Reforma al outsourcing: se perderían casi el doble de empleos formales creados este año
Se registró una reincorporación anual de 10.7 millones de personas en la población económicamente activa. Foto: Ben White / Unsplash.

El panorama para el empleo formal en México es retador. El debate sobre la reforma laboral en materia de contratación de personal pone a las empresas en un momento crucial y a los empleados formales en riesgo.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandara la propuesta para regular la figura del outsourcing que fue utilizada para evadir responsabilidades laborales, ahora se busca, entre otras cosas, prohibir la subcontratación de personal.

Algo que pondría en riesgo al 10% de los empleos bajo esa figura, es decir a 460,000 personas que perderán o serán contratados a través de esquemas que no pagan impuestos como cooperativas y sindicatos, señala una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH). Una cifra que representa casi el doble de los 250,000 empleos formales generados durante el primer trimestre de 2021, reportados este lunes por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También lee: Reforma al outsourcing: ¿Por qué asusta a las empresas?

Otro de los hallazgos de la encuesta realizada a más de 3,500 empleadores de todo el país a diferentes sectores y tamaños, durante enero de 2021, explica que 2.7 millones serían contratado por esquemas como honorarios y asimilados a salarios, con el fin de disminuir entre un 25 a 30% la carga patronal o costo salarial. Algo que ocurriría principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), según la AMECH.

De prohibirse la contratación se pondría en riesgo a más de 3 millones de trabajadores formales y la pérdida de gran parte de sus prestaciones. El riesgo de caer en la informalidad y buscar oportunidades laborales en Estados Unidos está latente.

Contratación bajo otros esquemas

En caso de aprobarse la prohibición, y según con la AMECH, más del 90% de los empleadores están dispuestos a contratar a los 4.6 millones que trabajan bajo el esquema de subcontratación, pero a través de diferentes esquemas donde tampoco se paga seguridad social ni Impuesto Sobre la Renta (ISR) como:

  • Honorarios: pago que se le da a un trabajador independiente por una determinada labor u horas trabajadas, sin mantener una relación laboral con la empresa. El trabajador es el responsable de retener el ISR, es decir, de las obligaciones fiscales
  • Asimilados a salarios: pago a prestadores de servicios de forma esporádica o por determinadas temporadas, sin necesidad de brindar prestaciones de ley. La empresa se encarga del ISR
  • Derechos de autor: es un contrato no laboral en el que se encarga la producción o prestación de servicios a cambio de un pago determinado 
  • Pago a través de cooperativas y sindicatos: con contratos colectivos con malas prácticas como el incumplimiento de responsabilidades laborales o actos de simulación. Considerada por el SAT como una práctica fiscal indebida 

Juan Pacheco, socio director en De la Paz, Costemalle – DFK, explica que el abuso del esquema de outsourcing no solo se dio en el sector privado, sino también en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y que se sigue utilizando.

“Muchos patrones pagaban una parte oficialmente y otra “por fuera”, de esta manera se beneficiaba al trabajador quien recibía más, pero sacrificando sus prestaciones sociales y mermando la aportación a las instituciones (IMSS/ISSSTE, Infonavit, Afore)”.

Juan Pacheco, socio director en De la Paz, Costemalle – DFK

Con la nueva ley se establece los patrones que tienen personas bajo outsourcing tendrán tres meses para dejar de tercerizar y que aquellas empresas que se benefician de los servicios de las personas subcontratadas deberán actuar como patrones de manera directa, dejando de utilizar a las empresas de outsourcing.

Sin embargo, esto no significa que las prestaciones para los trabajadores aumenten, pues las condiciones laborales dependerán de cada patrón. “Si la persona estaba contratada con prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo (aguinaldo equivalente a 15 días, acceso a utilidades, vacaciones y prima vacacional), se podría asumir que su recontratación debería ser en los mismos términos”, señala Pacheco.

Aunque ve difícil que las prestaciones aumenten en su seguridad social completa (Infonavit y Afore) y en el acceso a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), aconseja que las personas que estén cambiando de patrón revisen que su antigüedad se respete en el nuevo contrato laboral.

¿Más empleo?… y riesgos de su aprobación

La línea es muy delgada entre sí la reforma generará más empleos o no. De acuerdo con Pacheco, si se cumple la ley los empleos que se creen tendrán cobertura de seguridad social que les corresponde, sin embargo, señala que será más caro para cualquier patrón contratar personal.

“Si no se llegara a cumplir la ley, el efecto sería mayor inseguridad jurídica al fomentar (aún más) la economía informal, siendo cada vez más difícil para el empresario formal competir contra la informalidad”, explica.

Dentro de los riesgos de su aprobación está mayor el desempleo formal, si el patrón decide contratarlos conforme a la ley los costos se incrementarán en 33% por la seguridad social que antes no pagaba o cubría sólo una fracción disminuyendo su posibilidad de contratar e incluso dejando de operar el negocio en su totalidad por falta de viabilidad económica. Pero si la contratación se da informalmente o con algún esquema evasivo el empleado no tendrá beneficio alguno y estará en riesgo permanente de perder el empleo en caso de una auditoría por parte de la autoridad.