AMLO propone ampliar la prisión preventiva oficiosa; colectivos lo acusarán en la CoIDH

Luego de que Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa en el país, colectivos que defienden derechos humanos informaron que por esta propuesta acusarán al presidente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El pasado lunes 5 de febrero, López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional para que se dicte prisión preventiva oficiosa a quien cometa extorsión; narcomenudeo; delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados; defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El presidente López Obrador argumentó que la reforma al artículo 19 de la Constitución Política serviría para garantizar la “paz, seguridad, salud y continuar con acciones en beneficio de la población”.

Sin embargo, esta propuesta es contraria a dos sentencias que la CoIDH dictó al Estado mexicano el 7 de noviembre de 2022 y el 25 de enero de 2023. En sus resoluciones, el organismo internacional pidió a México eliminar la prisión preventiva oficiosa.

La CoIDH pidió esto luego de revisar el caso de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, quienes fueron detenidos arbitrariamente el 12 de enero de 2006. Los tres estuvieron en prisión preventiva durante dos años y medio, hasta que se declaró su inocencia del delito de delincuencia organizada.

El otro asunto que revisó la CoIDH fue el de la detención arbitraria de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Ambos estuvieron bajo prisión preventiva por 17 años acusados de un homicidio del que nunca se pudo comprobar su responsabilidad.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el Colectivo Pena sin Culpa, que acompañaron estos dos casos, señalaron que informarán conjuntamente a la CoIDH sobre la reforma propuesta por López Obrador, ya que contradice las dos sentencias emitidas por el organismo internacional.

“La reforma propuesta es violatoria de los compromisos internacionales y de las obligaciones de respeto y garantía de la Convención Americana sobre derechos humanos, al principio de progresividad y configura un desacato a las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Tzomplaxtle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro, en los que se condenó a nuestro país por esta figura y se ordenó su reforma a nivel legal y constitucional como parte de las garantías de no repetición”, indicaron los dos colectivos en un comunicado de prensa.

México ha ampliado el uso de la prisión preventiva oficiosa desde 2008 para múltiples delitos. Con esa tipificación, y mientras un juez determina si la persona es culpable, se van a la cárcel automáticamente quienes cometen delitos como delincuencia organizada, homicidio, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación o uso de programas sociales con fines electorales.

En 2019, ya con Andres Manuel López Obrador en la Presidencia, fue la última vez que el gobierno federal impulsó una nueva reforma para ampliar la prisión preventiva oficiosa.

Ante la nueva propuesta del presidente, los colectivos de derechos humanos señalaron: “El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión deben dar pasos decididos de verdadera voluntad política para iniciar el proceso de reforma constitucional y cumplir su obligación con las sentencias internacionales, eliminando de la Constitución la prisión preventiva oficiosa”.