De la despenalización a garantizar su ejercicio: la nueva narrativa del aborto
"Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto", expuso la Conavim. Foto: EFE

El panorama futuro sobre el aborto en México cambió. Hace un año, mujeres gritaron por despenalizarlo y el martes pasado, en el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, las mujeres que marcharon exigieron que se garantice el derecho a decidir y que se liberen a las mujeres presas por abortar.

Con la inconstitucionalidad de penalizar el aborto dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 7 de septiembre pasado, las limitaciones a la objeción de conciencia y la invalidez del concepto de la vida desde la concepción, el discurso del movimiento feminista debe avanzar hacia las políticas públicas para que el servicio médico público garantice el acceso a la interrupción del embarazo, de acuerdo con Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, que acompaña a mujeres presas por abortar.

“No nos tenemos que clavar en legalizar en el resto de los estados o como en Ciudad de México. Tenemos que hacer política pública porque en el caso de aborto no es como que el servicio no exista, los servicios existen y siempre han existido, pero ahora lo que hay que hacer es extenderse y aceitarse”, dijo la defensora en entrevista para La-Lista.

En México cinco estados ya no cuentan el aborto como un delito: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Coahuila, pero la capital es la única entidad que garantiza un aborto legal, seguro y gratuito con 14 unidades médicas publicas disponibles para el procedimiento y desde el 2007, año en que se aprobó su legalización, al 30 de junio de 2021, se han realizado 237 mil 643 abortos, de acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo.

Oaxaca fue el segundo estado en despenalizar el aborto; sin embargo, solo cuenta con el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la Secretaría de Salud del estado para hacer las intervenciones de manera gratuita. El resto de lugares son fundaciones u organizaciones civiles, que cobran de 2 mil pesos a 7 mil pesos, dependiendo del tipo de procedimiento. Las tercera y cuarta entidad en eliminar la criminalización del aborto fueron Hidalgo y Veracruz, en 2021, pero estas no cuentan con centro de salud gratuitos para realizarlo.

Coahuila fue la última entidad en eliminar el delito gracias a la sentencia de la Corte, del 7 de septiembre, la cual generó un lineamiento jurídico para todo el país, por lo que en el resto códigos penales locales el delito de aborto solo es letra muerta, pues los ministros validaron la interrupción del embarazo como derecho humano y, por lo tanto, es inconstitucional investigar y procesar a una mujer o persona gestante por haber abortado.

También en el pronunciamiento de colectivos feministas se centró en la garantía del aborto. La organización Las Constituyentes Mx Feministas expusieron en el Zócalo que “el hecho de que se haya avanzado en su despenalización no conlleva que el Estado proporcione las condiciones adecuadas a través de las políticas públicas que pongan en el centro el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas”.

Para las integrantes de la organización, el derecho al aborto debe comenzar a verse como un problema de salud pública, por lo que exigen al Ejecutivo federal la creación de un sistema de salud pública bajo los lineamientos que estableció la Corte en sus sentencias. Además de reflejarse en la liberación de las mujeres que se encuentran presas por delitos relacionados con un aborto, como homicidio en razón de parentesco.

Verónica Cruz comparte esta idea y propone que se realice una gran campaña de salud, como la de Covid-19. “Lo que realmente necesitamos es una gran campaña como la de covid para que las mujeres se enteren y una gran campaña interna en los servicios públicos de salud para que se enteren de su obligación” y agregó que los lineamientos de la Suprema Corte deben ser traducidos a la realidad por medio de políticas públicas.

La directora de Las Libres considera que esto se puede lograr con una nueva narrativa desde el movimiento feminista y las mujeres, quienes son las principales impulsoras del derecho al aborto. “Si el propio feminismo no tiene otra narrativa y continúa colocando en el imaginario que se necesita legalizar para acceder a los servicios”, dijo Verónica Cruz y explicó que ahora no se le puede negar el aborto a ninguna mujer sin argumentar por qué, ya que a partir de la negativa se puede interponer un amparo por incumplir las sentencias y lineamientos que estableció la SCJN.

Argentina es el ejemplo que podría seguir México. En 2020, el Senado de ese país aprobó la despenalización del aborto. “La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país“, según el Ministerio de Salud del país y el servicio se da de forma obligatoria en unidades de salud pública, asociaciones o privados.

Además, la objeción de conciencia tiene una regulación similar a la que la SCJN propuso para que se legisle de nuevo el artículo 10 bis de la Ley General de Salud de México sobre objeción de conciencia. En Argentina los médicos objetores tienen la obligación de informar sobre la interrupción legal del embarazo y canalizar a la paciente con un profesional no objetor de conciencia.

En tanto, México aún espera al establecimiento de un marco regulatorio que permita tanto la interrupción legal del embarazo como garantizar la salud de quienes lo buscan.