Quintana Roo se tiñó se rojo con Carlos Joaquín González

Carlos Joaquín González asumió como gobernador de Quintana Roo el 25 de septiembre de 2016, en medio de una crisis política y económica que le heredó el priista Roberto Borge, quien está actualmente preso por delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública, en cuya administración brotaron los escándalos de corrupción y ataques a la libertad de expresión. 

El aliancista fue el primer gobernador no priista -aunque provenía del PRI- que gobernó el estado, al que le prometió “una verdadera transformación”, con mejores empleos, educación, seguridad y “un estado más parejo”.

“Desde hoy el sol vuelve a brillar para todos”, apuntaló el entonces candidato de la alianza PAN-PRD, un día después de su triunfo, el 6 de junio de 2016.

Su llegada al poder representó un cambio positivo para varios sectores de la sociedad civil, luego de seis años de descomposición política, señaló Cinthya Dehesa, presidenta de la organización anticorrupción Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia. 

A casi seis años de aquel triunfo histórico, las promesas se han desvanecido ante uno de los golpes económicos más fuertes en la historia de Quintana Roo: la pandemia de Covid-19, que cerró playas, hoteles, restaurantes y sitios turísticos. Y además, una ola de violencia que no cesa desde 2018 y tiñe de rojo este importante destino turístico. 

Hace cuatro años, la incidencia de delitos como homicidio doloso y extorsión se disparó. Las ejecuciones a mano armada se volvieron parte del paisaje en las periferias de Cancún y Playa del Carmen, las dos ciudades que concentran el mayor número de delitos. 

El estado es uno los destinos turísticos más importantes del Caribe Mexicano: recibe cada año a más de 14 millones de visitantes, es decir siete veces más que el número de habitantes que ronda los 2 millones. 

La escalada de violencia ha impactado no solo a la población local, sino también a turistas. Por ejemplo el 20 de octubre de 2021, dos grupos criminales se enfrentaron sobre la avenida más concurrida del centro de Tulum, provocando la muerte de dos turistas, de nacionalidad alemana e india, quienes se encontraban en el bar La Malquerida. 

Dos semanas después, el 4 de noviembre de 2021, en el hotel Hyatt Ziva Puerto Morelos, uno de los más concurridos por extranjeros, fueron ejecutadas dos personas tras la irrupción de un comando.

Un pánico similar vivieron los turistas del hotel Xcaret el 21 de enero de 2022, cuando dos turistas canadienses fueron asesinados en las instalaciones del complejo turístico, por una presunta rivalidad con un connacional. 

Incluso las playas de Cancún, Tulum o Isla Blanca han sido escenario de asesinatos con arma de fuego.  

La violencia ha hecho pronunciarse al país vecino, pues miles de sus connacionales viajan al estado del mar azul turquesa. El consulado de Estados Unidos mantiene advertencias de viaje debido a la delincuencia en el estado. 

Carlos Joaquín le hizo frente al inicio de la ola de violencia con la inclusión de Alberto Capella Ibarra como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, cuya estrategia se centró en la implementación de un Mando Único Policial, el cual consiste en asumir el control de todas las fuerzas policiales. 

Sin embargo, a casi tres años de su implementación, no se observa una reducción en la incidencia delictiva, según cifras oficiales. 

Además, el Mando Único Policial ha estado involucrado en por lo menos tres escándalos de uso excesivo de la fuerza. 

El primero se registró el 5 de junio de 2020 en las inmediaciones del Parque del Casco Antiguo en Puerto Morelos, cuando la policía detuvo con violencia a un grupo de manifestantes que se oponían a la demolición del quiosco principal. El segundo incidente ocurrió en la Plaza de la Reforma de Cancún, cuando al menos 70 policías accionaron sus armas contra feministas y periodistas, durante una protesta por el asesinato de la joven Alexis. Un tercer escándalo ocurrió el 28 de marzo de 2021, cuando una mujer salvadoreña perdió la vida tras ser detenida por la policía. Las tres corporaciones municipales están adscritas al Mando Único. 

