El urgente ‘descongelamiento’ de la ley de desplazamiento forzado ante los damnificados de Otis

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, una organización social especializada en temas de derechos humanos, interpuso un amparo para que el Senado de la República “descongele” una ley de desplazamiento forzado interno, ante el riesgo de que los habitantes de Acapulco y otras comunidades tengan que abandonar sus hogares por las afectaciones del huracán Otis.

Desde 2020, el Senado no ha aprobado una ley con la que se crearía un fondo especial para ayudar a las personas que tienen que abandonar sus hogares, entre otras situaciones, por los efectos de desastres naturales como el huracán Otis. La legislación también contempla las medidas que los tres niveles de gobierno deberían tomar para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado.

El huracán Otis dejó afectaciones en 273 mil viviendas, por lo que, a través de su amparo, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico busca que el Poder Judicial ordene al Senado la aprobación de la ley de desplazamiento forzado que podría servir para proteger a los damnificados de Acapulco.

“Ahora que pasa la desgracia del huracán Otis nos damos cuenta que muchas personas, derivado de este fenómeno natural, se van a ver obligadas a irse de su hogar y trasladarse a otras partes”, señala Mariana Calderón, directora del Consejo Nacional.

En México al menos 22 mil personas se han desplazado de sus hogares por los efectos de un desastre natural, de acuerdo con el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Calderón reconoce que las autoridades se han movilizado para atender las necesidades básicas de la población afectada por el huracán Otis —como acceso al agua, comida y electricidad—, pero poco se ha hablado de las personas que podrían salir de Acapulco porque sus hogares quedaron destruidos.

“Lo primero que se está haciendo es atender la necesidad primaria de la gente, pero ni siquiera se ha identificado o se ha hablado de que muchas personas se han tenido que ir de sus residencias, de sus hogares, porque no había las condiciones para que pudieran habitar de forma segura (sus viviendas)”, señala la directora del Consejo Nacional.

El gobierno federal destinará, de inicio, 10 mil 471 millones de pesos para atender las viviendas afectadas por el huracán Otis en Acapulco. Dependiendo de los daños, cada familia podría recibir hasta 60 mil pesos para reparaciones.

Sin embargo, Mariana Calderón insiste en que las familias que perdieron sus hogares no solo sufren esta pérdida material. “Cuando a una persona se le obliga a desplazarse de su hogar, de su tierra, no solo le afecta ya no estar en ese lugar, se afectan otros derechos humanos, como la salud o el acceso al alimento”, señala.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico tramitó esta semana su amparo para descongelar la ley de desplazamiento forzado interno, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados desde septiembre de 2020.

Ahora será un juez el que podría definir el rumbo de la legislación que está paralizada en las comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.

Desplazamiento forzado en México, un problema que afecta a cientos de miles

La coyuntura del huracán Otis fue aprovechada por el Consejo Nacional para presionar la aprobación de la ley de desplazamiento forzado, pero en los últimos tres años otras organizaciones defensoras de derechos humanos también han hecho énfasis en la necesidad de tener esta legislación, sobre todo por quienes abandonan sus hogares por la inseguridad que hay en el país.

Si bien hay al menos 22 mil víctimas de desplazamiento forzado por desastres naturales en México, hay otras 238 mil personas que abandonaron sus hogares por motivos de inseguridad y violencia.

Estas son cifras del Inegi, una institución gubernamental autónoma, mientras el gobierno federal, las autoridades estatales y municipales no tienen estadísticas al respecto.

La ley desplazamiento forzado que está congelada en el Senado propone la creación de un Registro Nacional que serviría para conocer cuántas personas han abandonado sus hogares por desastres naturales, conflictos armados, inseguridad, violencia o violaciones a derechos humanos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), otra asociación civil que le da seguimiento al tema, reportó este año que en el país hay 386 mil víctimas de desplazamiento forzado, sobre todo por conflictos territoriales, crimen organizado y violaciones a derechos humanos.

Guerrero, impactado por el huracán Otis hace dos semanas, forma parte de los estados con más personas desplazadas por estos motivos. Entre 2016 y 2021, al menos 23 mil personas que vivían ahí abandonaron sus hogares, señaló la CMDPDH en su último reporte anual.

Comunidades desplazadas por el crimen organizado, periodistas perseguidos por realizar su labor y activistas son algunos de los actores que han pedido al Senado aprobar la ley de desplazamiento forzado, un fenómeno que ahora podría impactar a los damnificados del huracán Otis.