Saúl Huerta es acusado de violación equiparada, y Mauricio Toledo, de enriquecimiento ilícito. La Sección Instructora dio luz verde al desafuero.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados avaló este lunes el desafuero de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo.
Con cuatro votos a favor, el órgano declaró procedente el desafuero del diputado Saúl Huerta, quien es acusado de violación equiparada de una persona menor de edad. Mientras que en el caso de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, hubo dos votos a favor, uno en contra y una abstención.
La resolución de la Sección Instructora no implica que ya se les retiró la protección a los diputados. La Cámara de Diputados ahora deberá solicitar que se instale un Jurado de Procedencia para desahogar el desafuero, lo que tendrá que hacerse en un periodo extraordinario debido a que el ordinario ya terminó.
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El caso contra Saúl Huerta, sobre quien pesan dos investigaciones por agresiones sexuales a menores, estalló el mes de abril cuando un adolescente, que fungía como su asistente, denunció que el diputado lo drogó y abusó de él en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc.
El político poblano fue llevado en aquella ocasión al Ministerio Público, pero por contar con fuero fue liberado. Días después, se dio a conocer que otro menor lo denunció también por abuso sexual.
Audios pusieron en evidencia que Saúl Huerta intentó negociar con la familia de la víctima para evitar que el caso escalara en las estancias judiciales, aunque ha negado en reiteradas ocasiones ser culpable del delito que se acusa y ha sugerido que se trata de un montaje.
El diputado fue expulsado de la bancada de Morena.
La solicitud de desafuero fue presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que afirma que Saúl Huerta está ubicado por su personal luego de que cerrara sus redes sociales y su oficina de gestión ciudadana en Puebla.
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La Fiscalía capitalina busca procesar a Mauricio Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones de las autoridades capitalinas afirman que el legislador arropado por el PT posee 55 millones 386,759 pesos en inmuebles y cuentas bancarias, monto que no corresponde con sus ingresos como servidor público.
En enero pasado, la FGJ solicitó el juicio contra el exdelegado de Coyoacán, que ha negado las acusaciones sobre su patrimonio.
“Espero que los instrumentos de gobierno no sean utilizados para realizar una persecución política y confío en el debido proceso que como ciudadano mexicano tengo derecho”, apuntó el legislador en un pronunciamiento dado a conocer cuando se informó sobre la acción en su contra.
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