Mónica Franco Muñoz, criminóloga e investigadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, considera que la construcción del Centro de Control, Comunicación, Comando y Cómputo (C5), otra de las principales apuestas del gobierno de Carlos Joaquín González en materia de seguridad, no ha tenido impactos notables en la reducción de la incidencia delictiva. 

Con una inversión de 377 millones de pesos, el complejo C5 ubicado en Cancún arrancó operaciones el 21 de junio de 2021, anunciado por el propio gobernador como “el más moderno de América Latina”. 

“Ese presupuesto no ha mostrado una significativa reducción de los homicidios, del narcomenudeo, también la desaparición de personas. No logra una contención de los delitos en la zona norte”, dijo la experta. 

Violencia de género

“¡Cero tolerancia a violencia contra las mujeres en Quintana Roo!”, fue una de las consignas de campaña de Carlos Joaquín González. 

El político asumió el poder del estado pocos meses después de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM), la cual implica una serie de compromisos por las autoridades estatales, a fin de reducir la incidencia de delitos por razones de género. 

En 2021, Quintana Roo ocupó la primera posición nacional en denuncias de casos de violencia de género, con una tasa de 9 mil 740 mujeres violentadas por cada 100 mil habitantes. 

Y de 2016 a 2021 los casos reportados en la plataforma del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres pasaron de 6 mil 437 a 34 mil 424. 

Y es que el sexenio actual ha estado marcado por casos brutales de feminicidios: 

Marlene, de 24 años, fue localizada muerta, envuelta en una sábana, el 13 de julio de 2021, en la región 101 de Cancún. El 7 de noviembre de 2020 los restos de Alexis fueron encontrados entre la basura, con huellas de violencia extrema. Los cuerpos de otras mujeres fueron ubicados en lotes baldíos y calles. 

Para 2021 se registraron por lo menos 25 casos de feminicidio.  

La organización feminista Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) apuntó que una de las deudas de Carlos Joaquín es la generación de alianzas con la ciudadanía para poner freno a la impunidad en el estado. 

“Todas las víctimas de desaparición que hay en el estado, todos los feminicidios, todos los crímenes que no han sido esclarecidos, es de lo más grave que Carlos Joaquín deja. Es algo que un gobierno no podría resolver del todo, pero en esta administración no se notó la voluntad política de avanzar hacia allá”, indicó una representante de la organización. 

Con respecto a la interrupción legal del embarazo, el 7 de abril de 2019 Carlos Joaquín presentó una propuesta de Ley al Congreso para la despenalización del aborto en el estado en todas sus causales. La propuesta estuvo congelada por lo menos dos años, hasta que en febrero de 2021 se elaboró un dictamen con base en todas las iniciativas en la materia presentadas. Finalmente, los legisladores locales fallaron en contra de las propuestas de reforma. 

Desaparecidos: la otra crisis

La desaparición de personas y la falta de acceso a la justicia para sus familias es otro de los pendientes del gobierno estatal, consideró el colectivo de búsqueda de desaparecidos de Quintana Roo, Verdad Memoria y Justicia. 

El pasado 10 de mayo las madres de personas desaparecidas marcharon para exigir al gobierno del estado y a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO) que cumplan con sus obligaciones de investigar las desapariciones en la entidad, expuso Romana Rivera, fundadora del colectivo. 

De 2016 a 2021, la desaparición de personas ha incrementado en más de 500% según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En Quintana Roo, 2019 fue el año con el mayor número de desapariciones, de acuerdo con los registros, con 349 casos. Tan solo en los primeros cuatro meses de 2022 ya se han reportado 170 casos. 

La mayoría de las mujeres desaparecidas tienen entre 10 y 24 años, mientras que en los hombres el rango de edad va de los 15 a los 34 años. 

Romana Rivera busca a su hija Diana García desde febrero de 2020, cuando fue raptada de un bar en el centro de Cancún junto a su pareja. La ahora activista apuntó que las autoridades no están actuando ante la gravedad de la situación. 

El colectivo aglutina a 22 familias, pero la cifra de personas desaparecidas y no localizadas es superior.

