La ‘histórica’ ley trans de España inicia su camino hacia el Congreso
El colectivo trans y LGBT+ considera positivo haber logrado el reconocimiento de la autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans, aunque la iniciativa choca con grupos feministas.
El colectivo trans y LGBT+ considera positivo haber logrado el reconocimiento de la autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans, aunque la iniciativa choca con grupos feministas.
El mes del orgullo LGBTI en España fue especial y no precisamente por ser el primero de la nueva normalidad de la pandemia, sino porque este martes 29 de junio se prevé que el gobierno apruebe el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Popularmente conocidas como la Ley Trans y la Ley LGTBI (porque inicialmente eran dos textos que, al final, se fusionarán en uno solo), el anteproyecto es el primer paso para que se tramite como proyecto de ley ante el parlamento y se convierta en ley aplicable.
“En este orgullo del año 2021 hacemos, hacéis, historia”, aseguró la ministra de Igualdad, Irene Montero, el 28 de junio, en el acto institucional del gobierno para el Día Internacional del Orgullo LGTBI.
Montero encabeza la cartera artífice de este anteproyecto de ley que se mandará al parlamento, gracias a las negociaciones de los colectivos involucrados.
“No es todo lo que queremos, pero hemos salvado la gran línea roja, que es la libre determinación de género y la despatologización de las personas trans”, explica a La-Lista Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTB, uno de los colectivos que ha trabajado con el gobierno para la redacción del texto de la norma.
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Autodeterminación y despatologización
La Ley Trans y LGTBI prevé que cualquier persona mayor de 16 años puede solicitar al Registro civil la rectificación del sexo y del nombre. Solo se les pide que ratifiquen su intención dos veces en un plazo de tres meses para tramitar el cambio. Los menores entre 14 y 16 años necesitarán el acompañamiento de sus padres o tutores legales.
Con ello se termina con la práctica que preveía una ley de 2007, la primera que permitía la rectificación en el registro del sexo sin necesidad de cirugías genital, pero que condicionaba el cambio a la acreditación de la disforia de género, mediante un informe médico o psicológico, y un tratamiento hormonal de dos años.
España se alinea la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que, en 2018, eliminó a las personas trans del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento.
“En un tránsito de hombre a mujer te pueden preguntar si tienes la necesidad de recoger la mesa (después de comer)”, asegura Sangil, quien se identifica como persona trans pero no se ha sometido al proceso de modificación registral precisamente por las características que hoy tiene el proceso administrativo para hacerlo. “Es humillante”, dice.
El anteproyecto también prevé la eliminación de cualquier tipo de terapia de conversión, incluso cuando el sujeto se someta de forma voluntaria, así como medidas de protección contra la violencia trans y LGTBIfobia.
Hay una cláusula que considera evitar el uso fraudulento de la ley, cuando maltratadores pidan ser reconocidos como mujeres para evitar sanciones por violencia de género. En este caso, el anteproyecto establece que las obligaciones jurídicas anteriores al cambio registral se mantendrán.
Para las personas lesbianas, bisexuales o con capacidad de gestar, se regula la reproducción asistida y la filiación de las mujeres lesbianas no casadas (hoy, la mamá no gestante tiene que pasar por un proceso de adopción si no hay matrimonio).
El anteproyecto de ley finalmente tendrá la luz verde del gobierno 14 años después de que se aprobara la legislación de 2007. Desde entonces, los derechos de las personas trans y LGTBI+ se han moldeado en los tribunales, porque los varios intentos de sacar adelante una propuesta de ley que debatiera el Congreso de los Diputados se han visto frustrados, hasta hoy.
Varias comunidades autónomas han ido aprobando leyes que regulan el derecho de las personas trans a la autodeterminación personal sobre el cuerpo y a expresar libremente su identidad de género.
“Comenzamos la andadura de conquista de los derechos, legislativamente hablando”, dice la presidenta de la Federación Estatal LGTB.
“(Esta ley) también la han peleado las mujeres feministas de este país, que saben que lo que no se nombra no existe y que todas tenemos derecho a ser sin miedo, sin culpa”, concluyó la ministra Montero. “O llegamos todas, también las mujeres trans, también las mujeres bisexuales, también las mujeres lesbianas, o no llega ninguna”.
La oposición
Dentro del parlamento, el colectivo cuenta con que tendrá el apoyo de todos los partidos políticos ahí representados excepto el Partido Popular (derecha), que apoya al colectivo pero no el anteproyecto de ley, y Vox (derecha radical), que el lunes presentó una moción para que los ayuntamientos removieran las banderas LGTBI+ de sus edificios.
Fuera del parlamento, la Ley Trans y LGTBI ya ha enfrentado la oposición de una parte del feminismo en España. El sábado 26 de junio, decenas de colectivos feministas salieron a las calles en diferentes partes del país para protestar contra el anteproyecto de ley y pedir la dimisión de la ministra de Igualdad.
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Consideran que la normativa sustituye el concepto de sexo por el de género en el ordenamiento jurídico español. “El sexo es realidad biológica y, en concreto, biomédica”, explica Laura de la Fuente, la portavoz de Confluencia Movimiento Feminista y 8M Movimiento Feminista de Madrid, las organizaciones que convocaron las protestas del pasado sábado. “El sexo es el eje vertebrador de todas las políticas de igualdad”.
De la Fuente asegura que no se confrontan al movimiento LGTBI+, sino solo al movimiento queer, es decir, de aquellos que quieren vivir sin etiquetas. “Lo que defiende el feminismo es que cada cual nace con su sexo. Partiendo de esa base, lo que persigue es abolir el género”, explica la feminista. “El sujeto político del feminismo somos las mujeres. Las personas que han nacido con sexo masculino no forman parte porque el objeto (del feminismo) es la liberación sexual de las mujeres”.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha tenido que enfrentar el malestar entre feministas de su propio partido ante el anteproyecto de ley. “Está ley salvaguarda el equilibrio entre los derechos y libertades de las mujeres y, también, el reconocimiento específico de los derechos y libertades de este colectivo dentro del LGTBI, que ese el trans“, dijo en una entrevista el lunes.
Con esta ley, España se suma a otros países de la región, como Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Malta, Portugal o Luxemburgo, que han aprobado legislaciones del derecho a la identidad de género libremente manifestada.
Con ello, quiere mandar un mensaje de compromiso con estos colectivos a países como Hungría, cuyo parlamento aprobó recientemente una ley que prohibe exponer pornografía y contenidos que promuevan sexualidad o identidad de género no heterosexual a menores de 18 años.
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Según datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género aumentaron de 169 a 278 en España entre 2018 y 2019, el último año del que se tiene registro.