Amnistía Internacional investiga más números por el espionaje de Pegasus

En México, más de 15 mil números telefónicos fueron seleccionados como posibles blancos de vigilancia entre 2016 y 2017. Tras corroborar que 53 de ellos habían sido invadidos por el software espía Pegasus, Amnistía Internacional (AI) adelanta que esta es apenas la primera entrega de una investigación más grande y que busca más casos de posibles afectados.

“Nosotras seguimos realizando esta investigación, está en curso, este informe es un primer reporte pero todavía se está haciendo investigación de otra gran cantidad de teléfonos y la investigación sigue en curso”, comenta en entrevista para La-Lista la directora para México del organismo internacional, Edith Olivares.

La investigación es realizada por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional en Alemania, desde donde se hizo el análisis para constatar la presencia del virus en más de 50 mil teléfonos, casi una tercera parte de México.

El marco regulatorio en México presenta un vacío legal, sumado a la falta de transparencia respecto de los contratos suscritos con las empresas a cargo de los software de vigilancia digital, que hace que ser víctima del espionaje de Pegasus no tenga una ruta clara para su atención, considera la especialista.

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Desde su óptica, las autoridades mexicanas están también obligadas a suspender los contratos no solo con la empresa que ofrece ese software, NSO Group, sino con todas aquellas que provean este tipo de tecnología, así como dar a conocer todos los contratos relacionados con este tipo de plataformas.

“Desafortunadamente aquí estamos ante una mezcla de dos vacíos: una es que las empresas que incluyen este tipo de virus normalmente no está establecido de manera abierta en los contratos, sería difícil que un contrato diga abiertamente que se va a realizar vigilancia digital, sobre todo cuando no hay permiso de las autoridades si se está haciendo vigilancia de personas o espionaje de personas que no han cometido o no son sospechosas de cometer un delito”, advierte.

Otra duda que dificulta las sanciones es respecto de quién posee en este momento los datos recopilados por el malware, pues si bien el contrato se realizó por el gobierno mexicano, no hay claridad en si este recabó y almacenó la información o si la empresa es la que la resguarda.

A esta inquietud se suma una más: actualmente no está confirmado que el gobierno mexicano haya suspendido los contratos con esa empresa para el uso del software, lo que abre la puerta a que su operación siga en el país.

“No sabemos si después de eso sigue funcionando el software pero sí decir que lo que sí sabemos es que la empresa sigue existiendo, sigue teniendo contratos con varios estados incluyendo el Estado mexicano y es importante que la empresa haga pública la actividad que está desarrollando en este momento y que los estados también hagan públicos qué tipos de contratos tienen y si ha habido cambios en los contratos que permitan que se evite que el malware Pegasus siga expandiéndose en el mundo”, alerta Olivares.

Justo la mañana del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si había contratos con la empresa.

Por ello, AI llamó a los afectados a sumarse a su iniciativa para presionar por una regulación que proteja los derechos humanos ante este tipo de vigilancia.

“Esta actividad del espionaje digital o la vigilancia digital se da en espacios como grises de la legalidad, entonces nuestro llamado sería a que las personas, si tienen evidencia, hagan las denuncias que correspondan en sus propios marcos legales pero también que se sumen a los llamados que estamos haciendo desde AI y desde los grupos particularmente de periodistas, que es con quienes nos hemos aliado para esta investigación para que en México y en todo el mundo contemos con una legislación que permita proteger la seguridad digital”, sostiene Edith Olivares, directora de AI en México, en entrevista para La-Lista.

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Apenas la tarde del martes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras un cateo en las oficinas de la empresa KBH Track, que en México operaba Pegasus, obtuvo un disco duro que sería una prueba del espionaje realizado en el país, con evidencias de conversaciones del excomisionado Nacional de Seguridad Manuel Mondragón.

En tanto, López Obrador solo se posicionó en relación con la posible intervención de teléfonos de él y su círculo cercano, incluida su familia, en el sentido de que no presentaría una denuncia.

Entrevistado para La-Lista, el periodista Arturo Rodríguez, quien estaba entre los posibles objetivos del espionaje, lamentó que el mandatario no haya mostrado una postura más firme en contra de este suceso.

“No he visto si hay una postura del presidente o si la dará en las próximas horas, pero me parece sumamente relevante que se activen los procesos de justicia que pueden activarse”, comentó el lunes.