Cartel Project | Crímenes en México: los periodistas atrapados en la mira (I)

Por Nina Lakhani, Dana Priest y Paloma Dupont de Dinechin en Veracruz*

Regina Martínez Pérez era considerada enemiga del estado. La periodista de 48 años se había ganado enemigos poderosos por sus investigaciones sobre acusaciones de colusión entre líderes políticos, fuerzas de seguridad y narcotraficantes en Veracruz.

Regina fue una fuente de irritación para cuatro gobernadores estatales consecutivos, pues abordó la violencia, los abusos de poder y los encubrimientos en las páginas de la revista, Proceso.

Sus reportajes tocaban episodios horribles como el caso de una anciana indígena que fue golpeada, violada y dejada por muerta por los soldados, y la tortura y masacre de pasajeros en un autobús local.

Conocida por sus amigos como La Chaparrita, Martínez era una fumadora empedernida de 1.30 metros que encontraba consuelo cuidando su jardín. También fue una intrépida investigadora de ejecuciones de bandas organizadas, policías asesinos, desapariciones forzadas y esquemas de corrupción.

“Su trabajo era su vida”, dijo Norma Trujillo, una amiga cercana y colega. “Ella estaba realmente interesada en temas sociales, violaciones de derechos humanos. Ella estaba cerca de la gente. Ese era su superpoder “.

 _{^{El funeral de Regina Martínez in 2012. Rubén Espinosa, el fotógrafo que tomó esta imagen también fue asesinado en 2015. Foto: Rubén Espinosa//Procesofoto}}

A Martínez la asesinaron el 28 de abril de 2012 en su modesta vivienda en la capital del estado, Xalapa. Ella se defendió, pero fue dominada por un asaltante que la golpeó brutalmente y le rompió la mandíbula antes de asfixiarla con un trapo de cocina.

Martínez no fue la primera reportera asesinada en México, pero el asesinato de una corresponsal de alto perfil de una revista nacional marcó el inicio de una ola de violencia selectiva que convirtió a México en el país más peligroso del mundo para los periodistas que no estuviera en guerra.

Periodistas como Martínez, que se atreven a investigar la narcopolítica, la red de influencia e interés tejida por funcionarios corruptos y crimen organizado, son el blanco más frecuente.

También lee: México es el país más mortal del mundo para los periodistas: CPJ

Solo en noviembre de 2020, tres periodistas mexicanos fueron asesinados a tiros en 10 días, lo que eleva el número de muertos a 119 desde 2000, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). De esos asesinatos, 90% han quedado sin resolver.

“El caso Regina es importante porque marca un antes y un después para la prensa”, dijo Jorge Carrasco, editor en jefe de Proceso. “Cuando matan a un periodista, es como poner una bomba en una sala de redacción para causar terror, para intimidar, para decir: no te metas con nosotros”.

Historias prohibidas, pero no olvidadas

Ocho años después del asesinato de Martínez, 25 organizaciones internacionales de medios de comunicación, incluido The Guardian, retomaron su trabajo inconcluso, en un esfuerzo coordinado por Forbidden Stories, una red global de periodistas de investigación cuya misión es continuar el trabajo de los reporteros amenazados, censurados o asesinados.

¿Qué es The Cartel Project?
Durante 10 meses, 60 reporteros de todo el mundo investigaron la muerte de Regina Martínez, la investigación fallida de asesinato que siguió, y continuaron su investigación sobre las denuncias de vínculos entre la política y el crimen organizado durante los gobiernos consecutivos de los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera. (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016).

El Proyecto Cartel descubrió que:

ANTES DE SU MUERTE, Regina Martínez formaba parte de un grupo de periodistas atacados por una sofisticada unidad de espionaje dirigida por el Ministerio de Seguridad Pública de Veracruz, según fuentes gubernamentales bien ubicadas.

LA UNIDAD UTILIZÓ TECNOLOGÍA de vigilancia y una vasta red de informantes pagados para monitorear y recopilar información sobre personas que se percibían como opositores políticos del gobernador. Los documentos filtrados muestran que durante las últimas tres décadas, los analistas mantuvieron archivos sobre cientos de objetivos, que enumeraban a miembros de la familia, compañeros de trabajo, lugares de reunión favoritos, afiliaciones políticas e incluso preferencias sexuales.

EN EL MOMENTO DE SU MUERTE, Martínez se preparaba para publicar una investigación explosiva que buscaba establecer el papel de los funcionarios locales y las fuerzas de seguridad en el encubrimiento de la desaparición de miles de personas.

