Los accionistas no pueden obligar a las empresas a actuar moralmente, pero los gobiernos sí

Mark Carney (el exgobernador del Banco de Inglaterra) se lo dejó bien claro a los capitalistas del laissez-faire en su conferencia de Reith la semana pasada. Siempre ha habido una dimensión moral en la venta de cosas, dijo a todos los defensores del libre mercado. Su propia Biblia se lo diría.

La biblia en cuestión fue escrita por Adam Smith, el filósofo moral y economista escocés del siglo XVIII cuya frase “la mano invisible” sale a relucir por todos los evangelistas promercado deseosos de justificar la idea de que los gobiernos deben dejar que las empresas sigan vendiendo sin trabas, excepto por las regulaciones más básicas.

Milton Friedman, el gurú monetario de los principales asesores de Margaret Thatcher, fue citado por abusar deliberadamente de los argumentos de Smith, aunque hay muchos otros que todavía se ganan la vida en los centros de investigación de derecha del mundo que cayeron en la misma mala interpretación, dijo Carney.

Smith usó la frase solo una vez en su libro más importante, La riqueza de las naciones (y solo tres veces en todo su canon). Pero dedicó muchas páginas a la necesidad de un estado activo y, después de observar sus efectos en el prójimo, a la idea de que los ricos propietarios del capital deberían observar una moral superior que circunscriba sus actividades.

La economía, lejos de ser una rama de las matemáticas, como se define tan a menudo en las universidades británicas, estaba, dijo Carney, guiada por la filosofía de la época y, por lo tanto, era profundamente política.

Smith vivió en una época religiosa y apeló a la caridad de sus lectores. Sin religión, los directores ejecutivos solo tienen el afán de lucro y sus bonos para guiarlos. Y con el capital a menudo en manos no de un solo propietario-administrador, sino de millones de accionistas, es menos claro para los votantes y el público en general cómo los sentimientos morales de Smith se pueden traducir en acciones en estos días.

Esta pregunta es especialmente importante ya que Gran Bretaña se prepara para abandonar el bloque comercial de la UE. Tanto si se llega a un acuerdo como si no, el Brexit se sustenta en la creencia neoliberal de que el mercado “neutral” debe reafirmarse lejos de la interferencia de los eurócratas. Esa es la opinión de la mayoría entre los votantes británicos, independientemente de lo que crean los partidarios del Brexit de izquierda, y ciertamente es la opinión del gobierno, a pesar de todo un guiño al cambio climático.

Carney cree que obligar a las empresas a ser transparentes en sus estrategias y el impacto que tienen en las partes de interés (stakeholders como el personal, la comunidad, el medio ambiente) es un complemento importante de la acción del gobierno, ya que les da a los accionistas las municiones que necesitan para imponer sentimientos morales a los managers de sus activos.

El problema es que los accionistas son un grupo distante y desconectado. Incluyen los fondos patrimoniales de escuelas privadas, universidades y personas adineradas, los fondos soberanos de las naciones ricas en petróleo y los fondos de pensiones occidentales que representan a cientos de millones de ahorradores, la mayoría de ellos vueltos piedra ante cualquier caída en los ingresos de jubilación. Estas no son las personas que deben actuar, al menos no en su papel de inversores.

Un número creciente de ricos quiere “hacer el bien” con sus miles de millones. Bill Gates es un ejemplo clásico de alguien que ha rechazado a los superyates a favor de gastar en remedios para la salud de los más pobres del mundo. Sin embargo, es un donante de un solo tema, centrado en la malaria, la poliomielitis y, últimamente, Covid-19. Lo que Carney está abordando, incluso si su solución es defectuosa, son males más amplios.

El fin de semana pasado, los suizos votaron en un referéndum que habría permitido a las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos o daños ambientales demandar a las empresas suizas en los tribunales suizos. Según la iniciativa, las empresas tendrían que demostrar que habían tomado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño.

Después de 10 años de campaña, primero por un grupo de siete organismos civiles, incluida Amnistía Internacional y, desde un reinicio en 2016, por una coalición de 450 organizaciones, desde iglesias hasta grupos ambientales, la Iniciativa de Negocios Responsables (INR) logró el 50.7% de los votos, pero luego no consiguió la mayoría en cada uno de los cantones suizos.

Los líderes empresariales suizos, algunos de ellos con acusaciones en contra por explotación de mano de obra infantil, quema a de selvas tropicales y contaminación de ríos, vieron que la INR los haría responsables de las acciones de proveedores independientes. Respaldaron una versión más moderada, que adoptó el gobierno, que obliga a las empresas a fortalecer el control de sus propias operaciones y proveedores en el extranjero.

Esto equivale a otra forma de autorregulación que no puede tener éxito cuando las empresas, bajo presión para aumentar las ganancias, toman medidas que aumentan sus costos. Solo la acción popular entre partidos, que obliga a los gobiernos a imponer reglas sobre el comportamiento empresarial, puede inyectar algo de moralidad en donde casi no existe de manera manifiesta.

Traducido por Andrés González