en el caso de Daniel García y Reyes Alpízar valieron para que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidiera la liberación de ambos en 2017, porque en 15 años de prisión preventiva oficiosa las autoridades del Estado de México no habían obtenido suficientes pruebas para pedir su sentencia. 

Reyes Alpízar también niega haber participado en el asesinato de la regidora Tamés Pérez. Asegura que el 5 de septiembre de 2001, cuando se cometió el crimen, él llevó a su mamá desde Tula, Hidalgo, hasta el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el sur de la Ciudad de México porque padecía Alzheimer. Un año después, el 25 de octubre de 2002, fue detenido en una central de autobuses.

Hasta antes de su detención, Reyes se dedicaba a criar ganado, puercos, gallinas, borregos y otros animales para después venderlos. También formaba parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, una asociación priista en la que estaban muchos comerciantes como él.

Más allá de su empatía por el PRI, Reyes no sabe cómo la PGJEM lo vinculó con Daniel. Admite que sí conocía a Jaime Martínez Franco, era su vecino en Atizapán, fueron juntos a la secundaria y se frecuentaban, pero luego lo metieron a la cárcel de Tula y perdió el contacto con él.

Fue hasta que lo trasladaron a la cárcel de Barrientos, en el Estado de México, cuando Reyes conoció a Daniel. Ya se habían visto en las audiencias donde los acusaban del homicidio, pero el juez nunca los dejó sentarse juntos. En la prisión ambos se la ingeniaron para reunirse y hablar sobre su caso.

A Reyes se le fue buena parte de su vida en la cárcel de Neza-Bordo. Lo encerraron cuando tenía 33 años y ahora tiene 55. Sus hijos crecieron sin él y su esposa tuvo que trabajar para sostener sus estudios, mientras sigue en su lucha por recuperar su libertad.

“Fue un infierno estar en la cárcel”, dice, “me mataba el hecho de que mis hijos no tuvieran pañales ni comida. Todos me trataban mal y me enviaron con personas que ya están sentenciadas, que su mentalidad es que los maten o ellos maten”.

Hernández, el abogado de Daniel y Reyes, acusa que la prisión preventiva oficiosa persiste en México por la omisión del Congreso de la Unión, que en 2019 amplió el catálogo de delitos para los cuales se aplica, y del Poder Judicial que no hizo nada para declarar inconstitucional el enviar a una persona de forma automática a la cárcel, sin importar si había pruebas en su contra.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está por discutir la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en México. El ministro presidente Arturo Zaldívar ha expresado que hay un abuso de este instrumento y considera que, salvo algunas excepciones, las personas deben enfrentar su proceso en libertad hasta que se les dicte sentencia.