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Abogado de Ildefonso Guajardo: ‘La FGR no nos permitió acreditar los nuevos señalamientos’

En entrevista, Juan Luis Montero, abogado del exsecretario de Economía, acusa el bloqueo a la carpeta de investigación.

Ildefonso Guajardo
Foto: Facebook / Enrique Peña Nieto

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El exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo y su equipo de abogados se enteraron que estaban por atravesar un proceso judicial apenas tres días antes de ser vinculado a proceso, pero conoció cuál era la acusación justo ese mismo día, el 8 de julio, de acuerdo con su abogado, Juan Luis Montero.

Apenas el pasado viernes 9 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se había vinculado a proceso al exfuncionario peñista. Y si bien la investigación comenzó desde octubre de 2020 y se le notificó al acusado desde el 8 de marzo de 2021, los motivos por los que se le señala de enriquecimiento ilícito son diferentes a los que se establecieron en esa primera etapa del caso, alega su defensa.

De acuerdo con el litigante, la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró cinco irregularidades que no correspondían con los ingresos de Guajardo, cuatro de las cuales se solventaron ante instancias de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que estaba pendiente una, correspondiente a un cuadro comprado en 2010 pero declarado hasta 2015, cuando ya era funcionario federal.

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“La Fiscalía los desahoga y pide que se haga un dictamen contable oficial, a partir de ahí, se determina que de las cinco operaciones, cuatro quedan solventadas. Una queda sin ser acreditada pero pendiente desahogar las pruebas que ofrecimos”, cuenta Montero a La-Lista.

Ante ese pendiente, la FGR ordenó realizar el dictamen tras el cual, sostiene el litigante, se encontraron nuevas insolvencias. En este periodo, ocurrido entre el 10 de junio y el 5 de julio pasado, la defensa de Guajardo sostiene que no tuvo acceso a la carpeta de investigación.

“La FGR no nos permitió ni nos dio el derecho para poder acreditar los nuevos señalamientos u operaciones que detectó a raíz del dictamen contable, no nos lo permitió, nos avisó el lunes (5 de julio) y nosotros ya teníamos una audiencia el día 8 (de julio)”, expone.

En un comunicado emitido el sábado, la FGR desestimó la declaración de Guajardo y su equipo legal al respecto de que no tuvieron acceso a la carpeta de investigación.

“La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta correspondiente, dándosela a conocer al acusado desde el 8 de marzo del presente año, hace cuatro meses, otorgándole acceso a todas las pruebas aportadas; lo cual se ha continuado, de manera permanente, hasta el día de la audiencia”, señaló.

También lee: La FGR niega persecución política contra Ildefonso Guajardo

Sin embargo, el litigante refuta esa afirmación, pues sostiene que si bien a partir de marzo tuvieron acceso, desde junio, la defensa y el propio Guajardo no pudieron conocer más al respecto, a pesar de incluso haber realizado varias solicitudes tanto a la FGR como incluso al juez de control a finales de junio. En ese tiempo, se amplió el expediente con dos conceptos nuevos que no estaban contemplados en la última versión de la que tuvieron conocimiento.

“Durante este mes, es donde se realiza esta pericial contable, y después de este mes de insistir, tanto que presentamos un escrito para solicitar audiencia con el juez de control para decirle que el Ministerio Público no nos permitía ver la carpeta de investigación, y no desahogaba los puntos que nosotros solicitamos como datos de prueba, de repente el día 1 de julio nos cita para el 5 a las dos de la tarde”, dice Montero.

“Ese mismo lunes nos enteramos por una notificación de que el MP ya había judicializado, lo que nos hace pensar a nosotros que judicializó por el cuadro que era lo único pendiente de aclarar, y no”, expone. “Surgen otras operaciones sobre dos rubros distintos y de fechas distintas, de 2016 a 2018, cuando la SFP había palomeado (las declaraciones de) 2017 y 2018. Ya con la fecha del jueves 8, de una audiencia inicial donde el Ministerio Público iba a hacer una imputación sobre eso”.

Dichas operaciones corresponden a una transacción con una tarjeta de crédito por más de 400 mil pesos y una transferencia de su hermano a una cuenta de ahorro en Estados Unidos por más de 9 millones de pesos por motivo de la cesión de derechos de una herencia. En una entrevista radiofónica, Guajardo justificó la existencia de esa cuenta en el extranjero porque fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, en Washington, entre 1988 y 1991.

Ese mismo día, el diputado electo por el PRI aseguró que confía en solventar todos estas dudas, y confió en que podrá librarse del proceso sin problema.

Litigar en bajo perfil

Parte de la estrategia de la defensa de Guajardo apuntaba a litigar en bajo perfil y no dar a conocer el caso abiertamente.

Sin embargo, el 9 de julio pasado, después de la una de la tarde, la FGR difundió a través de su cuenta de Twitter un mensaje en que daba a conocer que a Ildefonso ‘G’ se le había vinculado a proceso por su probable responsabilidad del delito de enriquecimiento ilícito. Entonces la estrategia tuvo que ajustarse.

“El acuerdo de la defensa era mantenernos en un bajo perfil litigando como se debe litigar, ante la FGR, por eso no se sabía ni teníamos intenciones, tampoco las omitíamos, de que esto se divulgara o se difundiera. Una vez que le dictan el auto de vinculación al señor Guajardo, se acuerda como defensa mantenernos en ese mismo bajo perfil. Quien decide abrir esto a los medios de comunicación es la FGR. (…) Es un comunicado que se abre manifestando a manera de triunfo o no sé con qué fin que se vincula al proceso al señor Guajardo, entonces aquí viene toda esta situación de si ya, nos van a buscar para preguntar, y entonces hay que decir lo que sabemos”, expone.

Por ahora, la defensa y la FGR cuentan con cuatro meses para la etapa de la investigación complementaria, periodo en el que Montero confía en reunir las pruebas suficientes para concluir el caso a favor de su cliente, el cual, todo parece indicar, no podría perder el derecho a tomar posesión de su curul en San Lázaro el próximo 1 de septiembre.

Por ahora, solo tiene el impedimento para salir del país sin permiso de un juez, así como cumplir con el requisito de acudir a firmar al juzgado cada mes, razón por la cual Guajardo se mudó a la Ciudad de México para acompañar a su defensa.

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