LA INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO realizada por funcionarios estatales fue deliberadamente fallida y los investigadores ignoraron pruebas convincentes de que Martínez fue asesinada debido a su trabajo, según el fiscal que encabezó una investigación federal paralela. LA SEGUNDA INVESTIGACIÓN fue deliberadamente socavada, dijo una fiscal federal.

UNA INVESTIGACIÓN TÉCNICA encontró evidencia de que una campaña coordinada de desinformación promovió la línea oficial de que Martínez fue asesinadA en un robo fallido, utilizando cuentas bots que circularon artículos de un medio de comunicación vinculado al gobierno estatal.

A MEDIDA QUE SE DESARROLLABA EL PROYECTO, la violencia contra los medios de comunicación era implacable: durante los 10 meses de investigación, al menos ocho periodistas mexicanos más fueron asesinados en relación con su trabajo, según el CPJ.

Un clima de terror

En los meses previos a su muerte, Martínez tenía cada vez más miedo.

Al regresar de una visita familiar a fines de diciembre de 2011, se dio cuenta de que un intruso acababa de salir de su casa. Faltaba su bono de Navidad y el baño estaba lleno de vapor como si alguien acabara de ducharse.

En un artículo publicado en la época, Martínez admitió que vivía en “un clima de terror”.

“No duermo y cuando salgo siempre miro a mis espaldas para asegurarme de que no haya peligro”, escribió. La pieza se publicó sin su firma.

También lee: Asesinan a fotoperiodista en México tras tomar fotos de cuerpos en una carretera

Cuando dos policías y sus familias se mudaron al otro lado de la calle, Martínez les dijo a sus amigos que sentía que estaba bajo vigilancia. Probablemente tenía razón.

Fuentes gubernamentales dijeron a Cartel Project que una unidad de espionaje policial en el estado mantenía una red de cientos, y hasta miles, de camareros, limpiabotas, vendedores de pizza, taxistas y narcotraficantes para espiar a activistas, opositores políticos y periodistas.

Operando desde un edificio en Xalapa conocido como el Búnker, los especialistas en inteligencia repartían dinero en efectivo, regalos y favores políticos. Falsos activistas, periodistas y jefes de medios también estaban en la nómina, dijeron las fuentes.

El espionaje comenzó en la década de los 90, pero periodistas locales dicen que se intensificó entre 2010 y 2016 cuando la administración del entonces gobernador Javier Duarte, trató de disuadir el escrutinio de los grupos de derechos humanos y el gobierno federal. Los reporteros y fotógrafos se quejaron por las persecuciones y  acoso. Los sobornos, las amenazas y la violencia física llevaron a algunos a censurar su trabajo, dijeron periodistas locales.

Colegas de Regina Martínez confirmaron que, al momento de su muerte, investigaba un aumento exponencial en el número de cadáveres enterrados en tumbas de indigentes. Creía que se estaban utilizando cementerios públicos para deshacerse de las víctimas de desapariciones forzadas.

Martínez le dijo a un amigo cercano que era la investigación más peligrosa de su carrera.

“Como periodista de Proceso, Regina Martínez fue considerada automáticamente un enemigo, pero cualquier investigación que exponga corrupción u homicidios y desapariciones que no estén en las cifras oficiales habría sido una luz roja para el gobierno”, dijo Jorge Rebolledo, consultor de seguridad en Ciudad de México.

También lee: inseguridad en México

“Las redes de poder en Veracruz son muy complicadas, la relación entre crimen organizado y gobierno es gris. No es fácil averiguar quién es bueno o malo, lo que deja a los periodistas que investigan estas redes en una situación muy vulnerable, incluso hoy”.

En el momento de su muerte, Martínez era una de las pocos periodistas lo suficientemente valientes como para investigar informes de desapariciones forzadas. Fuentes al interior del gobierno dijeron a Cartel Project que estos informes se ocultaban rutinariamente por las autoridades durante los gobiernos de Fidel  Herrera y Javier Duarte.

Los desaparecidos

En medio de la violencia que detonaron las drogas y que ha asolado a México en las últimas décadas, decenas de miles de hombres, mujeres y niños simplemente han desaparecido. El total oficial es de 73 mil, pero el verdadero número de desaparecidos es desconocido. Los sucesivos gobiernos nacionales y estatales se han mostrado indiferentes a la difícil situación de los familiares de las víctimas, que a menudo se ven obligados a buscar ellos mismos los cuerpos.

