“La lucha por el medio ambiente no sólo es responsabilidad de los defensores”: Leydy Pech

La Unión Europea los notificó: no les compraría miel si encontraban en ella rastros de polen transgénico. ¿Transgénico? La apicultora maya Leydy Pech nunca había escuchado esa palabra.

Comenzó a investigar y así descubrió que, en 2012, el gobierno mexicano entregó a la empresa Monsanto permisos para sembrar soya genéticamente modificada en más de 250 mil hectáreas de siete estados del país, entre ellos Campeche, donde la apicultura es una actividad económica importante para los habitantes del municipio de Hopelchén.

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“La mayoría de las familias tenemos abejitas”, dice Pech en entrevista con La-Lista, quien trabaja con una rara especie de abeja nativa, la Melipona beecheii. “La apicultura sí es un sistema económico campesino importante en la región“. En Campeche, unas 25 mil familias, especialmente de las comunidades indígenas mayas, dependen de la producción de miel.

Por ello decidieron dar la lucha contra Monsanto, la soya transgénica y los permisos otorgados. Pech lideró la batalla y tuvieron resultados. Ella y su coalición lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera la siembra y que le revocaran el permiso a la compañía, que ahora es propiedad de la farmacéutica Bayer.

La lucha histórica de Pech la hizo ganar el premio Goldman, conocido como el Nobel del medioambiente. Sabe que ha avanzado, pero la batalla no está ganada. La misión de la guardiana de las abejas es que sus hijos y nietos puedan disfrutar la tierra de la región, vivir de una manera más sana y convivir armoniosamente con la naturaleza. “Sería muy triste que a ellos no les tocara nada”.

¿Qué ha representado esta lucha en su vida?

La lucha es algo muy importante para mí como mujer. Las mujeres no estamos acostumbradas a estar en estos espacios y más cuando se tocan los temas de tierra, de propiedad. Es importante la participación de las mujeres, porque también somos sensibles a lo que está sucediendo. No ha sido nada fácil, es ir rompiendo esta parte cultural que indica que las mujeres estamos más para los roles de la casa, para la atención de la familia. 

Entrar en estos espacios es un poco más difícil porque uno empieza a luchar contra su propia cultura. Cuando una mujer se convierte en líder en estos espacios somos más vulnerables a señalamientos, a hostigamientos. A las mujeres nos dicen: ‘tú no sabes nada, qué tienes que opinar’. La lucha indígena no es nada más para los hombres, tenemos que estar las mujeres, los niños, los jóvenes, porque por lo que se lucha es por una vida más sana, más justa, más igualitaria. 

¿Qué representa ser defensora del ambiente y el territorio en un país como México, donde 83 defensores han sido asesinados entre 2012 y 2019?

La lucha por el medio ambiente no sólo es responsabilidad de los defensores, se debería convertir en una responsabilidad de todos porque lo que nosotros estamos defendiendo desde nuestra trinchera, pueblo o región tiene un impacto en el resto del mundo. Poder tomar agua limpia, respirar aire limpio, comer alimentos sanos libres de pesticidas es algo que nos beneficia a todos, no sólo a los defensores, defensoras o pueblos indígenas. 

A los pueblos indígenas sí nos afecta gravemente este modelo de desarrollo, porque a nuestros territorios llegan estos megaproyectos que se están instalando y afectando nuestros principales medios de vida. No podemos ser indiferentes, hay que ser sensibles a lo que pasa y asumir nuestra responsabilidad para defender lo que queda de este planeta. 

¿Cómo empezó esta lucha contra Monsanto?

Empezamos a hacer un solo frente. Treinta y seis comunidades nos organizamos y se generó un colectivo de comunidades, un espacio más amplio a nivel municipal. Empezamos a investigar, a buscar el apoyo y a hacer alianzas con investigadores y universidades que nos pudieran brindar información. 

Porque lo que estaba sucediendo en ese momento es que no teníamos la información respecto a los impactos que iba a ocasionar este permiso. Comenzamos a preguntar qué significa la palabra ‘transgénicos’. Para nosotros los mayas no existe esta palabra, tuvimos la necesidad de entender qué son. No podíamos hacer una traducción, pero queríamos saber cuál era el riesgo y los daños que nos estarían ocasionando. 

Empezamos a tener más información respecto a este tema y esta alianza de comunidades decidió interponer dos amparos en 2012: uno de las organizaciones de apicultores del municipio y el otro de las 36 comunidades del municipio de Hopelchén. Entraron los dos amparos en el Juzgado Segundo en el estado de Campeche y el juez reconoció que había una afectación, un riesgo y suspende. Nos dio la primera suspensión para la siembra, eso es algo que sucedió muy rápido.

¿Qué hizo Monsanto? ¿Apeló la suspensión?

Los que inmediatamente apelaron esta suspensión fueron en su momento los de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el propio Monsanto. Apelaron esta suspensión asegurando que no afectaba y que el juez no tenía buenos argumentos para hacer esta suspensión. A principios de 2013 se dio otro permiso. Nuevamente volvimos a apelar ese permiso y nos otorgaron otra suspensión a finales de 2013. 

De 2012 a 2015 tuvimos todo un proceso hasta llegar a la Suprema Corte, que fue cuando reconoció la violación a este derecho que tenemos nosotros. Fue el 4 de noviembre de 2015.

Mientras ocurría este proceso legal, ¿qué sucedía en las comunidades?

Hubo también toda una contracampaña de parte de las empresas semilleras, de Monsanto y del sistema de gobierno. Empezaron a entrar a las comunidades para decirle a la gente que los transgénicos no causan nada, no afectan, no causan ningún daño, que siempre hemos comido transgénicos y que eso no nos estaba causando ningún problema. 

