La Corte definirá el futuro de la granja de cerdos frenada por niños mayas de Yucatán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles si se mantiene firme o no la suspensión de la fábrica porcícola ubicada en el área de cenotes de la comunidad maya Homún, en Yucatán, que pone en riesgo el agua de esta zona de recarga acuífera, enrarecer el aire, así como la salud de niñas y niños.

Las operaciones de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), que pertenece al Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) están paralizadas desde el 9 de octubre de 2018 debido a la suspensión otorgada por la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón a partir del amparo promovido por seis niñas y niños de Homún.

Sin embargo, el pueblo maya ubicado en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, lleva luchando contra su establecimiento desde finales de 2016 “cuando esa empresa obtuvo permisos de manera irregular y sin consultar al pueblo”, explicaron en un comunicado las organizaciones Kanan Ts’ono’ot e Indignación, así como representantes de la infancia de Homún.

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De acuerdo al pronunciamiento, la fábrica representaría una amenaza al modo de vida de esta población y a la fuente de sus ingresos: el ecoturismo de cenotes.

Además, entre las violaciones de derechos humanos que ha generado la granja, incluyeron el derecho a la salud, al agua, a un medio ambiente sano y al consentimiento libre, previo e informado y culturalmente adecuado.

De tal modo, el día de mañana, 19 de mayo, la SCJN, “tendrá la oportunidad de sentar precedentes sobre las suspensiones durante el juicio de amparo, sobre el principio precautorio en materia ambiental y acerca del interés superior de la niñez“.

Las organizaciones y representantes legales explicaron que el “principio precautorio” sostiene que, cuando exista la posibilidad de prever graves afectaciones ambientales, “no deberá exigirse la demostración de que la afectación ha tenido ya lugar, pues muchas veces el daño ambiental es lento e invisible, pero cuando se consuma, es ya irreparable”.

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Asimismo, aseguraron que aun cuando se carezca de certeza total y se esté ante un panorama de incertidumbre, las autoridades deberán adoptar medidas que impidan el daño ambiental a tiempo y dar así oportunidad a que puedan realizarse todas las pruebas necesarias.

De tal modo, exhortaron a la SCJN a considerar el Amicus Curiae sobre los riesgos ambientales que podría representar la fábrica, suscrito por organizaciones como Earthjustice, Centro para la diversidad biológica, Coastal Carolina Riverwatch, Greenpeace México, Waterkeeper Alliance.

También explicaron que la SCJN “deberá garantizar el derecho de la infancia a crecer en un medioambiente sano, que se relaciona directamente con el derecho al agua, a la salud y a una vida digna”.

Finalmente, explicaron que confían en que la decisión de la primera sala de la SCJN tomará en cuenta la voz del pueblo maya de Homún.

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“La decisión de la Corte impactará también a otras comunidades mayas que, siguiendo el ejemplo de Homún, también están luchando contra el establecimiento de este tipo de fábricas de la industria porcícola”, dijeron.