Se han encontrado miles de fosas clandestinas en todo el país, muchas de ellas en Veracruz. En 2017, se encontraron 250 cráneos humanos apretujados en la tumba más grande de la historia, no lejos de la capital de Veracruz.

Las redes criminales con protección política saben que cualquier persona puede ser desaparecida: criminales rivales, testigos incómodos, drogadictos y políticos.

Al menos 50 mujeres jóvenes que habían trabajado como acompañantes en fiestas a las que asistieron funcionarios del estado de Veracruz y miembros del cartel de los Zetas fueron desaparecidas durante tres noches en noviembre de 2011, según evidencia de la investigación oficial vista por The Guardian.

Una investigación estatal sobre las mujeres desaparecidas se cerró después de que los fiscales desenterraron evidencia que sugería que altos funcionarios habían ordenado a sicarios del cártel que silenciaran a las mujeres, dijeron fuentes legales.

Nunca se siguieron pistas sobre la ubicación de una fosa común y nunca se encontraron los cuerpos de las mujeres. Ningún sospechoso ha sido condenado ni siquiera arrestado.

Cuando se le pidieron comentarios, Javier Duarte dijo que no tenía conocimiento de estas desapariciones y de la investigación que siguió.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la respuesta refleja la política oficial en Veracruz de negar y minimizar la magnitud de la violencia, especialmente en casos de feminicidio y  desapariciones forzadas.

Periodistas como Regina Martínez amenazaban ese tipo de políticas.

“Encontrar cadáveres era como encontrar huevos de tortuga, porque si rascabas la superficie encontrabas cadáveres y cadáveres y cadáveres”, dijo un funcionario público con amplia experiencia en varias administraciones. “El problema empezó cuando Regina Martínez empezó a investigar desapariciones y fosas comunes”.

Después de la muerte de Martínez, Duarte envió una enorme ofrenda floral a su funeral.

Luego, su gobierno se dispuso a descarrilar la investigación sobre su asesinato, según Laura Borbolla, una veterana fiscal criminal que fue enviada desde Ciudad de México para realizar una investigación federal paralela.

“El sistema de justicia en Veracruz es una basura”, dijo Borbolla, en una entrevista con el Cartel Project. “Todo fue arreglado por el gobernador Duarte. Cómo se comportaron los jueces … uno se dio cuenta de que hubo una gran manipulación por parte del poder ejecutivo sobre el poder legislativo”.

Sabotaje desde el gobierno

Desde el principio, la policía estatal y los investigadores manejaron mal las pruebas y sabotearon la investigación, dijo Borbolla, quien descubrió dos huellas dactilares masculinas en la escena del crimen que los expertos forenses estatales habían pasado por alto y que nunca fueron identificadas. “Nunca en mi carrera había visto una escena del crimen tan alterada”, dijo.

El trabajo de Martínez no fue investigado como posible motivo. En cambio, los funcionarios estatales dijeron que el asesinato fue un crimen pasional o el resultado de un robo fallido, a pesar de que los objetos de valor, incluidas joyas de oro, un televisor y un reproductor de CD nuevo, no se tocaron, según los archivos del caso vistos por el Cartel Project. Sin embargo, faltaban los teléfonos, la computadora, la grabadora y los documentos del reportero.

Finalmente, un hombre fue condenado por el asesinato de Martínez: Jorge Antonio Hernández Silva, ahora de 34 años, era un trabajador sexual en situación de calle y adicto a las drogas, quien insiste en que lo torturaron para que hiciera una confesión. Lo condenaron a 38 años por robo agravado y homicidio. La policía niega que haya sido maltratado.

“Es el perfecto chivo expiatorio”, dijo la abogada defensora Diana Coq Toscanini.

Las huellas digitales de Hernández nunca se encontraron en la escena del crimen, según muestran los archivos del caso. A Borbolla, la fiscal federal, nunca se le permitió entrevistar al condenado solo, y nunca logró localizar al único testigo que presuntamente lo vio en la casa de la reportera.

Después de la detención de Hernández, al menos 190 bots o cuentas falsas de Twitter difundieron historias que afirmaban que el caso había sido resuelto, según la investigación técnica de Cartel Project y Desinformation Desk, un grupo con sede en Barcelona. El dueño del sitio web de noticias que publicó una de esas historias trabajaba como consultor para el gobierno de Duarte en ese momento.

