Personas desaparecidas por las Fuerzas Armadas, mal registradas en nuevo censo de víctimas

Edmundo Reyes Amaya fue víctima de desaparición forzada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, a manos del Ejército y la policía local. Desde esa fecha su familia no ha dejado de exigir justicia e incluso han llevado su caso a diferentes instituciones oficiales. A pesar de eso, actualmente el gobierno alega que no tiene suficiente información para realizar la búsqueda del activista.

“Es una falta de responsabilidad, es una burla, una dilación”, reclama Nadin Reyes, hija de Edmundo. Ella más que nadie ha ido de institución en institución para pedir ayuda por su ser querido.

Su caso lo conocen, al menos, cinco instituciones: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Es por eso que a Nadin le sorprende que en el nuevo “censo” de víctimas de desaparición el gobierno federal haya colocado el caso de su papá en la clasificación de “se requieren datos de identidad”, lo que significa que las autoridades no tienen suficiente información para buscar a Edmundo, quien lleva casi 17 años desaparecido.

“Ellos tienen correctamente la información, si ellos se coordinaran se darían cuenta de que toda la información está ahí”, insiste Nadin. “Hay cuestionarios que se han hecho de características, fotografías. Todos los documentos que te hacen llenar, todo eso lo tienen y se les ha dado muchas veces”.

Su caso no es el único. La-Lista cotejó los nombres de más personas que han desaparecido supuestamente a manos de las Fuerzas Armadas y el resultado casi siempre es el mismo: el gobierno dice que no tiene suficiente información para buscarles.

El nuevo censo de víctimas de desaparición, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por las familias de personas desaparecidas, ya que contiene datos erróneos de la identidad de sus seres queridos o porque los han puesto en clasificaciones que no están avaladas por alguna ley.

Las clasificaciones “se requiere información de identidad” y “con identidad sin datos adicionales” son utilizadas por el gobierno para decir que no hay suficientes referencias de una persona desaparecida. Mientras la categoría “con indicios” quiere decir que una víctima apareció en una base de datos oficial —por ejemplo en un programa social o en un hospital público—, aunque aún no se le ha localizado físicamente.

Para Nadin, el uso de estas categorías significa “una falta de responsabilidad, de compromiso y de voluntad política por parte de este gobierno que quiere dejar toda la tarea a las familias”.

Caso Nuevo Laredo y Formando Hogar, otros ejemplos de fallas en el censo

Erika Arredondo lleva casi seis años buscando a su hijo Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido el 19 de febrero de 2018 en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Julio César es parte de una lista de decenas de víctimas que desaparecieron en 2018 a manos de la Secretaría de Marina (Semar). La CNDH y la FGR han acreditado la participación de elementos de esa dependencia en los delitos. Incluso la institución ofreció una disculpa pública en 2021 por los crímenes de Nuevo Laredo.

Aunque el caso también es conocido por la CNB, la CEAV y la Secretaría de Gobernación (Segob), que ha tenido reuniones con las familias, muchas de las víctimas se encuentran mal clasificadas en el nuevo censo de personas desaparecidas.

“A estas alturas ya no me sorprende nada. Es ilógico que digan que no tienen datos cuando por años se les ha proporcionado mucha información”, reclama Erika, quien descubrió que su hijo Julio César está dentro de la clasificación “con identidad sin datos adicionales”.

En cada dependencia a la que acudió —relata Erika— entregó fotografías y las descripciones físicas de su hijo. En algún momento la FGR hasta logró la vinculación a proceso de los marinos involucrados en la desaparición de Julio César, pero al final interpusieron un amparo y lograron su libertad.

Otras víctimas de este caso que están mal clasificadas en el censo son Marco Antonio Romero Sánchez, Juan Carlos Zaragoza González, Israel Jiménez Palacios, Brandon Eduardo Nevarez García, Victor Armando Martínez Frausto, Adolfo Ángel Chigo Villegas, Jorge Antonio Hernández Domínguez y Daniel Gerardo García Ramírez.

“Hace mucho tiempo que dejé de creer en la justicia en México, parece que contra la Marina nunca vamos a poder”, lamenta Erika.

Otro caso de desaparición forzada con los mismos problemas es el de la colonia Formando Hogar en el Puerto de Veracruz. Aquí son ocho jóvenes los que fueron desaparecidos en 2013 en operativos realizados por la policía local, aunque también hay indicios de la participación de la Policía Naval de la Semar.

Las víctimas de Formando Hogar son Ricardo Adrián García Cruz, Pablo Darío Miguel Hernández, Yonathan Izac Mendoza Berrospe, José Armando Cortés Arrioja, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Vicente Audelo Helos y José Ignacio Cruz González.

Todos ellos están dentro de las clasificaciones “se requiere información de identidad” y “con identidad sin datos adicionales”, a pesar de que sus familias han proporcionado todo lo necesario a las autoridades para llevar a cabo su búsqueda.

Un familiar de una víctima, que pidió guardar el anonimato por seguridad, relata que meses después de la desaparición de su hijo proporcionó sus muestras de ADN a las autoridades, con lo que podrían realizar una identificación.

“Este (censo) está mal porque les hemos dado los datos suficientes para que identifiquen”, critica la familiar.

Otros registros fallidos

Las fallas en el nuevo censo de víctimas de desaparición han quedado evidenciadas por organizaciones sociales, activistas, familiares de víctimas y medios de comunicación. Los errores no se limitan a casos de desaparición forzada cometidos por las Fuerzas Armadas, sino que están presentes en asuntos en general.

El sitio especializado A dónde van los desaparecidos documentó el caso de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecidos a manos del Ejército el municipio de Buenaventura, Chihuahua, en 2009.

En el nuevo censo, Nitza, José Ángel y Rocío Irene aparecen en la categoría “se busca reportante”, a pesar de que su caso ya tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con la que se responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición de los tres.

A dónde van los desaparecidos encontró más de 260 casos de desaparición que están clasificados de forma errónea en el nuevo censo, a pesar de que algunos asuntos han sido revisados por instancias internacionales.

La semana pasada Ana Enamorado, mamá de Óscar Antonio López Enamorado, un menor de edad hondureño desaparecido, protestó en frente de las oficinas de la CNB para pedir que el gobierno reinicie la búsqueda de su ser ser querido.

López Enamorado se encuentra bajo la categoría “se busca reportante”, a pesar de que su mamá fue a protestar frente a la CNB.

Casos como este han visto la luz en las últimas semanas, reflejando las fallas del gobierno en su política contra la desaparición.