La crítica situación de la salud mental de las internas del penal de Morelos

Magdalena* ya no aguantaba sin su medicación. Ella y su madre habían estado exigiendo que le dieran su medicamento para la depresión en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 en Morelos, como cuando estaba en un penal estatal, donde nunca le faltó el tratamiento.

Desde que fue trasladada al Cefereso 16, ubicado en Coatlán del Río, en Morelos, no recibió la atención médica requerida, y en dos años de estancia en este reclusorio federal ha intentado suicidarse dos veces.

“Ahorita mi hija está aislada. Yo no hablo desde hace más de una semana con ella. El domingo me habló una compañera de ella y me dijo que andaba muy mal, que se quiso suicidar, por lo mismo de la depresión. Ella desde que la trasladaron tenía tratamiento psiquiátrico, pero ya no le dan el medicamento”, narra su madre bajo condición de anonimato, pues denuncia que las internas del Cefereso 16 que levantan la voz son castigadas con aislamiento.

“Ella está desesperada porque no le dan medicamento. Intentó suicidarse. Mi hija habló el sábado con su papá y le dijo que la habían intentado picar. Entonces la aislaron, pero ella no puede estar aislada por su situación. Ella necesita su tratamiento psiquiátrico, si no se altera y le da depresión. Yo me había dado cuenta que se intentó suicidar el año pasado. Es por lo mismo de las condiciones que viven ahí”, cuenta la señora.

La madre de Magdalena dice que su hija no sólo necesita tratamiento psiquiátrico sino también ginecológico, pues tiene quistes en los ovarios y sufre mucho durante sus periodos menstruales. Además, denuncia que en el penal de Morelos comenzó a sufrir anemia porque la ración de comida es raquítica y se queda con hambre.

“Están todas anémicas porque no les dan de comer bien. Yo siento mucha impotencia porque una no puede hacer nada desde acá”, dice.

A la falta de tratamiento psiquiátrico de Magdalena hay que añadir la soledad. Sus padres están en Chihuahua y no pueden trasladarse hasta Morelos para visitarla. Están pendientes de ella, pero en muchas ocasiones no han tenido ninguna noticia cuando hablan por teléfono para saber cómo está, lo que incrementa su angustia.

La familia de Magdalena exige que sea trasladada al penal estatal en el que se encontraba, más cerca de ellos, pues su delito es del fuero común y nunca recibieron una explicación de por qué la trasladaban a un penal federal.

Cifras alarmantes

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza año con año, los intentos de suicidio son un problema permanente en el Cefereso 16 de Morelos.

Desde 2020, cada año se reporta un suicidio en este penal. Tan sólo ese año, esta prisión federal, que abrió sus puerta en 2016, registró la alarmante cifra de 161 intentos de suicidio de una población en ese momento de 812 internas, lo que representa el 19.83% del total, según el reporte de la CNDH.

Después del penal femenil, el segundo con más conductas suicidas a nivel federal ese año fue el Centro Federal de Readaptación Social número 13 “CPS-Oaxaca”, con 20 casos de hombres, y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con 14 hombres.

La proporción de intentos de suicidio en 2020 fue abrumadora, en buena medida por la situación de aislamiento extremo que sufrieron las personas privadas de la libertad durante la pandemia de Covid-19. Ese año, todavía sin una vacuna y con el mundo aislado en sus hogares, las cárceles cerraron sus puertas a las visitas. En el caso del Cefereso 16 se suspendió el régimen de visitas familiares, íntimas y de todo tipo, y al interior también implementaron regímenes de aislamiento. 

La abogada Melissa Zamora, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dice en entrevista que en muchos centros penitenciarios federales y estatales fue común que se implementaran medidas de restricción, pero que paulatinamente se fueron volviendo más flexibles y podían recibir una visita a la semana y en algunos casos permitían visitas más frecuentes a los cónyuges o los hijos, sin embargo, en el Cefereso 16 fueron muy estrictos y todavía en 2021 las mujeres decían que no podían recibir visitas.

El Prodh ha documentado que en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico hubo un incremento importante de actos de tortura durante las detenciones de la Marina, del Ejército y la entonces Policía Federal, así como policías estatales y municipales, lo que incluyó abusos sexuales.

En su reporte Mujeres con la Frente en Alto, Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, el Centro Agustín Pro registró el caso de 29 mujeres que durante sus detenciones sufrieron tortura sexual. Todas ellas fueron luego trasladadas al Cefereso 16 debido a que, desde 2016, ahí se concentraron a todas las mujeres privadas de la libertad del fuero federal y también casos del fuero común.

“Hacen este traslado masivo de diferentes estados de la República y en el Centro Prodh conocimos muchos casos en los que a partir de este contexto muchas narraban vivencias de maltrato, de que fueron horas de traslado terrestre en posiciones forzadas, y las familias señalaban que habían sido torturadas y a partir de la tortura se habían fabricado las pruebas”, recuerda la abogada.

La tortura, los abusos sexuales y las detenciones arbitrarias tienen un impacto en las internas y dejan secuelas no solamente físicas sino también psicológicas, sobre todo las que tienen que ver con violencia sexual, apunta Melissa Zamora. Durante las visitas al Cefereso 16, el Prodh pudo documentar que las mujeres sufrían depresión y que estaban muy ansiosas.

Las cifras de la CNDH en cuanto a conductas de riesgo suicida cayeron drásticamente en 2022 en el Cefereso 16, aunque sigue siendo un problema, pues se reportaron 16 casos el año pasado, de una población que incrementó a mil 155 internas. Un año antes, en 2021, se reportó un solo caso. 

