México, el tercer país con más asesinatos de defensores del medio ambiente en 2022

México es uno de los tres países donde más defensores del medio ambiente y de la tierra fueron asesinados en todo el mundo durante 2022. El año pasado se registraron 31 homicidios de activistas en nuestro territorio, cifra que solo fue superada por Colombia, con 60 casos, y Brasil, con 34.

El informe Siempre en Pie, de la organización Global Witness, destaca que Colombia, Brasil y México concentraron el 70% de los 177 asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial en 2022. Si se toman en cuenta los casos de otros países vecinos, América Latina tuvo el 88% de los homicidios.

En el caso de México hubo una reducción del 42% en los asesinatos de activistas respecto a 2021, señala el informe de Global Witness, presentado este martes 12 de septiembre. Aunque la organización internacional siguió mostrando su preocupación por el contexto que enfrentan los defensores en el país.

“En México ha habido un descenso importante en los asesinatos, lamentablemente las personas defensoras sufren ataques distintos. Nosotros documentamos asesinatos, pero hay una amplísima gama de ataques no letales que no terminan con la vida de las personas defensoras, pero que suponen un problema serio para sus vidas”, señala en entrevista Laura Furones, la autora principal del informe de Global Witness.

La especialista se refiere a las amenazas contra los defensores, la criminalización de sus actividades o incluso las denuncias judiciales que enfrentan por realizar su labor.

“Siempre es una buena noticia que las cifras bajen, pero esto no necesariamente implica que la situación global esté mejorando”. añade Furones.

¿Por qué América Latina concentra ocho de cada 10 homicidios de defensores del medio ambiente? La experta considera que esto tiene varios factores: primero está la capacidad de acción de las organizaciones sociales en la región latinoamericana, luego la impunidad en los homicidios de activistas y por último la falta de respeto a los derechos humanos de las empresas que llevan a cabo actividades extractivas o de infraestructura.

En 2022, los activistas fueron asesinados en México por defender recursos naturales como sus tierras y agua, además de la lucha que dieron en contra de la minería, la producción de recursos agrícolas o la explotación del petróleo.

En los últimos años, los defensores del medio ambiente también han alzado la voz contra la construcción de megaproyectos que podrían tener repercusiones en la naturaleza, por ejemplo, el Tren Maya, ubicado en la zona sur de México; la hidroeléctrica del estado de Morelos; el Corredor Interoceánico que conectará a Oaxaca con Veracruz, o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles(AIFA) en el Estado de México.

“Estamos viendo que el planeta está llegando a su límite y hay que parar esta explotación de la tierra. México en particular tiene una sociedad civil muy activa, muy potente, y cuando las personas se atreven a alzar la voz se exponen a un gran riesgo”, critica Furones.

Impunidad: permiso para matar a defensores de derechos del medio ambiente

El informe de Global Witness destaca que de los 31 defensores del medio ambiente asesinados en México durante 2022, la mitad eran personas indígenas, lo que refleja la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población. Otras cuatro de las víctimas eran abogados.

Uno de los motivos por los que en México hay decenas de activistas asesinados es la impunidad, ya que en muy pocos casos los responsables de este crimen son castigados por las autoridades. 

“El mensaje es muy claro: matar a una persona defensora sale muy barato porque no hay consecuencias”, lamenta Furones.

Global Witness retoma estudios hechos por otras organizaciones nacionales e internacionales, en los que se calcula que el 90% de los homicidios de los defensores del medio ambiente y de la tierra no son castigados.

Furones cuestiona que en los pocos casos que sí son llevados ante la justicia, es frecuente que las personas investigadas sean los autores materiales del crimen, pero se deja de lado a las mentes intelectuales.

“Normalmente quien acaba enjuiciada, a lo que más se puede aspirar, es que acabe enjuiciada esa persona que cometió el delito, pero a la empresa minera, a las empresa de agronegocios, a las empresa de hidroeléctricas, a las empresas de tala de bosques muy rara vez se les pide declarar en estos juicios cuando acontecen”, dice la especialista.

Consecuencia de la impunidad en el país, Global Witness no pudo identificar a las personas que perpetran los ataques, pero el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene registrado que el 43% de las agresiones provienen de servidores públicos y el 33% del crimen organizado.

Aunque en México existe este Mecanismo de Protección, muchos activistas han acusado su falta de resultados. Apenas el pasado 29 de agosto, defensores de derechos humanos y ambientalistas del estado de Chihuahua interpusieron un amparo indirecto en contra de esta entidad, debido a que autoridades federales, estatales y municipales han incumplido con su labor de proteger la vida de estos activistas.

¿Cómo frenar las agresiones contra los defensores?

Laura Furones alerta que la prevención de los asesinatos de los defensores es tan urgente como el cambio climático. La experta de Global Witness identifica dos claves para reducir los asesinatos de este sector de la población: que los gobiernos se esfuercen más en la protección de los ambientalistas y que las empresas que explotan el medio ambiente sean más responsables.

Sobre el primer tema, la especialista hace énfasis en que los gobiernos primero deben prevenir estos crímenes. Luego, si ya ocurrió un asesinato, se deben acelerar las investigaciones para que no haya más impunidad.

“Los Estados deberían priorizar ante todo la protección de estas personas”, señala Furones. “Cuando una persona pide ayuda al Estado, se debe tener la capacidad de responder porque en muchos de los casos de asesinatos la persona defensora había pedido medidas protectoras y el Estado no se las había dado”.

Y si un homicidio de un ambientalista ya ocurrió, “tiene que haber un Estado que incluya un sistema judicial independiente, robusto y efectivo que asesore que ese ataque no quede impune”. 

En lo que corresponde a la responsabilidad que deben tener las empresas, la investigadora de Global Witness señala que algunos conflictos ambientales empiezan porque las compañías privadas ignoran a las personas que viven en las comunidades donde se asentarán y que se verán impactadas por el proyecto.

“En zonas donde hay que hacer una consulta previa a la gente que vive ahí, que son pueblos indígenas o comunidades locales, estas consultas muchas veces no suceden”, cuestiona la especialista.

“Las empresas tienen la responsabilidad, la obligación, de consultar antes de llevar a cabo estos proyectos para asegurar que no son destructivos”, concluye Furones.