Liberación de militares en caso Ayotzinapa, culpa de FGR y Ejército: Santiago Aguirre

Un trabajo deficiente de la Fiscalía General de la República (FGR), más la defensa activa del Ejército hacia sus elementos, provocaron que el pasado fin de semana ocho militares acusados por el caso Ayotzinapa salieran de prisión para llevar su proceso en libertad, considera Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humano Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Luego de la revocación de la prisión preventiva oficiosa para los ocho militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, la FGR y el gobierno federal acusaron al Poder Judicial de “obstaculizar y entorpecer el desarrollo” del caso. Sin embargo, Aguirre va más allá de eso. El defensor apunta al papel que la Fiscalía y el Ejército han jugado en este asunto.

“Lo que está ocurriendo es también consecuencia de una fiscalía que no funciona y es consecuencia también de una Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que está activamente defendiendo a estos elementos”, menciona el director del Centro Prodh.

El propio Consejo de la Judicatura Federal publicó un comunicado el 22 de enero, en el que señaló que los ocho militares llevarán su proceso en libertad porque la FGR no impugnó esta determinación.

El último año y medio las familias de los 43 normalistas, así como los especialistas y las organizaciones que les acompañan, han denunciado públicamente las fallas de la FGR y del gobierno: desde el desmantelamiento de la Fiscalía especial que investigaba la desaparición, hasta la presentación de pruebas falsas sobre el paradero de los estudiantes.

Sin ir más lejos, el 11 de enero de este año las familias de los 43 normalistas acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “de ser tramposo” por querer dividirlos a ellos, a los especialistas y a las organizaciones sociales que les acompañan.

El Centro Prodh es una de las organizaciones sociales que desde hace casi diez años ha dado acompañamiento a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Esta asociación civil —al igual que Fundar, Tlachinollan y Serapaz— ha sido criticada por López Obrador, quien incluso llegó a decir, sin pruebas, que el Centro Prodh ayudó a liberar a un presunto implicado que fue víctima de tortura.

Aguirre es contundente ante estos señalamientos: “esto lo lo entendemos como parte de un intento de desviar la conversación de lo relevante, y lo relevantes son los pendientes del caso”.

La-Lista (L-L): ¿Qué representa para el caso Ayotzinapa la liberación de ocho militares presuntamente implicados?

Santiago Aguirre (SA): Primero que nada es muy importante enfatizar que esta decisión es un cambio de medida cautelar, es decir, estas personas siguen teniendo el carácter de procesadas, siguen siendo juzgadas y no han sido exoneradas por los cargos que se presentaron en su contra. Aclarado esto, para nosotros son importantes tres temas en lo particular.

Las organizaciones de derechos humanos hemos estado, desde hace muchos años, en contra del abuso de la prisión preventiva oficiosa. Cualquier persona acusada de un delito debería poder enfrentar su acusación en libertad, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la legislación procesal penal, pero es justo en ese tema donde tenemos discrepancia con esta resolución. Sin defender la prisión preventiva oficiosa, en este caso (de los ocho militares) nos parece que había riesgo de fuga y pudo haber prevalecido la prisión preventiva justificada.

Esto me lleva al segundo tema. Es muy importante enfatizar que detrás de esta terminación está el trabajo deficiente de la FGR. Era la Fiscalía la que tuvo que haber aportado elementos para establecer que correspondía imponer la prisión preventiva justificada y no lo hizo. De hecho, la Fiscalía es la que acaba pidiendo la prisión domiciliaria y y eso es muy importante señalarlo.

Y tercer tema: detrás de esta determinación también está el trabajo de la Sedena que está brindando apoyo jurídico a los procesados, aunque en público aparecen abogados particulares, por cierto, de despachos cuyos servicios son muy onerosos.

L-L: ¿Es ilegal que el Ejército brinde este apoyo jurídico a sus elementos?

SA: Lo que vemos es que en las audiencias, en conjunto con estos abogados particulares, siguen interviniendo y apareciendo abogados que son parte de la Sedena. Ahí hay una utilización muy desviada de la figura de Defensoría de Oficio Militar porque esta debe entenderse excluyente cuando hay abogados particulares.

