De acuerdo con la UNAM, un proceso de gentrificación implica una rehabilitación urbanística y social de una zona deprimida o deteriorada, que provoca el desplazamiento de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto.
En los últimos días ha sido de conocimiento público una serie de manifestaciones que se han dado en la Ciudad de México a propósito del proceso de acelerada gentrificación que han vivido diversas colonias que, con vocaciones históricamente distintas, hoy se han convertido en polos de atracción para el turismo con el encarecimiento de la vida que eso genera para los habitantes naturales.
Normalmente se asume que este fenómeno se vive en las grandes urbes en donde los niveles de sofisticación que el estilo de vida va ganando generan que la llegada de nuevas personas obligue al desplazamiento de las que originalmente se encontraban ahí, sin embargo, esto no es del todo cierto, pues en las zonas rurales estos procesos también se viven y su visibilización es claramente inferior.
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Entre otras cosas, el propio mercado es el que está obligando a la realización de esta serie de ajustes, pues hoy la buena ubicación que, por ejemplo, pueda tener un inmueble inmediatamente lo convierte en un objeto del deseo de muchas personas dispuestas a desembolsar importantes cantidades de recursos para hacerse del mismo.
No obstante, en este caso nuestro país y otros países se encuentran con esta realidad impuesta por el mercado ante la que, en realidad han hecho poco. Esto es, con las capacidades con que cuenta el Estado para regular fenómenos que irrumpen de manera a veces inesperada, las expectativas de una regulación eficaz se convierten muchas veces en una aspiración por definición legítima, pero a en muchas ocasiones muy lejana por parte de quienes reclaman un rol activo por parte de este.
Desde luego, reclamar del Estado este rol lleva invariablemente a una posible colisión entre derechos y principios, pues es muy común observar que buscar que haya un ejercicio correcto del conocido como “derecho a la ciudad” suele conllevar fuertes tensiones con el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Ideas como establecer límites en el cobro de la renta o la protección de las condiciones de los inquilinos frente a desalojos o desocupación inmobiliaria, produce a menudo la idea de una restricción a la propiedad privada o a la libertad contractual.
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A pesar de lo anterior, este reclamo de un “endurecimiento” en el establecimiento de reglas por parte del Estado además de polémico no ha dado resultados. Y es que esta exigencia ha hecho que se deje de observar un hecho cierto: las políticas públicas existentes han llevado a esta distorsión gracias a razones tan poderosas como son la propia especulación inmobiliaria y una planificación urbana que además de deficiente no ha tenido cabida para la participación ciudadana en su diseño e implementación.
Hoy barrios como Miraflores en Lima, Bellavista en Santiago, Palermo en Buenos Aires, el Raval en Barcelona, Brooklyn en Nueva York y muchos otros más padecen este fenómeno, dejando claro que su presencia en tantos lugares es una señal clara del descuido que han tenido a lo largo de los años estas políticas y de lo complicado que es dar marcha atrás con toda la fuerza que pueda tener el Estado.
Modificar la realidad requiere de acciones y, los Estados, no han sido claros a la hora de tomarlas en lo relacionado con la gentrificación.