La familia del activista responsabilizó al gobierno del asesinato; “Ya sabía que lo podían matar, murió asesinado por la espalda cobardemente”, dijo su hijo.
El activista David Díaz es el onceavo defensor asesinado en 2021, según la CNDH.
El activista David Díaz Valdés fue asesinado en Manzanillo, Colima, a balazos el pasado viernes, a solo 11 días de haber sido liberado por un conflicto con el gobierno del estado.
Díaz Valdés fue atacado por sujetos en motocicleta cuando se encontraba en su camioneta, cerca del mercado de Santiago, donde trabajaba en una pescadería junto a su familia.
El activista fue encarcelado el 15 de septiembre de 2020, se le acusó del delito de despojo y daños a la propiedad debido a que como delegado de la comunidad de Campos trató de impedir el retiro, por parte de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS), de una ambulancia que prestaba sus servicios a la comunidad, de acuerdo con Diario Avanzada.
El medio detalló que David Díaz Valdés argumentaba que la ambulancia había sido entregada por el gobierno estatal en comodato durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno (2009-2015), pero el actual gobierno, encabezado por José Ignacio Peralta, no reconocía la donación por una supuesta falta de documentación que lo comprobara.
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El hijo del activista David Díaz Valdés publicó un video en redes sociales en la escena del crimen en la que responsabilizó al gobierno de estado y municipal del asesinato de su padre.
“Lo mandaron asesinar, ya saben que mi papá luchaba por las personas desprotegidas y como no lo podían callar lo mataron (…) ya sabemos quién lo mató: el gobierno, porque nosotros nunca hemos tenido problemas con el narcotráfico, ni con el Cártel de Jalisco (Nueva Generación) ni con el Cártel de Sinaloa; los que nos conocen saben que nosotros siempre hemos trabajado legalmente y ya sabíamos que lo iban a asesinar”, dijo su hijo.
El joven detalló que su padre fue atacado cuando terminaban su jornada.
“Ya sabía que lo podían matar, murió asesinado por la espalda cobardemente”, sostuvo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió una investigación exhaustiva sobre el sesinato del activista, de quien resaltó su labor de activismo contra “los impactos negativos” de la construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Campos.
“Esta Comisión Nacional reitera su preocupación ante el creciente número de homicidios cometidos en contra de personas defensoras, pues con este crimen suman 71 defensores asesinados desde el 2006 a la fecha, siendo el onceavo caso en lo que va de este año, de los cuales ocho activistas realizaban labores en defensa del medio ambiente”, expuso en un comunicado.
La CNDH exigió a la Fiscalía General del estado de Colima que realice una investigación
“eficiente, objetiva, pronta e imparcial, en la que se identifique y localice a los autores materiales e intelectuales del homicidio del defensor, “considerando particularmente en sus líneas de investigación la labor de activismo que realizaba”.
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