Utilizan niños para extorsión. No más corrupción

Por Liga Ciudadana

Martí Batres
Jefe de gobierno de la Ciudad de México
Rafael Guerra Álvarez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Ulises Lara López
Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México
Nashieli Ramírez Hernández
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Se ha detectado una nueva área de oportunidad muy lucrativa en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, es la Dirección de Evaluación Psicológica.

Por el papel que juegan los peritos en psicología, dentro de los procesos familiares, los dictámenes que emiten estos servidores públicos han adquirido una relevancia desmesurada, por el valor preponderante que algunos Jueces le han dado a las pruebas periciales para resolver controversias del orden familiar.

Si se busca un resultado favorable en el proceso se debe asegurar en el área de Evaluación Psicológica, con un “arreglo” que garantice el resultado y comprobación de los hechos a favor de una de las partes en procesos, cuyos nombres preferimos reservar por protección de las familias y los niños afectados.

La maestra Norma Leticia Vázquez Cerón, Jefa de Unidad de Evaluación Psicológica, valiéndose del encargo ha externado sin sustento, análisis ni “rapport” su opinión en las audiencias, de forma totalmente parcial. Con ello ha vulnerado los protocolos existentes; además, para cumplir con lo pactado no toma en cuenta pruebas anteriores para analizar una posible revictimización de los menores.

Los dictámenes y las opiniones que emite no son profesionales, ya que orientan la determinación de los jueces con afirmaciones concluyentes, parciales, en desconocimiento a los derechos y protocolos de los menores. Lo más grave: ignorando el estado emocional de los niños. Aprovechando su habilidad en la materia, induce de forma descarada el resultado de la plática, violando de forma directa derechos privilegiados por el sistema jurídico mexicano.

La psicóloga, que se ostenta como Jefa de Unidad Departamental de la Dirección de Evaluación e Intervención
Psicológica para el Poder Judicial de la CDMX, se presta mediante el intercambio monetario a manipular opiniones y a interpretar respuestas en los niños para probar hechos que se controvierten en los procedimientos.

Aprovecha que los dictámenes únicamente remiten el resultado y no las pruebas que llevan a tomar esa decisión, para que pueda constatarse su objetividad. Con la manipulación logra una ventaja indebida en el juicio para que uno de los padres no pueda volver a ver a sus hijos o para crear las condiciones de un contexto de extorsión.

Sostenemos que ya hemos recorrido un sinuoso camino para el reconocimiento de derechos, valores y principios que protegen a los niños y a las familias para que estos valores sean totalmente degradados en un área de evaluación psicológica.

Como lo determina la Convención sobre los Derechos del Niño, estamos convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.

Creemos firmemente que el objetivo de un área de evaluación psicológica debe estar orientada a valorar el estado emocional de los niños y a realizar propuestas de integración familiar que eviten mayor daño psicológico en los niños, considerando que el núcleo familiar ya se encuentra destruido.

Deben generar propuestas de integración, apoyo y fortalecimiento de las redes familiares que si se llevan a cabo en las estrategias de reinserción social de los reos y se ignoran por completo en el área donde más se necesitan.

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