Con este acuerdo, los abogados de la Defensoría Pública Federal podrán atender casos del fuero común, como aborto y feminicidio.
Foto: Twitter @Marisol_Calva
A partir de este 1 de octubre de 2021, familiares de víctimas de feminicidio y mujeres y personas gestantes presas por abortar podrán ser asesoradas y representadas por abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), esto a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció el 9 de septiembre que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó un acuerdo para dicho fin.
Esta es La-Lista para entender qué hará el Instituto para defender a víctimas y personas presas por abortar de manera extraordinaria.
Sin importar la entidad donde se encuentre el caso, los familiares de víctimas de feminicidio podrán solicitar que un abogado del IFDP sea su asesor jurídico, siempre y cuando se demuestre que las personas quedaron en total indefensión, se les haya violado un derecho o el ente correspondiente no atienda el caso de manera oportuna. En el caso de las mujeres presas por abortar, será el mismo instituto el que se acercará a los casos una vez que sean identificados, aunque esta al momento no se ha informado sobre este proceso.
A partir de este acuerdo, el Instituto podrá atender a estas víctimas ya que el CJF expandió sus competencias para incrementar la protección hacia las mujeres basándose en garantizar el acceso a la justicia, esto resulta extraordinario ya que las víctimas a nivel federal son atendidas por la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, según lo establecido en la Ley General en la materia.
El IFDP tiene competencia en casos del fuero federal pero con este acuerdo podrá atender casos del fuero común cuando sea solicitado o cuando se confirme la violación de los derechos humanos o indefensión de la persona “cuando se trate de víctimas de feminicidio y de mujeres y personas gestantes criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir un embarazo, garantizando con ello el derecho constitucional de acceso a la justicia a través de la garantía institucional de la defensa pública”.
En el acuerdo se justifica el uso del IFDP como parte de la obligación que tiene el Estado de proporcionar una defensa legal de calidad que “permita hacer frente a casos como el de la interrupción del embarazo en los que la estrategia de defensa, más allá del fuero respectivo, suele trascender al ámbito federal ante la necesidad de recurrir al juicio de amparo”.
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