Autoridades en Durango procesan a menor de 15 años por homicidio calificado tras sufrir un aborto

Rosy*, una menor de 15 años de edad, enfrenta un proceso por homicidio calificado tras haber sufrido un aborto espontáneo en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

La mañana del 16 de octubre, Rosy tuvo un aborto espontáneo y comenzó a presentar una hemorragia de sangre que hizo que su madre la llevara al Hospital de Especialidades en Gómez Palacio, Durango.

Alrededor de las siete y media de la mañana, el personal médico del hospital alertó a las autoridades judiciales y en unos minutos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Gómez Palacio llegaron para interrogar a la menor, quien estaba internada.

La interrogaron y le hicieron informar en dónde estaban los restos del producto en gestación.

“Logrando que la menor brindará información del paradero del bebé, indicando que en el baño de la casa se le había salido su bebé”, se lee en un reporte con folio 8315542 de dicha dependencia, al que La-Lista tuvo acceso. 

Las autoridades acudieron al lugar que les comunicó la menor y encontraron un producto de 35 semanas de gestación en un predio del Ejido Pastor Rouaix, supuestamente aún con vida, pero reportan que murió en el hospital.

El 19 de octubre, tres días después de que Rosy abortara, un juez determinó la medida cautelar de internamiento y la adolescente permanece desde hace dos meses en prisión en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI) de Durango, acusada de homicidio calificado en agravio de un recién nacido de sexo masculino. 

Por este delito, el Código Penal de Durango establece una sanción de hasta 50 años de prisión. Sin embargo, para activistas, Rosy es una víctima de criminalización tras haber sufrido un aborto. 

“Yo me pongo a pensar en qué estará sintiendo una niña de 15 años cuando debe estar esperando su fiesta de cumpleaños, cómo es posible que, por ejemplo, pase una Navidad ahorita en la cárcel. Y la verdad es que yo creo que si no hubiera tanto problema en cuanto a la legislación de aborto, a lo mejor no tendría que haber llegado a esto que llegó”, dice a La-Lista Julieta Hernández, presidenta fundadora de la organización Sí hay mujeres en Durango.

Rosy, originaria de Coahuila, había llegado junto con su mamá a Durango dos días antes para visitar a su tía. En el estado donde nació y vivía Rosy, el aborto está despenalizado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad en septiembre de 2021 que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta al declarar la invalidez del artículo 196 del Código Penal local, el cual establecía hasta tres años de prisión para las mujeres que practicaran el aborto voluntario o para quienes las hicieran abortar con su consentimiento.

La decisión de la Corte permite que las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre su salud reproductiva sin que esto conlleve consecuencias penales en cualquier parte del país.

También puedes leer: ‘La maternidad de mi madre fue deseada’, responde el ministro Zaldívar a senadora antiaborto

Las irregularidades del caso

Julieta Hernández, presidenta fundadora de la organización Sí hay mujeres en Durango, considera que en el caso de Rosy hay varias irregularidades. Por ejemplo, que su familia no estaba enterada de su embarazo, la forma en la que la menor de edad fue detenida y el delito por el cual está siendo juzgada.

“Nadie estaba enterado de que estaba embarazada, la llevaron al hospital porque se estaba desangrando. La detuvieron y está ahorita en la cárcel de Durango. La autoridad se ha enfocado en detenerla pero no en saber quién la embarazó”, señala la activista. 

Como Rosy, mil adolescentes quedan embarazadas al día en México sin que hayan programas efectivos que ayuden a informar sobre los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho.

“Los datos son muy preocupantes, el embarazo de adolescentes entre 15 y 19 años de edad suma 364 mil 537 al año”, señaló en octubre pasado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El  Código Penal de Durango define que comete el delito de aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo, por el cual se establecerán sanciones de hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, la adolescente de 15 años es acusada de homicidio calificado, el cual alcanza de 20 a 50 años de prisión. En caso de que las autoridades hubieran querido iniciar un proceso penal por el delito de aborto, no habrían conseguido que ningún juez ordenara vincularla a proceso gracias al mandato constitucional ordenado por la SCJN.

“Es un caso muy difícil porque afirman que el producto estaba vivo y murió después y hay muchas cosas por averiguar. La acusan de homicidio calificado y es una calificación enorme de delito”, lamenta Julieta Hernández.

La presidenta de Sí hay mujeres en Durango señala que las autoridades detuvieron y trasladaron a la menor a la capital del estado sin la presencia de su madre o un tutor legal, porque en Gómez Palacio no hay un CETRIM.

“Para mí, hay irregularidades en la forma en la que la detuvieron, sin su mamá. La atención médica fue muy poca y lo más importante en ese momento era su salud, no la velocidad con la que no detienen a las chicas que abortan”, reclama la defensora de derechos humanos.

Por ahora, las audiencias están pendientes y será en enero de 2023 cuando Julieta Hernández se reúna con la abogada de oficio de Rosy y quienes se sumen para acompañar el caso. 

Sin derecho a decidir en Durango

El Congreso de Durango rechazó legislar por la plena legalización de la interrupción legal del embarazo este año. Una iniciativa ciudadana en la que participó la organización fundada por Julieta Hernández obtuvo 15 votos en contra, seis a favor y dos abstenciones en la Comisión de Justicia en septiembre pasado.

“Nos dimos a la tarea de juntar firmas, más de 7 mil, para meter una iniciativa popular para despenalizar el aborto; empezamos en agosto y el 28 de septiembre de 2021 la entregamos en el Congreso. Tardamos un año tratando de lograr que más diputados y diputadas estuvieran de acuerdo pero el 28 de septiembre de 2022 que nos dijeron que se iba a subir al pleno a las cuatro de la tarde, lo hicieron a las tres de la mañana solamente para rechazarla”, cuenta la presidenta fundadora de la organización Sí hay mujeres en Durango.

En respuesta, las organizaciones han presentado dos amparos. El primero, en contra de la decisión del Congreso de no reformar el Código Penal local y el segundo, con el acompañamiento de GIRE. 

“Vamos a seguir hasta que esto se logre, buscando los diferentes caminos legales que existen, lo tenemos que lograr, ya se logró en 11 estados”, dijo sobre Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz, entidades que han modificado su legislación a través de sus congresos locales y garantizan servicios de salud para interrumpir el embarazo. 

Julieta Hernández, de 65 años de edad y más de 25 trabajando por los derechos de las mujeres en Durango, constituyó la organización que preside en 2010 con el objetivo de promover la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto.

*Se da a conocer solo el primer nombre de la persona para reservar su identidad debido a su condición de persona privada de la libertad.