Otra de las consecuencias de la denominada “reforma de simplificación orgánica” aprobada a finales del año pasado es la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con la finalidad de que la responsabilidad de cumplir con su mandato fuera asumida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en aras de generar los ahorros de los que se nos ha hablado en los últimos años.
Si bien el CONEVAL desde hace algún tiempo fue considerado un Organismo Constitucional Autónomo (OCA), lo cierto es que por diversas razones esta institución nunca alcanzó a contar con esa naturaleza jurídica aun cuando nuestra Constitución previó que así fuera. Sin embargo, al paso de los años y pesar de encontrarse en la órbita del Poder Ejecutivo Federal este ente público se fue acreditando y los resultados que arrojaban sus evaluaciones se consideraron lo suficientemente confiables para que fueran tomados como referencia no sólo por el gobierno sino por una gran cantidad de personas.
En un país en el que buena parte del presupuesto se destina a financiar programas sociales que cada vez son más y que implican por tanto una mayor erogación de recursos públicos, la importancia de saber si hacerlo de una u otra manera tiene el impacto necesario para considerarlos eficaces, es evidente. De aquí que los países requieren de contar con instituciones técnicas que, si bien son parte del gobierno, realicen esta tarea con imparcialidad y tomando como base simple y sencillamente las evidencias necesarias. Esto hacía el CONEVAL.
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A partir de ahora esta tarea será desarrollada por el INEGI, que de acuerdo con la Constitución tiene “la responsabilidad de normar y coordinar” el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica” contando “con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia”. Además de lo anterior, la misma norma establece que en lo subsecuente este organismo “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley…”.
Indudablemente, siendo una institución que desde el 2008 tomó la forma de OCA, el INEGI se ha hecho de una excelente reputación a partir de la realización de un trabajo serio que en todo momento ha sido retomado por el propio gobierno para, entre otras cosas, el diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades de la sociedad. Asimismo, los resultados de su trabajo son utilizados por un sinfín de personas tanto para realizar propuestas al gobierno sobre la pertinencia de cambios en su quehacer como por ellas mismas para el desarrollo de sus propias estategias y toma de decisiones. En adelante, el INEGI asumirá el papel no solo de la captación, procesamiento y publicación de información sin ningún tipo de juicio, sino que también deberá evaluar e incluso emitir recomendaciones. Un cambio radical para un ente público cuyo trabajo se utilizaba para diseñar políticas públicas y no para evaluarlas.
Desde el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos daremos seguimiento a este replanteamiento que no solo eliminó a una institución valiosa sino que ahora pondrá a prueba a otra que a golpe de resultados fiables ha merecido contar con una destacada reputación a nivel nacional e internacional.