El gobierno del estado no cumple cabalmente con lo dispuesto en la ley con respecto a la implementación de mecanismos y protocolos, aseguró Ludovico Zamora, representante legal del colectivo Verdad Memoria y Justicia. 

La Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo se instaló en noviembre de 2019, con un año y medio de retraso, conforme a los establecido en la Ley. A la fecha, todavía no se concreta la conformación del Sistema Estatal de Búsqueda. 

Pobreza y desarrollo económico 

A Carlos Joaquín González le tocó una de las peores crisis económicas por las que ha atravesado Quintana Roo en su historia.

El estado que cerró 2016 con un crecimiento económico de 8.4%, en 2020, el año de la pandemia, ese indicador se desplomó a -24.1%, según cifras del Inegi. 

La caída siguió en el primer trimestre de 2021, con -14.3%, pero comenzó a recuperarse para el segundo trimestre de ese año, cuando se creció hasta 37.7% como efecto rebote. 

El 86% de toda la actividad económica de Quintana Roo depende de la industria turística. Entre los meses de abril y junio de 2020, ante el confinamiento estricto por la pandemia, la entidad recibió solo el 4% de los visitantes que tuvo en el mismo periodo de 2019, antes del Covid-19. 

La expansión global del virus dinamitó la industria y el modo de sustento de miles de pobladores. Despidos, descansos sin goce de sueldo y recortes salariales fueron parte de las medidas de las empresas hoteleras para reducir los impactos de la crisis. 

Entre 2018 y 2020 las personas en situación de pobreza extrema aumentaron a más del doble, al pasar de 69 mil a 199 mil entre 2018 y 2020, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El mismo informe indica que para 2020 prácticamente la mitad de la población del estado, 892 mil personas, se encontraban en situación de pobreza. 

Un paliativo ante la crisis fue la entrega de despensas a las familias más vulnerables. Posteriormente, el gobierno estatal anunció una serie de medidas económicas para apuntalar la recuperación, entre las que se incluyeron descuentos en el pago de impuestos y estímulos fiscales para las empresas. 

Durante 2021 se observó una recuperación de la actividad económica, lo cual se ha reflejado en los indicadores. 

Según la organización México Cómo Vamos, entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022, el estado redujo de 43 a 30% el porcentaje de la población en pobreza laboral, es decir, aquella cuyos ingresos de trabajo no le permiten adquirir la canasta básica. 

Con respecto al crecimiento, luego de la abrupta caída, al segundo trimestre de 2021 la actividad económica tuvo una recuperación del 37%, cerrando el año con 16.7%, según datos de la organización México Cómo Vamos. 

Luego de la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo, ya hay una recuperación de aproximadamente dos terceras partes, según la misma organización. Durante el primer trimestre de 2022 se generaron 12 mil 837 empleos. 

Deuda pública

Disminuir la deuda pública de Quintana Roo fue una de las promesas de campaña más sobresalientes de Carlos Joaquín González, en un contexto en el que el estado se encontraba entre los más endeudados del país con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB) e ingresos de libre disposición. 

El objetivo no se ha concretado. Hasta 2016 la deuda estatal neta ascendía a 22 mil 200 millones de pesos, mientras que al cierre de 2021 el total es de 22 mil 062 millones de pesos, conforme a las cifras presentadas por el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas (CEFP). 

En 2020, con la crisis económica, la deuda pública representó el 7.8% del PIB estatal, muy por encima de la media nacional para el mismo periodo, que es de 0.9%. 

Combate a la corrupción y libertad de expresión

Escándalos como ‘Los Piratas de Borge’, VIP Saesa, el remate de terrenos propiedad del gobierno y regalo de notarías públicas, además de la opacidad en las cuentas públicas, caracterizaron al gobierno de Roberto Borge, el antecesor de Carlos Joaquín. 

Ante ello, el hoy gobernador realizó una serie de compromisos en anticorrupción, como una propuesta de “transformación”.

Con la organización Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia, se comprometió a destinar presupuesto a la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Cinthya Dehesa, presidenta de la organización, sostuvo que entre el sexenio de Borge y el de Carlos Joaquín González hay “un mundo de diferencia”, pero también hay grandes pendientes. 

