La UE apunta a la economía de guerra empujada por el conflicto Rusia-Ucrania
El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, hoy 3 de mayo. Foto: Oliver Matthys/ EFE/ EPA

La Unión Europea ha decido pasar a la “economía de guerra” empujada por las necesidades de Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, para lo que la Comisión Europea propuso hoy 500 millones de euros del presupuesto comunitario y medidas flexibles a fin de impulsar la producción de obuses y misiles en la UE.

“Cuando se trata de defensa, nuestra industria debe pasar ahora al modo de economía de guerra”, en palabras del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, quien presentó la iniciativa en una rueda de prensa.

Según dijo, “podemos y debemos revitalizarla para adaptarla a las necesidades de los conflictos de alta intensidad”.

Y aunque la UE no está en conflicto con Rusia, “hay una guerra en territorio europeo; toda guerra por definición es incierta y nos hemos comprometido a hacer todo lo que podamos para responder a las necesidades de Ucrania”, explicó Breton.

El comisario culminará el próximo lunes en España su recorrido por las factorías europeas que fabrican munición para conocer de primera mano su realidad.

ASAP, como han bautizado a la propuesta ley en apoyo de la producción de munición en Europa, corresponde a la tercera vía del plan europeo para donar a Ucrania un millón de rondas de munición en un año, que se suma a las que se refieren, en paralelo, a la entrega de todas las existencias posibles que tengan en su poder los estados miembros y a realizar pedidos comunes a la industria para que sean rápidamente repuestas.

Cofinanciación

La propuesta de la economía de guerra de la UE incluye un instrumento para apoyar financieramente el refuerzo de las capacidades de producción de munición en la industria de la Unión, así como un mecanismo para cartografiar, supervisar y prever los “cuellos de botella” en las cadenas de suministro.

También introduce un marco normativo temporal para hacer frente a la escasez de suministro de municiones.

La CE propone utilizar 500 millones de euros para cofinanciar proyectos, procedentes fundamentalmente del Fondo Europeo de Defensa (EDF), que aportaría 260 millones, y la futura ley de adquisición común (EDIRPA), presentada por la Comisión en julio pasado y aún por formalizar y de la que provendrían 240 millones.

No obstante, la propuesta deja claro que los países podrán recurrir también a Fondos de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional o el de Transición Justa para estos propósitos.

La idea es dar apoyo financiero en forma de subvenciones a diversos tipos de acciones que contribuyan a los esfuerzos de la industria europea de defensa por aumentar sus capacidades de producción y hacer frente a los cuellos de botella detectados.

La CE propone financiar un 40% y añadir otro 10% de incentivo si se crean asociaciones transfronterizas para la producción.

En concreto, se financiará la optimización, ampliación, modernización, mejora o reutilización de las capacidades de producción existentes, o el establecimiento de nuevas capacidades de producción.

También la creación de asociaciones industriales transfronterizas, la puesta a disposición de capacidades reservadas de fabricación de emergencia, los procesos de prueba o reacondicionamiento de munición y misiles obsoletos, o la readaptación y mejora de la cualificación de los trabajadores.

Además, la ley de la economía de guerra busca facilitar el acceso a la financiación para las empresas de la UE en el campo de la munición y los misiles a través de un “fondo de aceleración” específico.

Posibilidad de obligar a las empresas

Para garantizar la seguridad de los suministros la ley prevé medidas de emergencia temporales, como la posibilidad de activar, a petición de un Estado miembro contratante y de acuerdo con los Estados miembros afectados, pedidos prioritarios.

También se contemplan medidas para acelerar permisos y certificaciones y fomentar la contratación común y las transferencias.

En el caso de que una firma decline una solicitud el pedido se considerará denegado y, teniendo en cuenta debidamente las justificaciones invocadas por la empresa, la Comisión Europea podrá, de acuerdo con el Estado miembro en el que esté establecida, abstenerse de dar curso a la solicitud o, incluso, adoptar un acto de ejecución que “obligue a las empresas afectadas a aceptar o ejecutar la orden de clasificación prioritaria, a un precio justo y razonable”.

Y con vistas a cumplir con los objetivos de producción, se podrá recurrir temporalmente a las excepciones previstas en la directiva del tiempo de trabajo para ampliar los turnos en las factorías.

“Hay que respetar la legislación laboral, no se trata de cambiarla”, dijo en todo caso Breton, quien confió en que tanto ASAP como EDIRPA puedan ser adoptadas para finales de junio.

Con información de EFE.

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