Personaje del mes | Juana Alonzo Santizo, migrante encarcelada injustamente por 7 años

Juana Alonzo Santizo no creía la noticia de que saldría de prisión cuando sus abogados fueron a verla el pasado sábado 21 de mayo. Había estado encerrada siete años en una cárcel de Reynosa, Tamaulipas, acusada del delito de secuestro, pero sin tener una sentencia definitiva porque las autoridades no tenían pruebas en su contra.

“Juanita, yo creo que ya te vas a ir en la tarde o en la madrugada“, le dijo una de sus abogadas, pero la migrante indígena originaria de Guatemala no se explicaba cómo saldría de prisión, pues ningún juez le concedió su libertad en una audiencia.

Juanita, mujer indígena guatemalteca, fue detenida en noviembre del 2014, cuando tenía 27 años de edad, en la ciudad de Reynosa mientras intentaba llegar a los Estados Unidos. Salió de su comunidad San Mateo Ixtatán, en el departamento de Huehuetenango, con el objetivo de encontrar mejores oportunidades de vida, pero policías del estado la torturaron y la obligaron a firmar una declaración donde se autoinculpaba por secuestro.

Así fue como la Fiscalía de Tamaulipas logró retener a Juanita más de siete años bajo la figura de prisión preventiva. Organizaciones defensoras de derechos humanos, de las personas migrantes y el mismo Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que su caso se trató de una detención arbitraria. Y este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su liberación al ser cuestionado sobre este tema por La-Lista.

“Hay todas las pruebas de que fue torturada”, dijo López Obrador el 19 de mayo en respuesta a la pregunta planteada. “Incluso ya las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla porque aceptaron que era una injusticia”.

Por todo lo que pasó y su perseverancia en siete años, hemos elegido a Juana Alonzo Santizo como el personaje del mes.

A pesar del tiempo, Juanita, como le dice de cariño su familia, tiene fresco el recuerdo de su detención. Ese día estaba en una casa de Reynosa, a la espera de cruzar a Estados Unidos, junto con una mujer salvadoreña que tenía una hija pequeña. La versión de la Fiscalía de Tamaulipas indica que esta mujer extranjera fue quien llamó a la policía y reportó que estaba secuestrada.

Luego de la supuesta llamada, los agentes de seguridad rodearon el inmueble y entraron, le pidieron a Juanita que se subiera a una camioneta y la trasladaron a instalaciones del ministerio público. “Me llevaron injustamente”, relata en entrevista la migrante indígena, quien en ese entonces solo hablaba su lengua natal, el Chuj maya.

En las instalaciones del ministerio público las agresiones de los policías continuaron. Con golpes en la cabeza y las espinillas los agentes de seguridad obligaron a Juanita a firmar una declaración donde se asumía culpable por el delito de secuestro.

Juanita fue enviada a la cárcel de Reynosa sin contar con un abogado o con un intérprete que le explicaran los motivos de su detención. Cuatro años estuvo en abandono, hasta que en 2018 el Consulado de Guatemala en México la buscó para ayudarla. Al mismo tiempo la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) conoció el caso y lo empezó a investigar.

Juanita estuvo lejos de su familia en todo el tiempo que estuvo en prisión. Debido a que no tienen documentos migratorios para entrar a México, sus seres queridos no podían viajar para verla y se conformaban con realizar manifestaciones en Guatemala.

Mientras su familia exigía justicia, Juanita batallaba para sobrevivir en una cárcel mexicana. En un principio, relata la migrante, algunas de sus compañeras se burlaban de ella y no tenía forma de comunicarse. Estos episodios terminaron conforme pasó el tiempo y porque Juanita aprendió a hablar español.

“Cuando apenas voy llegando unas tres muchachas se burlaron de mí, ya sabes, las mexicanas cómo hablan: ‘Pinche vieja guatemalteca, ¿por qué vienes’. Yo no sabía lo que me decían y estaba llorando”, recuerda Juanita de sus primeros días en prisión.