Sobre los avances, refirió que en esta administración hay logros en las métricas de Gobierno Abierto y en la calidad de la información pública. 

Dehesa cuestionó que no se haya avanzado en una nueva Ley de Adquisiciones públicas y transparentar los procesos a través de una plataforma transexenal. 

“Se trabajó en una propuesta de Ley, pero nunca se envió al Congreso, nunca se dio un paso hacia adelante en eso, eso yo creo que es un grandísimo pendiente”, dijo.

Dehesa, quien también es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, refirió que se permitió trabajar a este órgano con independencia, aunque los recursos destinados no fueron los deseables para su operación. 

A la par de los compromisos anticorrupción, Carlos Joaquín González prometió impulsar la protección de la libertad de expresión, con acciones como una plataforma para transparentar la designación de publicidad oficial e instalar una mesa de trabajo para atender propuestas y recomendaciones.

Adriana Varillas, integrante de la Red de Periodistas de Quintana Roo, sostuvo que hay avances en temas de libertad de expresión, si se compara con el sexenio anterior. 

“El gobierno de Carlos Joaquín está a años luz, en fondo y forma, de lo que fue el borgismo. Insisto, lo cual no significa que no tenga aspectos muy criticables”, refirió. 

Uno de los aspectos que cambiaron ‘radicalmente’ es la persecución y hostigamiento, aunque refirió que persisten malas prácticas, como las llamadas a las redacciones desde la Coordinación de Comunicación Social, para quejarse de periodistas críticos; exclusión de periodistas que no se ajustan a determinada línea o la siembra de preguntas ‘a modo’. 

La periodista y analista también hizo énfasis en la responsabilidad de los medios de comunicación en las condiciones de censura, tanto en el sexenio anterior como en el actual. 

“La censura es una condición o una opción de los medios, que incluso la ofrecen, a cambio de convenios y dádivas”, concluyó. 

Medio ambiente

Uno de los compromisos más ambiciosos en materia ambiental de Carlos Joaquín González fue la restauración de los casi mil kilómetros del Sistema Arrecifal Mesoamericano situados frente a las costas del Caribe Mexicano. 

Un voto, un coral, fue la promesa de campaña. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) en colaboración con el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) arrancaron un proyecto para la reproducción de corales, mismos que serían sembrados en los sitios arrecifales más impactados. 

La meta fueron 260 mil colonias de corales. En agosto de 2019 el propio mandatario estatal dio el banderazo a la siembra de 9 mil colonias. Hasta el momento, las autoridades responsables no han informado sobre avances en el cumplimiento del objetivo. 

Otro de los principales retos ambientales ha sido la llegada masiva de sargazo, con consecuencias negativas en las actividades turísticas, el principal motor económico de la zona, así como en los ecosistemas costeros. 

El gobierno estatal impulsó en 2019 la conformación de un Consejo Asesor integrado por expertos para hacer frente a esta problemática.

Entre las acciones que se han realizado está la colocación de barreras contenedoras, pero no se ha encontrado un modelo eficiente que impida que las algas lleguen a las costas. 

Rosa Rodríguez Martínez, especialista en sargazo e investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en Puerto Morelos, apunta que las estrategias no han sido suficientes para reducir los impactos ambientales y económicos de este fenómeno. 

Una de las tareas pendientes del gobierno estatal es la habilitación de sitios de disposición final del sargazo, para evitar filtraciones al subsuelo y la posible contaminación del agua subterránea. 

Aracely Domínguez, representante del Grupo Ecologista del Mayab, dijo que el sexenio de Carlos Joaquín no ha traído cambios positivos en materia ambiental. 

Una de sus principales demandas era la ampliación del Santuario de la Tortuga Marina Xcacel Xcacelito, para evitar su privatización, pero, dijo, aún está pendiente. 

Sobre otros temas como sargazo, ampliación de áreas naturales protegidas y propuestas de Ley, agregó que no hay cambios sustanciales. 

“Para mí es decepcionante, porque pudo haber hecho muchas cosas y no avanzó”, sentenció la activista.