Un penal sin respeto a los derechos humanos

El Informe Especial del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la CNDH, presentado el pasado 28 de febrero sobre el Centro Federal de Readaptación Social 16, destaca que existe ineficiencia en la atención a mujeres privadas de la libertad en condiciones de aislamiento y señaló que las conductas suicidas en este penal federal son “mucho más altas que las identificadas en el resto de los centros”.

A inicios de enero de 2023, la visitadora permanente en el 16, adscrita a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuvo noticias del traslado de varias mujeres privadas de la libertad al módulo 10, porque presuntamente habían estado involucradas en “conflictos con personal de seguridad”. 

En una visita, supo que en el módulo 10 las mujeres se encontraban en una “situación crítica” porque estaban encerradas en sus dormitorios.

La visitadora entrevistó a 54 mujeres, quienes le dijeron que eran objeto de agresiones verbales de personal de seguridad, no recibían atención médica ni los medicamentos que necesitaban, pese a que muchas de ellas requerían de medicinas controladas por tratamientos psiquiátricos. También contaron que no habían recibido atención ginecológica y que no les habían realizado estudios como mastografías o la prueba de Papanicolaou.

Sobre las llamadas telefónicas, dijeron que sólo les permitían hacer una llamada cada seis días y que ésta tenía una duración de 10 minutos. También manifestaron que no contaban con actividades laborales, culturales, deportivas y lúdicas ni escolares desde que fueron ubicadas en el módulo 10.

En el tema de salud mental, la visitadora informó que ante la falta de atención psicológica, muchas internas optan por autolesionarse, llegando a cortarse en los antebrazos y zonas blandas del cuerpo, y también han llegado a colgarse, pero han sido rescatadas por otras compañeras.

‘Se quieren suicidar por la situación que están viviendo’

La señora Maria José*, madre de otra interna, quien también habla bajo condición de resguardar su identidad por el temor a que su hija sufra represalias, dice que su “niña” tampoco recibe atención médica, pese a que tiene miomas en el útero.

Pide que su hija sea trasladada al centro de reinserción social estatal en el que estaba, en Acapulco, pues es otro de los casos de traslados injustificados a Morelos, el único penal federal de mujeres en el país. 

En este sentido, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura alertó que los traslados al penal de Morelos se realizaron sin tomar en cuenta los contextos familiares y las condiciones de salud mental de las mujeres.

“Las circunstancias que acompañaron sus traslados y las condiciones de detención en las que actualmente se encuentran las han colocado en una situación de riesgo grave. En algunos casos esto pudo haber propiciado que las mujeres atentaran contra sí mismas, incluso al extremo de intentar suicidarse. Esto es especialmente preocupante si se toma en cuenta que la salud mental y física de las mujeres privadas de la libertad es responsabilidad del Estado en su calidad de garante”, destacó el MNPT.

El Cefereso 16 fue concesionado y es operado por CRS Morelos S.A. de C.V. cuyas acciones pertenecen actualmente a Capital Inbursa S.A. de C.V. del magnate Carlos Slim.

El 22 de abril de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso un alto a la privatización de las cárceles en el país, que comenzaron en 2010 durante el sexenio de Felipe Calderón y que, según el gobierno morenista, significaron un jugoso negocio con contratos “leoninos” de 20 años para que particulares construyeran ocho reclusorios, bajo un esquema de asociación público-privado.

Las empresas se encargan de la operación de estos ocho penales ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Durango, Michoacán, Coahuila y Morelos, y las autoridades federales tienen a su cargo la seguridad al interior. En 2010 se dijo que se trataba de un modelo de contrato de prestación de servicios con el supuesto propósito de “mejorar las condiciones” de alojamiento de las personas privadas de la libertad “y contribuir a su reinserción social con menores costos sociales y económicos”. Terminando los contratos, las instalaciones continuarían perteneciendo a las empresas, entre las que se encuentran Exi Quantium S.A. de C.V., GIA S.A. de C.V., Capital Inbursa S.A. de C.V. y Black Rock S.A. de C.V.

“Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Todo era hacer negocio al amparo del poder público mediante el influyentismo”, acusó López Obrador ese día.

Ante ello, dio instrucciones a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de que renegociara los contratos, pues el gobierno tenía que pagar a las empresas por cada una de las personas privadas de la libertad. En el caso de Morelos se trata de un promedio de seis mil 634 pesos por cada una de las internas estuviera o no al 100 de su capacidad.

Aunque ese 22 de abril, la servidora pública federal dijo que el trato representaba un gasto equivalente a un hospedaje de un hotel de 5 estrellas por “el alojamiento, alimentación y atención de cada interna”, la realidad es que las condiciones que describen las internas y sus familiares distan mucho de ser mínimamente humanas. 

Cinco madres con las que pudo hablar la reportera narran que a sus hijas les están saliendo “ronchas” o “jiotes” en el cuerpo por falta de higiene, y denuncian que han sufrido varias intoxicaciones por comida echada a perder, y no hay médico que las atienda.

“Están como si estuvieran en el desierto, eso no es posible. A mi niña no la sacan al médico”, dice María José.

Para María José no debería existir este Cefereso, pues sólo representa un negocio para Slim, mientras que para la gente pobre que tiene a sus familiares internas implica un enorme gasto trasladarse hasta Morelos para las visitas. La señora cuenta que hay mujeres a las que nadie va a ver porque sus familiares no tienen dinero y están en el abandono, lo que afecta su salud mental.

“Yo pido que les den buen trato a todas y pido de favor que regresen a todas las de Acapulco, porque es injusto lo que están haciendo. Es algo deplorable, es algo que no se le desea a nadie, porque no está bien que muchas personas se quieran suicidar por la situación en que están viviendo”, lamenta.

*Los nombres fueron cambiados a petición de las madres por seguridad de las internas.