Para subsitir a la cárcel Juanita consiguió trabajo lavando trastes y ropa ajena porque no tenía dinero y no recibía visitas de su familia. Luego aprendió a tejer para hacer bolsas, monederos o gorros que vendía a las mismas reclusas o entre las personas que entraban a ver a otras internas.

Algunos productos los vendía entre 500 y 600 pesos, a la espera de que ese dinero le sirviera para comprar cosas básicas como un jabón de baño y comida.

La lucha para liberar a Juana Alonzo Santizo se dio desde distintos frentes. Ella presionaba a sus abogados para que consiguieran pruebas de su inocencia; organizaciones nacionales e internacionales hacían ver a la Fiscalía de Tamaulipas que había cometido un error, y los familiares de la guatemalteca hacían manifestaciones en su país.

La ONU-DH fue la primera organización que se enteró del caso en 2018 a través de una queja interpuesta en Guatemala por la familia de la migrante. La inconformidad fue enviada a la oficina de México y pasaron algunas semanas para que representantes del organismo internacional visitaran a Juanita en Reynosa.

En agosto del 2018 integrantes de la ONU-DH empezaron a documentar el caso de Juanita a través del expediente que tenía el Poder Judicial. Los especialistas del organismo internacional también buscaron al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) para que atrajera la defensa legal de la migrante y acudieron al Consulado de Guatemala para saber su opinión.

Al revisar el expediente, los expertos del organismo internacional detectaron los vacíos en la investigación. La Fiscalía de Tamaulipas acusó a Juanita solo con la declaración de los policías que la detuvieron y con la declaración en la que ella se asumía como culpable del delito de secuestro, luego de haber sido víctima de tortura.

Aunque los abogados de Juanita insistían en que esos policías debían declarar ante el juez, nunca los encontraron. Personas que siguieron de cerca el caso relatan que algunos agentes de seguridad rechazaban acudir al juzgado, otros decían que ya trabajaban en otros estados, ponían de pretexto que estaban de vacaciones y nunca volvieron a dar su versión de los hechos.

La mujer salvadoreña que supuestamente llamó a los policías para denunciar que estaba secuestrada en una casa de Reynosa tampoco apareció. Los policías la habrían liberado y no recabaron datos para volverla a localizar, por lo que ella tampoco pudo testificar ante el juez durante el proceso penal.

“La liberación de Juanita Alonzo es una gran noticia y pone fin a una gran injusticia. Ella nunca debió estar en prisión. Su caso muestra que el sistema de justicia penal en México aún enfrenta retos importantes para erradicar, investigar y sancionar el uso de la tortura”, señaló sobre el caso Guillermo Fenández-Maldonado, representante en nuestro país de la ONU-DH.

El pronunciamiento de otro organismo internacional, el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, también fue clave en el proceso penal. Una empresaria y amiga de Juanita, de quien se omite su nombre por motivos de seguridad, tramitó una queja ante este esa instancia internacional.

La amiga de Juanita, a quien conoció porque iba a visitar a otra persona en el reclusorio de Reynosa, fue asesorada por asociaciones civiles para tramitar esta queja en 2019. Dos años después, en septiembre del 2021, el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas se pronunció en favor de la guatemalteca y pidió su liberación a las autoridades. Este fue el primer documento que la defensa podía utilizar para exigir la liberación.

El IFDP fue otra institución clave. A finales del 2021 los abogados de esta dependencia federal aceptaron tomar el caso y, para acreditar las violaciones a los derechos humanos de Juanita, llevaron a cabo un peritaje relacionadas con el Protocolo de Estambúl y un peritaje en psicología. Estos estudios no habían sido llevados a cabo por los anteriores defensores por motivos desconocidos.

