Las leyes de aborto en El Salvador a juicio por el caso de una mujer encarcelada por aborto espontáneo

Cuando Manuela, una mujer de 33 años, madre de dos niños que vivía la zona rural de El Salvador sufrio un aborto espontáneo en 2008, hizo lo que la mayoría de las mujeres hacen: se fue al hospital.

Allí la encadenaron a la cama y la acusaron de aborto y de homicidio con agravantes.

Las autoridades dicen que Manuela, cuyo nombre completo nunca se hizo público en El Salvador, probablemente era culpable de matar a su bebé porque el niño fue concebido fuera de matrimonio. No la dejaron hablar con un abogado durante el interrogatorio.

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La sentenciaron a 30 años de prisión. Por ese entonces le diagnosticaron también cáncer linfático. Dos años después murió en prisión a causa de la enfermedad.

El miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos del caso Manuela vs El Salvador que podría convertirse en el caso insignia para dar forma a la política y al debate en torno al aborto en todo América Latina.

Además de una compensación para la familia de Manuela, los demandantes, diversos grupos que luchan por los derechos reproductivos de la mujer incluyendo el Centro de Derechos Reproductivos y el Colectivo Feminista de Desarrollo Local, también están pidiendo a la corte que exija al estado que asuma la responsabilidad por no haber garantizado los derechos de salud y de vida de Manuela.

Esta es la  primera vez que una corte internacional tiene la oportunidad de retar el enfoque jurídico agresivo de este país centroamericano extremadamente religioso en contra del aborto.

“Recuerdo a mi madre, nos daba consejos y nunca nos dejaba solos. Es doloroso crecer sin madre porque ese amor no tiene comparación”, dijo Santos de Jesús, el hijo mayor de Manuela, en un comunicado a los medios antes de la audiencia. “Le pido al estado que no haga estas cosas porque nos dejaron en el abandono sin una madre”.

El trato que dieron a Manuela no es el único caso. El Salvador tienen unas de las leyes más draconianas en contra del aborto y el procedimiento es ilegal. A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, El Salvador no permite el aborto en casos en los que el niño se concibió por violación o incesto, o cuando la salud del niño o de la madre están en peligro.

Las penas para las mujeres se aplican con frecuencia. Durante las últimas dos décadas, cerca de 181 mujeres que tuvieron emergencias de obstetricia fueron procesadas por aborto y homicidio con agravantes, indican los grupos de derechos humanos.

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“Sabemos que el caso de Manuela no es aislado y que muchas otras mujeres están en la misma situación”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional de América Latina y del Caribe en el Centro de Derechos Reproductivos. “Cuando Manuela fue al hospital los doctores y las autoridades inmediatamente la declararon culpable y no respetaron sus garantías”.

La decisión de la corte, que se espera para este año, podría tener un efecto arrasador en toda la región ya que la mayoría de los países respetan la jurisprudencia del tribunal.

“Este caso establecerá el estándar no sólo para El Salvador sino también para toda la región sobre la forma en que se deben proteger los derechos reproductivos de una mujer cuando llega a un hospital”, dijo Martínez Coral. “Una buena decisión será ganancia para los derechos reproductivos”.

Los grupos de derechos dicen que el caso de Manuela es típico en El Salvador no sólo por la crueldad sino por el estatus de mujer campesina.

“Lo que estamos viendo en El Salvador es la criminalización de mujeres que viven en pobreza”, dice Paula Avila-Guillen, directora ejecutiva de Women’s Equality Center en Nueva York, haciendo referencia a al menos otras 25 mujeres que están en las cárceles de El Salvador debido a emergencias de obstetricia.

“Estoy segura que si estas mujeres hubieran tenido abogados adecuados en el hospital, si hubieran tenido una agencia que contara su historia, si hubieran tenido la guía para actuar en su situación, ninguna hubiera llegado a prisión”, dice.

Avila-Guillen agregó que las audiencias de esta semana podrían servir para presionar a las cortes salvadoreñas para que traten con mayor benevolencia a una mujer que se encuentra en la misma situación de Manuela. La mujer, llamada Sara, también tuvo un aborto espontáneo y recibirá sentencia el lunes.

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“No necesitamos que más mujeres mueran en prisión”, dijo Avila-Guillen. “Y eso es lo que esperamos que suceda hoy, con este caso”.