Madres buscadoras piden tregua al Cártel del Golfo para hallar a sus desaparecidos
Los colectivos aseguraron que “no buscamos culpables; buscamos a nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas y familiares”.
Los colectivos aseguraron que “no buscamos culpables; buscamos a nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas y familiares”.
La Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas solicitó una “tregua de paz” al líder de Los Ciclones, una célula del Cártel del Golfo, para que les permita ingresar a un predio y buscar a sus familiares.
“Le pido, le ruego y suplico, tengamos una tregua de paz. Esto con la finalidad de un día, si encontramos a nuestros desaparecidos, poder morir en paz”, pidieron en un comunicado.
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Las madres buscadoras solicitan que se le permita ingresar al predio de La Bartolina, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, para “exigir a las autoridades que exhumen, identifiquen y entreguen a las vicias que se encuentran en miles de restos en ese predio”.
Aseguraron que “no buscamos culpables; buscamos a nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas y familiares”.
Los colectivos señalaron que la petición se dio ya que han tenido conocimiento del apoyo de Los Ciclones a la población, durante la pandemia de covid-19.
“Su organización en sus inicios y actualmente durante la pandemia, han llevado a cabo acciones humanitarias dando apoyos a los más necesitados ante la inacción del gobierno, y es por lo que apelamos a su compasión y buen corazón como seres humanos que somos y nos permitan ir al predio de la Bartolina en su ciudad a exigir a las mencionadas autoridades de los tres ámbitos de gobierno que realicen todas la diligencias necesarias para empezar a exhumar a la brevedad los restos que ahí se encuentran”, añadieron.
Aseguraron que para que sean identificadas, se amarrarán una pañoleta blanca en su codo izquierdo y llevarán banderas blancas “en señal de tregua de paz“.
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El campo de La Bartolina habría sido descubierto en abril de 2016 por militares; sin embargo, autoridades federales y estatales ocultaron su existencia durante al menos cinco años.
El 26 de julio, integrantes del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando denunciaron que habían recibido amenazas, mediante llamadas telefónicas, para evitar que continuarán en la búsqueda de sus familiares.
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