“El perito en medicina dijo que las lesiones que Juanita presentaba estaban descritas al Protocolo de Estambul y eran compatibles con aquellas de una persona que había sufrido tortura. El dictamen en Psicología concluyó que las secuelas psicológicas que Juanita tenía al momento de la entrevista coincidía con el de personas torturadas”, menciona Diego Tovar Sánchez, titular de la Unidad de Defensa Penal del IFDP.

Más allá de estas pruebas, las personas entrevistadas para este trabajo coinciden en que la declaración de López Obrador fue el último detonante para conseguir la liberación de Juana Alonzo Santizo de manera rápida. Tras las palabras del presidente en su conferencia matutina el 19 de mayo la revisión del caso se aceleró y solo pasaron un par de días para que la migrante saliera de prisión.

“Definitivamente esto aceleró el proceso, después de una reunión que tuvimos con la Fiscalía de Tamaulipas nosotras estimábamos que faltarían hasta tres o seis meses para la liberación, pero las palabras del presidente López Obrador precipitaron todo”, reconoce Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI), quien también estuvo pendiente del caso.

Hasta el 2020 había 6 mil 889 personas indígenas privadas de su libertad en México, en ese entonces esa cifra equivalía al 3.3% del total de la población penitenciaria. Los indígenas de origen náhuatl, zapoteco y otomí son quienes más han sido encarcelados, acuerdo con la última actualización del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las detenciones arbitrarias como la que sufrió Juanita en 2014 aún son comunes en México. De 220 mil 477 personas que estaban encarceladas hasta el 2021, solo el 24.2% fue informada sobre sus derechos al momento de su detención y solo el 41.2% supo el delito del que se le acusaba.

El 45.8% de la población penitenciaria fue incomunicada o aislada previo a su presentación ante el Ministerio Público, violentando el proceso legal que se debe seguir, según la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi.

Aunque Juanita está libre, a sus 35 años, ella misma y sus abogados están conscientes de que ella debe acceder a una reparación del daño por los siete años que pasó en prisión siendo inocente.

“Por ahorita voy a arreglar mis papeles y después lo que me hicieron allá en México yo quiero que me dé una visa o un pasaporte para México y reparación de daño por lo que me hicieron porque ocho años estuve encerrada”, dice Juana Alonzo.

Dentro del IFDP ya está desarrollando una estrategia para que el Estado mexicano pague por las vulneraciones que la guatemalteca sufrió durante todo este tiempo.

“El Estado tiene que erogar, entregar un dinero a Juanita por el daño ocasionado y tal vez una disculpa, pero ese es un tema que se va a discutir. La Defensoría Pública tiene una unidad específica que se dedica a litigio estratégico y ellos le darán causa a esta reparación”, señala el abogado Diego Tovar.

La liberación de Juanita tampoco se puede entender sin la incidencia de la sociedad civil. La organización Promotores de la Liberación Migrante, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se sumaron a la lucha por justicia.

Estas asociaciones civiles colaboraron de distintas maneras: ayudaron a que Juanita tuviera acceso a un intérprete del Chuj al español, entablaron un diálogo con la Fiscalía de Tamaulipas para hacer notar el error que estaban cometiendo, diseñaron estrategias en redes sociales para promover el caso de la guatemalteca y recabaron firmas para entregarlas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Margarita Núñez, coordinadora del PRAMI, considera que “Juanita debería acceder a medidas de reparación del daño porque quedó demostrado que no debía estar en prisión. Ella debe decir qué significa la reparación porque lamentablemente regresa a un contexto y en unas condiciones que son las mismas por las que salió”.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, va más allá y opina que no solo debe haber reparación del daño para Juanita, sino que el Estado tendrá que tomar medidas para evitar que más inocentes vayan a prisión en Tamaulipas.

“La liberación de Juanita es un primer paso para reparar las violaciones a derechos humanos de las que fue víctima. Una reparación integral implica compensaciones económicas, psicosociales y comunitarias/colectivas; la investigación y sanción de quienes le torturaron, y medidas estructurales para que casos así no se repitan”, concluye el representante del organismo internacional.