Arrancan denuncias a expresidentes: Felipe Calderón, el primer señalado

Cinco meses antes de la consulta pública que preguntará si el actual gobierno debe enjuiciar a los expresidente mexicanos, dos líderes sociales originarios de Oaxaca tomaron la iniciativa de llevar ante los tribunales a Felipe Calderón Hinojosa. El pasado 15 de marzo, Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos Benítez presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) que buscará fincarle al exmandatario los delitos “financiamiento al terrorismo” y “traición a la patria”.

“Confiamos en que el fiscal Alejandro Gertz Manero estará a la altura de las circunstancias”, afirma Flavio Sosa Villavicencio en entrevista para La-Lista.

La quijotesca apuesta, señala Sosa Villavicencio, responde al “sentir pueblo mexicano que ha buscado, desde hace muchos años, sacudirse a un régimen de represión, de control”. Su compañero añade que el proceso busca emular a otros países del mundo donde la población ha visto a sus ex jefes de Estado tras las rejas. “Yo vi que en Bolivia la gente se alzó tras el golpe de Estado. Lo mismo estamos pidiendo para México”, indica Mateos Benítez.

Y ambos son conocidos por Calderón Hinojosa, pues fueron encarcelados al inicio de su gobierno. Ahora buscan que los papeles se inviertan.

Durante 2006, encabezaron un gigantesco movimiento social que fue aplastado por la entonces Policía Federal Preventiva (PFP). Durante más de medio año, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) tomó el control de la capital de dicho estado para demandar la destitución del entonces gobernador priista Ulises Ruiz. Armaron barricadas, intentaron repeler los ataques de grupos armados. Pero mientras el movimiento negociaba con la Secretaría de Gobernación, las fuerzas federales protagonizaron un violento despojo de costos incalculables contra la población. Tras el desalojo ambos fueron detenidos y enviados a prisiones de máxima seguridad. A Sosa Villavicencio lo ingresaron al penal del Altiplano y a Mateos Benítez a un penal de Nayarit.

Luego –recuerdan– inició el Operativo Conjunto Michoacán, con el despliegue de la PFP y el Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública. “La acción contra los movimientos sociales fue el parteaguas para escalar la acción represiva y coaligarse con Genero García Luna con los grupos de la delincuencia”, sostienen los dirigentes de la APPO.

A casi cinco lustros de los hechos violentos, los líderes niegan que la acción busque algún tipo de “venganza”. Tampoco que la acción tengan intención electoral, al ser ambos militantes de Morena. “Creo que una Cuarta Transformación no se va a construir desde la presidencia. A nosotros nos toca cuestionar a las instituciones, presionar a las mismas, reclamar justicia y democracia”, afirma Sosa Villavicencio.

Y reconoce que participó e impulsó en la iniciativa de consulta para llevar a juicios a los expresidentes. “Nosotros fuimos promotores de la campaña. Yo estuve la noche que se entregaron las firmas en el senado. Ahí estuvimos con los compas que se recogieron a lo largo y ancho del país. Nos sentimos muy contentos de haber reunido a lo largo y ancho del país. Fuimos participes de ese esfuerzo que muchos mexicanos y mexicanas hicimos. Esto es parte, por supuesto que sí”.

Según el documento presentado el pasado lunes y al cual tuvo acceso La-Lista, buscarán primero que el expresidente Calderón Hinojosa sea vinculado a los delitos de “traición a la patria”. La afirmación se basa en la relación que mantuvo, primero como secretario de Energía en el gabinete de Vicente Fox, luego como presidente y, por último, como consultor de empresas generadoras de energía, como la compañía española Iberdrola en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Mediante información de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sostiene que el expresidente adelantó los efectos de la reforma energética del pasado gobierno sin un marco legal que lo permitiera.

“El sector eléctrico mexicano progresivamente se ha ido transfiriendo a los permisionarios privados constituidos y aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como Productores Externos de Energía: a este segmento de productores privados se le han cedido proyectos generadores de electricidad de la más alta importancia estratégica para el sector energético del país”, señala el documento entregado sólo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador volviera a acusar a Iberdrola por el “saqueo” contra la CFE.

Posteriormente, la denuncia penal afirma que el exmandatario mantuvo relación con la delincuencia organizada a través de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública (SPP). Demandan que se le impute por el delito de “financiamiento al terrorismo”. García Luna actualmente se encuentra preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, está acusado de mantener nexos con el Cártel de Sinaloa de quien presuntamente recibía sobornos para combatir a otras organizaciones criminales.

“La ‘guerra contra el narcotráfico’ durante el gobierno de Felipe Calderón dejó un saldo de muerte, en el que ni siquiera las cifras oficiales son precisas. El gobierno federal admite que entre 2006 y 2012 se han registrado más de 47,500 decesos totales, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimó una cifra de 46 mil muertos, en un reporte del 21 de noviembre de 2012”, dice el documento.