Esa es la primera información que empezaron a traducir a las comunidades. Pero esto va más allá del problema de los transgénicos, eran los daños que estaban asociados a este cultivo, a la forma en que se estaba produciendo. 

¿Cuáles eran esos daños?

Estaba creciendo la deforestación, la frontera agrícola se estaba expandiendo, se estaba incrementando el uso de plaguicidas, se estaban muriendo las abejas de una forma masiva y también ya empezábamos a enfrentar problemas en el agua. Es ahí que nosotros nos dimos cuenta que el problema de los transgénicos va asociado a lo que se genera para que se pueda producir a gran escala. Este modelo de agricultura que nos está afectando. 

Las comunidades nos empezamos a preocupar más porque la cantidad de bosque que se estaba deforestando de forma masiva estaba afectando las abejas, porque los apiarios están instalados en los bosques. Entonces muchas de esas tierras nacionales, que no pertenecen a algún ejido, ancestralmente los hemos cuidado, nos dijeron que eran propiedad de la nación. 

Los pueblos los hemos cuidado porque nos sirven. Cuando viene este permiso, lo primero que se empezó a deforestar fueron las tierras que están fuera del control de los ejidos. Las abejitas vuelan distancias más o menos largas para poder recolectar el polen, el néctar, todo lo que necesitan, entonces veíamos cómo iba disminuyendo el volumen de producción de miel. También se estaban muriendo las abejas, porque fumigaban con muchos plaguicidas y pesticidas, entre ellos hay unos para el control de la maleza y las plagas que son muy peligrosos para las abejas.

¿Los consultaron previo a otorgar estos permisos?

En 2015, la Suprema Corte ordenó que nos hicieran la consulta porque reconoce que se violó nuestro derecho porque no nos hicieron la consulta previa a otorgar este permiso. Lo que nos otorgaron es que nos hicieran la consulta sólo para preguntarnos si estábamos de acuerdo con que se sembrara la soya. 

Ahí empezó toda la dificultad, todo el proceso de la consulta porque las comunidades argumentamos que no era el permiso otorgado sino todo lo asociado al permiso. Y eso no lo reconoció la sentencia, fue ahí donde salió la Comisión de Derechos Humanos. Dio una recomendación y reconoció que sí existe esta violación de derechos y recomienda hacer una consulta más amplia, porque solamente era para las organizaciones firmantes y los comisarios que firmaron. Se logró extender la consulta a siete de los 11 municipios de Campeche, sin embargo, Hopelchén que es el municipio más afectado porque es donde estaba sembrada la soya y donde más se concentró toda esta lucha, todo este esfuerzo que estamos llevando hasta el día de hoy. 

¿Ya se dejó de cultivar soya transgénica en la zona?

No, esa es una de las situaciones que seguimos enfrentando. Porque a pesar de la sentencia de 2015 que ordena que no se puede sembrar, la consulta no terminó, está parada, está siendo un mero trámite porque no es vinculante. 

Lo que nosotros estamos pidiendo como pueblos indígenas, como comunidades mayas de Hopelchén, es que la consulta sea vinculante, que todas las decisiones que se acuerden sean obligatorias. 

Hasta hoy no avanzamos y no es porque no sea voluntad de los pueblos sino porque realmente no se llega a acuerdos. Sin embargo, de la consulta llegamos a dos suspensiones. Una salió en septiembre de 2017, Senasica le revocó el permiso a Monsanto pero no pasó a mayores, se continuó la siembra. En agosto de 2020, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa reconoció que se violó el principio precautorio de los pueblos indígenas y le revocó nuevamente el permiso. Sin embargo, se sigue sembrando, esa es una gran realidad. 

Ya tienen sentencias y suspensiones, ¿qué más se puede hacer?

Los aparatos de justicia que existen en el país supuestamente sirven para que se ejerza la justicia y para defender los derechos. Pero nosotros encontramos que, en realidad, hay muchos vacíos en las leyes y en las normas, esto no va a resolver nuestro problema. 

Entonces empezamos a generar nuestra estrategia interna: regresamos a la producción de alimentos más sanos, volvimos a nuestras semillas nativas, llegamos a acuerdos para el cuidado de las abejas. Sin embargo, hay otras circunstancias que no nos corresponden, como el vuelo de las avionetas, las fumigaciones aéreas, los permisos que tienen que ver con los tres niveles de gobierno. 

El problema que estamos enfrentando es complejo porque ya ha causado daño a nuestros principales medios de vida, como el agua, las abejas, la semilla, la salud de los que estamos cerca de estos plantíos. Se requiere una estrategia para trabajar de una manera más vinculada entre los tres niveles de gobierno, mientras eso no suceda no se va a poder resolver el problema que estamos enfrentando. 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) tiene una parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) otra, Senasica una más. Cada quién está por su lado y así no funciona, mientras no exista esta coordinación y vinculación entre autoridades no se va a poder resolver nuestro problema. Estamos en una situación de emergencia en Hopelchén, sí es grave lo que nos está pasando y se requiere de una atención especializada. 

¿Qué tendría que cambiar para que la irrupción que se dio en Hopelchén no se repita en otras regiones?

Se nos ha dicho que los pueblos originarios en México son dueños de sus territorios y que tenemos este derecho a la autonomía y a la libre determinación. Existen estas herramientas, las tenemos, pero mientras no se respeten y se sigan violando los derechos vamos a continuar así. No se trata de inventar más cosas de lo que ya hay, sino de que se empiece a reconocer y respetar lo que hay. 

Si se están adueñando de nuestros territorios y no nos están preguntando, no nos toman en cuenta, no funciona. No se requiere hacer más tratados ni hacer más leyes, sólo respetar.