La Defensoría de Oficio se ha entendido siempre como una defensa que se presta para quien no puede sufragar el costo de un defensor particular. En el caso de los militares procesados dentro del expediente Ayotzinapa se está yendo más allá porque sí tienen defensores particulares y, sin embargo, ahí interviene activamente la Sedena.

Esto lo estamos encontrando en otros casos de derechos humanos donde también están apareciendo abogados militares para defender a castrenses acusados de los más graves cargos. En Ayotzinapa, por ejemplo, desaparición y delincuencia organizada. Eso nos parece muy irregular.

L-L: ¿Y la FGR qué papel ha jugado en este caso?

SA: Perdimos cuando fue relevado el anterior fiscal (Omar Gómez Trejo). No lo limitaría al fiscal como titular de la oficina, sino que se había conformado un equipo que ya tenía experiencia en el caso y que, aunque no siempre coincidimos con sus tesis o con las figuras que utilizaron, al menos estaban intentando avanzar en el esclarecimiento lo que ocurrió (con los 43 normalistas).

La que tuvo que aportar pruebas para mostrar que subsistía el riesgo de fuga (en el caso de los ocho militares) era la FGR. No lo hizo y en vez de profundizar en su trabajo, corregirlo, lo que se anuncia con un boletín, que tiene una redacción muy vehemente, es que se investigará a los jueces y magistrados, que es un camino que nosotros no compartimos, es un camino errado.

L-L: ¿Sí existían elementos para sostener el riesgo de fuga?

SA: Nosotros estimamos que sí. Pongo un ejemplo: a los militares se les permite ir a prisión domiciliaria sin que siquiera hayan acreditado bien sus domicilios particulares, ellos brindan como domicilio las instalaciones castrenses.

Si tú y yo fuéramos el día de mañana juzgados, si nos imputaran delincuencia organizada y pidiéramos cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria sin acreditar nuestros domicilios particulares, ningún juez en este país nos brindaría ese beneficio.

Es ese trato desigual, muy obsecuente cuando se trata de militares procesados, el que lastima a las familias y abona la percepción de de impunidad en el caso.

L-L: El gobierno criticó al Poder Judicial por esta resolución, ¿cómo ve ese conflicto?

SA: Lo que estamos viendo es cómo esta determinación se utiliza para continuar con el conflicto que tiene el actual Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Por eso es muy importante enfatizar que detrás de esta terminación está el trabajo deficiente de la Fiscalía.

A nosotros, como una organización de derechos humanos que tiene más de 35 años en en este trabajo, no nos queda duda de que en efecto existen malas prácticas, nepotismo y corrupción en los Poderes Judiciales, nosotros encontramos estos vicios sobre todo en los Poderes Judiciales de los estados sin distingo de qué partido gobierne.

Entonces, reconociendo que hay muchas cosas que cambiar ahí, de todas maneras no podemos dejarnos ir en el engaño de que el grave problema de impunidad de México se va a resolver cambiando el mecanismo de selección de los ministros de la Suprema Corte, ese es un espejismo, es falso que así se resuelva el problema de impunidad. Lo que tendría que atenderse es la grave crisis de la FGR, una crisis que viene de mucho tiempo atrás, pero que en este sexenio sea ahondó y que es una de las grandes decepciones que nos deja la administración de Andrés Manuel López Obrador.

L-L: ¿Qué sigue para el caso Ayotzinapa?

SA: Se van a presentar los recursos correspondientes (contra la liberación de ocho militares), eso sería lo que queda en la parte judicial vinculada a este tema de la orden de aprehensión.

Junto con eso quedan pendientes las búsquedas. Debemos reconocer que hay un equipo importante de servidores públicos haciendo esta labor de búsqueda en terreno, hasta el día de hoy buscando fosas clandestinas en el estado de de Guerrero, y lo digo porque se juegan la vida en ese estado donde gobierna la criminalidad organizada alrededor de Iguala.

Y finalmente hay otro gran pendiente: el de la reticencia del Ejército a entregar los documentos militares que están pendientes, que son concretamente los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala que no han sido entregados.

La respuesta del Poder Ejecutivo ha sido que los padres y las madres acudan directamente a buscar archivos en la Sedena, a lo cual los padres y las madres se han negado porque entienden que eso sería una simulación, que sería un mecanismo para tomarles la foto en instalaciones militares y dar por cerrado el tema.