El TSJ de Venezuela ratifica la reelección de Nicolás Maduro
El TSJ de Venezuela valida la reelección de Maduro, rechazando denuncias de fraude y desatando críticas internacionales sobre la imparcialidad judicial.
El TSJ de Venezuela valida la reelección de Maduro, rechazando denuncias de fraude y desatando críticas internacionales sobre la imparcialidad judicial.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha confirmado la reelección de Nicolás Maduro, desestimando las denuncias de fraude presentadas por la oposición y varios países.
Esta sentencia, que valida los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha generado controversia tanto dentro como fuera del país, profundizando las dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial venezolano.
TSJ de Venezuela avala reelección de Maduro
El gobierno de Venezuela ha declarado cerrado el capítulo sobre las elecciones del 28 de julio tras la decisión del TSJ de ratificar la victoria de Nicolás Maduro.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador con el 52% de los votos, pero la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, ha insistido en que los resultados fueron manipulados, asegurando que él obtuvo un 67% de los votos.
El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que la sentencia de la Sala Electoral del TSJ “cierra un capítulo” en la política del país y reafirma la legitimidad del proceso electoral, sin embargo, la negativa del CNE a publicar los resultados desagregados, lo cual estaba contemplado en el cronograma electoral, ha alimentado las sospechas de fraude.
Según Gil, el fallo del TSJ demuestra que el resultado está “ajustado a la voluntad y necesidad del pueblo venezolano”, destacando que Venezuela vive en un estado de “paz social, económica y política” gracias a esta decisión.
Críticas y denuncias de la oposición
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, rechazó la decisión del TSJ, calificándola de “nula” y acusando al poder judicial de falta de independencia.
Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, ha presentado actas que, según él, prueban su victoria. Sin embargo, el chavismo ha desestimado estas pruebas, tildándolas de “forjadas”.
A pesar de la ratificación del TSJ, la oposición continúa exigiendo la publicación de los resultados desagregados para verificar el verdadero ganador.
Liderada por María Corina Machado, la oposición ha criticado duramente el papel del TSJ en el proceso electoral, calificándolo de “burdo intento de encubrir judicialmente el fraude”.
En su intervención, Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, aseguró que el fallo se basa en un informe que “certifica de forma inobjetable” los resultados emitidos por el CNE, pero el TSJ no reveló detalles técnicos sobre el peritaje realizado, lo que ha generado más críticas.
Reacciones internacionales y consecuencias
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante la validación de los resultados por parte del TSJ.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la proclamación de Maduro para su tercer mandato de seis años, alegando que el proceso carece de transparencia e imparcialidad.
Una misión independiente de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela también ha cuestionado la independencia del TSJ y del CNE, señalando que ambas instituciones juegan un papel clave en la maquinaria represiva del Estado.
El líder opositor Edmundo González Urrutia, quien se ha negado a reconocer el fallo del TSJ, fue declarado en desacato por el tribunal debido a su negativa a asistir a las audiencias del peritaje. La fiscalía ha abierto una investigación penal en su contra por supuestamente incitar a la violencia, lo que ha resultado en protestas en todo el país con un saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2 mil 400 detenidos.
El gobierno de Maduro, que cuenta con el respaldo absoluto del alto mando militar, ha solicitado sanciones contra González Urrutia, alegando que su conducta representa una amenaza para la estabilidad del país.
Mientras tanto, el Parlamento, dominado por el chavismo, ha avanzado en la aprobación de leyes que incluyen una legislación contra el fascismo, un término que Maduro utiliza para descalificar a sus adversarios, y una ley para regular las redes sociales.
Estas acciones, junto con una nueva ley de fiscalización de ONG, han sido duramente criticadas por activistas de derechos humanos que ven en ellas un intento de silenciar la disidencia y consolidar el control del chavismo sobre el país.
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