También lee: EU retira cargos por narcotráfico a exsecretario mexicano

“Puede que nunca sepamos quién mató a Regina, pero sé quién no mató a Regina. La (versión oficial) nunca me convenció (…) Siempre tuve dudas sobre si esto fue negligencia o intencional”, dijo Borbolla. “El estado siempre quiso desviar la atención hacia algo más que su trabajo como motivo del asesinato (…) para nosotros, esa fue siempre la línea de investigación. Teníamos pistas que nos permitieron inferir eso “.

Muchos colegas de Regina Martínez creen que Duarte estuvo detrás de su asesinato. Esto lo niega Duarte, quien también negó haber interferido en la investigación. “Puso todas las pruebas y resultados de la investigación a disposición de las autoridades federales”, dijo su abogado, Pablo Campuzano.

Después del asesinato de Martínez, Veracruz se convirtió en el estado más peligroso de México para los periodistas. En una región más pequeña que Escocia, 19 periodistas han sido asesinados desde entonces y decenas más han huido.

Huir no siempre es suficiente. Rubén Espinosa, un fotógrafo de Proceso, huyó a Ciudad de México con un trastorno de estrés postraumático en 2015 después de ser amenazado y acosado. Un mes después, fue asesinado en la capital, junto con cuatro mujeres.

“Proceso pagó un precio muy alto por cubrir estos temas”, dijo Carrasco, quien abandonó temporalmente el país luego de recibir amenazas de muerte cuando intentaba investigar el homicidio de Martínez.

Al final de su mandato, el propio Duarte se fugó, pero finalmente fue arrestado en Guatemala y está cumpliendo una condena de nueve años después de declararse culpable de asociación delictiva y lavado de dinero. Luego apeló, alegando que algunas de las pruebas utilizadas en su contra se obtuvieron ilegalmente y, por lo tanto, en violación de sus derechos humanos. La solicitud fue rechazada, pero Duarte sigue apelando.

Su esposa, Karime Macías, ha sido imputada por malversación de fondos públicos, lo que ella niega. En 2019, Macías fue arrestada en Londres, donde se informó que había solicitado asilo mientras vivía en Belgravia, y se le concedió la libertad bajo fianza mientras el tribunal consideraba una solicitud de extradición.

En el momento de su detención, Duarte también fue acusado por los fiscales del estado de ignorar y ocultar las desapariciones forzadas por la policía, pero este caso se ha estancado desde hace más de dos años.

En respuesta a las preguntas del Cartel Project sobre Regina Martínez, Duarte tuiteó desde la cárcel: “Los periodistas más críticos de mi Gobierno y de mi persona siempre han sido respetados en sus opiniones, tan es así que sus artículos y reportajes fueron y son publicados sin ningún tipo de censura”.

Pero el derramamiento de sangre y la corrupción en Veracruz no comenzó, ni terminó, con Duarte.

Poder y politica

La ubicación del estado en la costa del Golfo y el enorme puerto de la ciudad de Veracruz lo convirtieron en una importante ruta de contrabando, mucho antes del surgimiento del narcotráfico.

La entidad adquirió un significado estratégico durante el gobierno del predecesor de Duarte, Fidel Herrera, un hombre calificado como uno de los 10 mexicanos más corruptos en 2013 por la revista Forbes.

Herrera, ahora de 71 años, era un carismático líder populista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México entre 1929 y 2000.

Varias fuentes e informes de prensa dijeron que Herrera compró lealtad con dinero en efectivo y obsequios para los votantes pobres, favores políticos para los hombres fuertes locales, contribuciones de campaña a los colegas del partido y lucrativos contratos públicos para empresarios favorecidos.

Herrera siempre ha negado enfáticamente cualquier irregularidad y nunca se han presentado cargos en su contra.

Pero de acuerdo con expertos en inteligencia y exfuncionarios judiciales en México, España y Estados Unidos, Herrera buscó alianzas criminales con Los Zetas, quienes se separaron del Cartel del Golfo que previamente había dominado Veracruz.

En 2011, se filtró a la prensa un informe confidencial de la entonces Procuraduría General. Citando datos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y 14 testigos protegidos, el expediente describía dos presuntas reuniones entre Herrera y jefes de los Zetas en 2008. El informe también alega que el cartel del Golfo pagaba una nómina quincenal de 600,000 pesos a la policía estatal de Veracruz.

