El presidente de Ecuador es acusado de estar presuntamente involucrado en una trama de corrupción con empresas públicas.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/José Jácome
El juicio político contra el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, tendrá desde este martes 16 de mayo su fase final en el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, que decidirá si el jefe de Estado continúa en su cargo.
Los motivos que condujeron a este escenario, las partes implicadas, los siguientes pasos a seguir y las diversas salidas que se pueden dar al juicio, esta es La-Lista para entender el caso:
La oposición sostiene que Guillermo Lasso debe ser despojado de su cargo al considerarlo responsable político de presuntos actos de corrupción ocurridos supuestamente en la administración estatal bajo su mandato, aunque, en el trasfondo, los portavoces de la oposición también lo plantean como un juicio sobre su gestión.
En un inicio, la acusación fue formulada por concusión y peculado (malversación), pero la Corte Constitucional solo aprobó la realización del juicio político por peculado.
Con ello se quedó fuera del caso el capítulo más mediático y que había centrado la opinión pública durante los primeros meses de 2023, ante una supuesta trama de corrupción en empresas públicas que involucraba al empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
La oposición sostiene que Lasso tuvo conocimiento de las condiciones perjudiciales para el Estado, luego de un contrato suscrito por la naviera estatal Flopec con la firma privada Amazonas Tankers y que no actuó para rescindirlo.
Por su parte, la defensa del presidente alega que los contratos fueron suscritos bajo la administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que, ya con Lasso en el poder, se requirió a la Contraloría un análisis, cuyas recomendaciones fueron acogidas a la hora de renovar los contratos.
Son distintas fuerzas políticas las que impulsaron el juicio. Por un lado, está el correísmo, a través de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), y por otro el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso en las últimas presidenciales.
A ellos se les suman algunos integrantes del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática y de un grupo de legisladores independientes.
El juicio político se da en el momento de mayor debilidad del presidente en sus casi dos años de mandato, luego de sufrir una dura derrota en la cita electoral del 5 de febrero, donde el gobierno perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución y, al mismo tiempo, el correísmo fue el gran triunfador de las elecciones locales, cuyas autoridades asumieron sus cargos este 15 de mayo.
Dos asambleístas presentarán la acusación y, seguidamente, el presidente hará su alegato de defensa antes de que se abra el debate en el hemiciclo, donde los 137 asambleístas tienen derecho a intervenir por diez minutos.
Una vez concluido el debate, se convocará en el plazo de cinco días a una nueva sesión del pleno de la Asamblea para presentar la moción de censura contra Guillermo Lasso y votarla inmediatamente.
Para lograr la destitución del presidente, la oposición necesita 92 votos, equivalentes a dos tercios de la Cámara. Es aún una incógnita si lograrán reunir esos votos al registrarse en las últimas semanas dimisiones dentro del PSC y una división interna dentro de Pachakutik.
El oficialismo tiene una representación pequeña en el hemiciclo y requiere el apoyo de otros grupos para evitar la destitución. Para ello necesita que al menos 46 no voten a favor.
Guillermo Lasso ha pedido a la Corte Constitucional revisar la actuación de la Asamblea en la manera de tramitar el juicio político, al considerar que ha habido supuestas irregularidades en la manera de llevarlo adelante.
El vicepresidente Alfredo Borrero asumiría la jefatura del Estado hasta culminar el periodo presidencial en 2025.
Sin embargo, Lasso ha deslizado la posibilidad de recurrir a la denominada “muerte cruzada”, una figura constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea, convocar elecciones generales anticipadas y gobernar hasta entonces mediante decretos.
Es probable que la oposición recurra a la Corte Constitucional, al considerar que el presidente no puede activar la “muerte cruzada” cuando está ya inmerso en un juicio político de censura.
También hay altas probabilidades de que organizaciones sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se lancen a las calles como ya hizo en junio pasado, cuando paralizó gran parte del país durante dieciocho días en contra de la carestía de la vida y la política económica del gobierno.
-Con información de EFE.
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