Consulta popular: si no es para enjuiciar a expresidentes, ¿entonces por qué se vota?
La consulta popular no alcanzó el 40% de participación necesaria para ser vinculante. Foto: Canal del Congreso

Pese a la discusión pública y a las fotos de espectaculares que han circulado en redes con la cara de los expresidentes de México como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la pregunta de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto no garantiza el juicio a los exmandatarios.

En un inicio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso de manera formal al Senado de la República la pregunta de la consulta popular, que incluía los nombres de estos cinco exmandatarios, correspondientes a lo que él llama el periodo neoliberal, a quienes se podría investigar y en su caso sancionar por la supuesta comisión de delitos antes, durante y después de sus respectivas gestiones.

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Sin embargo, al considerarla inconstitucional, la Corte modificó la pregunta, provocando que lo que se leerá en las boletas de votación finalmente sea: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?“.

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Esta nueva formulación y redacción de la pregunta deja abierta una incógnita sobre los efectos y consecuencias reales del resultado de la consulta popular, incluido el juicio a expresidentes, explica a La-Lista Pamela San Martín, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Cuando la Corte decide modificar la pregunta para poder generar un ejercicio que a juicio de la Corte no sea violatorio a las garantías constitucionales, lo que hacen es una pregunta que es incomprensible. Pero no solamente creo que es problema de que en sí misma la entendemos fácil o no la entendemos fácil, es que me parece que no queda claro cuál es la consecuencia, qué pasa si gana el sí, qué pasa si gana el no.

“(Veo) mucha ambigüedad en torno a qué es lo que vamos a participar y esto por supuesto que se presta a que los distintos actores políticos le den la interpretación que consideren y que al final, después de la consulta, cualquier mecanismo que se tome o que se deje de tomar se pueda justificar en la decisión de la mayoría“, explica.

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Particularmente sobre “esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos”, San Martín indica que esto abre la puerta a distintos escenarios posibles: que se abra un Comisión de la Verdad, que se abra un espacio de justicia transicional, que se llame a un Tribunal Internacional, que se traiga un mecanismo como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre otros.

“Esclarecer los hechos también podría ser que haya un investigador que haga una investigación sobre el pasado, que haya un periodista que haga periodismo de investigación, que haya un escritor que escriba una novela, hay muchas formas de esclarecer los hechos, pero no queda claro a qué es lo se estaría vinculando específicamente al Estado“, recalca la experta.

Por lo tanto, la pregunta como tal no habla directamente de un juicio a expresidentes, pero tampoco establece la consecuencia real que podrá tener el resultado de la consulta popular, y esta falta de claridad puede afectar directamente en el porcentaje de participación que acuda el próximo domingo a efectuar su voto.

Para que la consulta popular sea vinculante es necesario al menos un 40% de participación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, ello hará que el resultado sea obligatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y para las autoridades competentes.

Sin embargo, la confusión sobre el efecto político de la consulta no ayuda a que la ciudadanía sienta que está optando por algo en particular y decida acudir a emitir su voto.

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San Martín indica que esto no es responsabilidad del INE, pues ese organismo solamente se encargará de garantizar la realización de la consulta con las garantías de seguridad y mecanismos de supervisión como cualquier otra votación.

“Que sean nuestras vecinas y nuestros vecinos quienes cuenten las papeletas y que las cuenten bien, que las casillas o las mesas de votación sean accesibles para todas y todos nosotros”, dice.

Así, a unos días de que se realice la primera consulta popular constitucional a nivel nacional, los ciudadanos estarían votando sin claridad sobre lo que se está preguntando y sin entender las consecuencias de su voto, lo que dificulta establecer cómo tendría que cumplir el Estado ante la respuesta que se reciba en las urnas.