“Los Zetas llamaron a Herrera ‘Zeta # 1’ porque él era quien dirigía el estado”, dijo Arturo Fontes, un exagente especial del FBI que ahora dirige una firma privada de seguridad e investigaciones, Fontes International Solutions. “A Herrera se le pagaron millones de dólares a través de enlaces con los cárteles para permitirles operar con impunidad (…) en México, los políticos dependen de los narcos para obtener fondos para sus campañas”.

Herrera ha negado firmemente cualquier implicación con el crimen organizado. Una vez le dijo a un entrevistador de televisión: “Tengo las manos limpias. Nunca recibí un solo centavo ilegítimo por mi campaña”. 

Durante el mandato de Herrera, los proyectos de obras públicas se dispararon. Al mismo tiempo, Regina Martínez publicó una serie de artículos que muestran que la deuda estatal aumentó en un 67,000% entre 2000 y 2011 y, de acuerdo con ella, los gobernadores nunca explicaron adecuadamente.

Fuentes gubernamentales dijeron a Cartel Project que los contratistas recibieron lucrativos contratos públicos, de los cuales Herrera supuestamente recibió una comisión ilícita en un esquema conocido como el diezmo (por el 10% que antes se pagaba a la iglesia). “El dinero podría ser entregado en el aeropuerto, una casa, un café, un hotel, en otra ciudad, donde él me ordenaba ir”, afirmó un funcionario público que dijo que ocasionalmente se le pedía que entregara maletas con efectivo a los asociados de confianza de Herrera.

En 2013, un excontador de los Zetas dijo en un tribunal federal de EU en Austin, Texas, que el gobierno de Herrera otorgó 22 lucrativos contratos públicos a una empresa de construcción vinculada a un cártel, por los cuales los funcionarios supuestamente recibieron sobornos por valor del 10 al 16%.

El contador, José Carlos Hinojosa, también le dijo a la corte que había enviado 12 millones de dólares para la campaña de gobernador de Herrera a través del dueño de la empresa, Francisco ‘Pancho’ Colorado Cessa, en 2003, quien murió en la cárcel luego de ser condenado por lavado de dinero.

“Siempre ha sido mucho más atractivo para los políticos presentar a narcos como el ‘Chapo’ Guzmán como los grandes cerebros, pero en realidad, el crimen organizado es el intermediario. Quienes realmente controlan todo y quienes más se benefician son figuras políticas poderosas y altos funcionarios de las fuerzas de seguridad”, dijo Rebolledo.

Durante el mandato de Herrera, Regina Martínez produjo una historia tras otra sobre las finanzas del gobernador, los millones de pesos de los contribuyentes que invirtió en el equipo de futbol fallido de su amigo y el dinero público que apostaba en la bolsa de valores, incluso cuando la deuda pública del estado se disparaba.

Herrera atribuyó su considerable fortuna personal, que al parecer incluye jets privados, autos lujosos, ranchos, un hotel y un yate, a la suerte: cuando aún era gobernador, ganó millones de dólares en la lotería nacional no una, sino dos. El suegro de Javier Duarte también ganó la lotería.

Después de que terminó el mandato de Herrera en 2010, Duarte fue elegido su sucesor y se especuló ampliamente que Herrera tenía la intención de continuar como gobernador de facto.

Pero Duarte rechazó a su benefactor político y, según fuentes del PRI, carecía de la habilidad para negociar solo con los jefes políticos locales. Ellos comenzaron a hacer sus propios tratos con los cárteles, lo que provocó una sangrienta guerra territorial. La deuda pública, la corrupción, los asesinatos y las desapariciones forzadas se dispararon en todo el estado.

A lo largo de ese período, los reportes de Regina Martínez cuestionaron las cifras oficiales de muertes y la supuesta colusión entre políticos locales, policías y grupos criminales.

En 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto nombró a Herrera cónsul de México en Barcelona.

Agentes judiciales y funcionarios del ayuntamiento catalán comenzaron a buscar posibles vínculos con un presunto narcotraficante local y un empresario mexicano que desde entonces han sido acusados ​​de lavado de dinero en investigaciones separadas.

Esas investigaciones terminaron en 2017 cuando Herrera renunció abruptamente y regresó a casa para responder las acusaciones de los fiscales de que él y Duarte habían gastado fondos públicos para comprar medicamentos pediátricos adulterados contra el cáncer.

Ambos negaron su participación y no se han presentado cargos en su contra.

Altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos confirmaron a Cartel Project que han investigado los supuestos vínculos de Herrera con los Zetas, así como un presunto lavado de dinero en Veracruz, Barcelona y Estados Unidos.

