El cierre de año fue interesante para el tema de la reforma al outsourcing en México, pues si bien el Ejecutivo federal acordó aplazar la presentación de su iniciativa en la Cámara de Diputados, será en febrero de este año cuando el debate se reinicie, y con ello detallar los pro y contra de este esquema laboral para las empresas y los trabajadores.
La iniciativa bajo el cobijo del presidente Andrés Manuel López Obrador busca regular la subcontratación laboral que, desde el punto de vista de su gobierno, ha sido aprovechada por empresarios para evadir impuestos y debilitar los derechos de los trabajadores.
No obstante, la iniciativa privada adoptó una defensa uniforme en torno a que el llamado outsourcing en sí no es negativo y que son algunas empresas las que han dado esta percepción negativa; subrayando que la propuesta -tal como viene del Ejecutivo- representaría un severo golpe para todas las empresas, no sólo para las que se pretende regular, y por lo tanto pondría en riesgo millones de plazas laborales.
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Raúl Carbajal, socio fundador de Carbajal Bermúdez Abogados, y Mario Navarrete, especialista legal de la consultoría Red Human, comparten los principales puntos para entender la reforma que se buscará ante el Congreso de la Unión y cuál será su impacto en las empresas y los trabajadores.
De inicio, coinciden en que la propuesta afecta a la subcontratación en general, principalmente a todas las prestadoras de servicio, pero más alarmante para las que no prestan su servicio de acuerdo a lo que plantea el gobierno.
“Las más preocupadas deben ser las empresas prestadoras de servicio, ya que la mayor regulación de la iniciativa es para ellas”, señala Carbajal.
Por otro lado, apunta que la iniciativa no prohíbe la subcontratación, sólo una parte: la subcontratación no especializada, siendo esto una reconceptualización que plantea que solo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.
Pero desde su punto de vista representará un freno para las empresas prestadoras de servicios, ya que “cualquier empresa necesita de prestadores de servicio en su ramo, es algo natural en los negocios”, y sobre todo en aquellas que por su tamaño y capacidad no pueden cubrir todo el espectro de su ramo, pero necesitan de ese servicio para funcionar.
“Los pequeños y medianos negocios están aterrados de esta reforma, no sólo los grandes corporativos. Todas las pymes tienen algún tipo de outsourcing funcionando en donde se permite tener esquemas más eficientes de remuneración al personal, contrario a sí se aprueba la reforma, donde hay temas de hasta responsabilidad fiscal y penal”, Juan Pacheco del Río, socio director de la firma De la Paz Costemalle-DFK.
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Otro punto de la iniciativa oficial pretende que las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.
Es decir, que quién contrate la prestación de servicios será responsable solidario si la empresa contratada incumple con las obligaciones hacia los empleados, tales como el salario o prestaciones; que en el análisis del especialista pone en desventaja al contratante, pues tendría que responder por las irregularidades o faltas de otra empresa.
También se plantea que las prestadoras de servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y deberá ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público.
“Esperar estos permisos de la STPS no solo afectaría los costos de las obras, sino que también impactarían el bolsillo de los inversionistas”, advierte Pacheco del Río.
Mientras que Carbajal señala esto como una limitante para el funcionamiento de las empresas, ya que le quita la decisión de a quién pueden o no brindarle sus servicios y deja en manos de la autoridad un elemento que debería recaer en la propia compañía.
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Aunado a esto, Navarrete señala también como una medida de control la propuesta en materia fiscal que impiden a los contratantes deducir los pagos por concepto de subcontratación de personal; las multas que van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos; así como la de procesar como delito de defraudación fiscal las irregularidades.
“¿Contratar un outsourcing será un delito? No, no se aumento ningún tipo penal. Lo único que se cambio es el delito de defraudación fiscal para que sea un delito calificado, lo que aumenta la pena. (Pero) no se puede cometer defraudación fiscal en materia de subcontratación, porque está contemplada en defraudación fiscal equiparada. No hay consecuencia en materia penal, en la iniciativa enviada por el Ejecutivo”, explica Rául Carbajal.
Impacto de la reforma del outsourcing para el trabajador:Ventajas Desventajas Proteger derechos laborales del trabajador. Perder su trabajo (desaparición de plazas laborales). Sean contratados con prestaciones de ley. Menos empleos formales con prestaciones (incentivo a la informalidad) Pago correcto de sus impuestos y seguridad social. Escasez de empleos con prestaciones adicionales (debido al aumento de las mismas)
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