Contactado a través de una cuenta de redes sociales, el hijo de Herrera, Javier, dijo que su padre estaba demasiado débil para responder a las acusaciones como resultado de dos accidentes cerebrovasculares. Herrera no respondió a varios correos electrónicos.

Herrera nunca ha enfrentado cargos en casa o en el extranjero, y al igual que otras figuras de su generación de políticos mexicanos, todavía se le considera un estadista relevante de la política priista, a pesar del caos que se desató durante su gobierno.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ganó las elecciones presidenciales de manera aplastante, con la promesa de transformar la política y erradicar la corrupción.

Sin embargo, la violencia, incluido el asesinato de periodistas, ha continuado a un ritmo acelerado, y AMLO ha sido acusado de incitar a la hostilidad en contra de periodistas y activistas críticos.

El mes pasado, le dijo al Cartel Project que solicitaría que se volviera a examinar el caso de Regina Martínez. “Era una periodista profesional incorruptible”, dijo.

Por ahora, sin embargo, su asesinato sigue sin resolverse.

La evolución de la guerra de México contra las drogas

• CALDERÓN ENVÍA AL EJÉRCITO
  La “guerra contra las drogas” de México comenzó a fines de 2006 cuando el entonces presidente, Felipe Calderón, ordenó la salida de miles de soldados a las calles en respuesta a una explosión de violencia terrible en su estado natal de Michoacán.
  Calderón esperaba aplastar a los cárteles de la droga con su ataque fuertemente militarizado, pero el enfoque fue contraproducente y tuvo un costo catastrófico para la sociedad. A medida que el ejército mexicano pasó a la ofensiva, el número de muertos se disparó a nuevas alturas y decenas de miles fueron obligados a abandonar sus hogares, desaparecieron o fueron asesinados.
  
• ESTRATEGIA DE KINGPIN
  Simultáneamente, Calderón también comenzó a perseguir la llamada “estrategia del capo” mediante la cual las autoridades buscaban decapitar a los cárteles apuntando a sus líderes.
  Esa política resultó en algunos jefes de alto perfil, en particular Arturo Beltrán Leyva, quien fue asesinado a tiros por marines mexicanos en 2009, pero también hizo poco para traer la paz. De hecho, muchos creen que tales tácticas solo sirvieron para pulverizar el mundo del crimen organizado, creando aún más violencia a medida que facciones nuevas y menos predecibles peleaban por su parte del pastel.
  Con el sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, la retórica del gobierno sobre el crimen se suavizó cuando México trató de deshacerse de su reputación como sede de algunos de los grupos mafiosos más sanguinarios del mundo.
  Pero las políticas de Calderón sobrevivieron en gran medida, y las autoridades apuntaron a destacados líderes de carteles como Joaquín “El Chapo” Guzmán de Sinaloa.
  Cuando ‘El Chapo’ fue arrestado a principios de 2016, el presidente de México se jactó: “Misión cumplida”. Pero la violencia continuó. Para cuando Peña Nieto dejó el cargo en 2018, México había sufrido otro año récord de asesinatos, con casi 36,000 personas asesinadas.
  
• “ABRAZOS, NO BALAZOS”
  El populista de izquierda Andrés Manuel López Obrador tomó el poder en diciembre y prometió un cambio drástico de táctica. López Obrador, o Amlo como la mayoría lo llama, se comprometió a atacar las raíces sociales del crimen,  ofreciendo formación profesional  a más de 2.3 millones de jóvenes desfavorecidos en riesgo de ser atrapados por los cárteles.
  “Será virtualmente imposible lograr la paz sin justicia y bienestar (socia)”, dijo AMLO, prometiendo reducir la tasa de asesinatos de un promedio de 89 asesinatos por día con su doctrina de “abrazos, no balazos”.
  AMLO también se comprometió a presidir las reuniones de seguridad diarias a las 6 am y crear una “Guardia Nacional” de 60,000 efectivos. Pero esas medidas aún no han dado resultado, ya que la nueva fuerza de seguridad se utiliza principalmente para cazar migrantes centroamericanos.
  México ahora sufre un promedio de alrededor de 96 asesinatos por día, con casi 29,000 personas asesinadas desde que AMLO asumió el cargo.

Reporte de Nina Lakhani (The Guardian), Dana Priest (Washington Post) y Paloma Dupont de Dinechin (Forbidden Stories). Reporte adicional de Jules Giraudat (Forbidden Stories), Veronica Espinosa (Proceso) y Lilia Saúl (OCCRP)